Imaginemos por un momento una Colombia sin perros de trabajo.
Un aeropuerto donde una amenaza de explosivos debe ser detectada sin el apoyo del olfato canino. Una operación contra el narcotráfico en la que desaparece uno de los recursos más versátiles para localizar sustancias ocultas. Una familia que espera noticias de un ser querido sepultado bajo los escombros de un edificio, mientras los organismos de rescate intentan encontrarlo sin la ayuda de un perro especializado.
Imaginemos también nuestros puertos, fronteras e instalaciones estratégicas sin esos animales que durante décadas han contribuido silenciosamente a proteger vidas, combatir delitos y fortalecer la seguridad.
Ahora hagámonos una pregunta incómoda: ¿está Colombia preparada para prescindir de estas capacidades?
La respuesta merece algo más que un discurso político.
El debate provocado por el Proyecto de Ley 002 de 2025, originalmente orientado a regular la reproducción, cría y comercialización de animales de compañía, tomó un rumbo preocupante cuando el Senado acogió una propuesta de la senadora Esmeralda Hernández que busca prohibir estas actividades después de un periodo de transición de tres años.
Aunque todavía no es una ley y su alcance definitivo deberá precisarse durante los debates pendientes, considero que esta decisión obliga a discutir algo que parece estar quedando fuera de la conversación: el papel de la crianza responsable en la formación, preservación y continuidad de los perros de trabajo.
Y esa discusión no puede reducirse a estar a favor o en contra de los animales.
Defender a los perros de trabajo también es defender el bienestar animal.
Prohibir es fácil. Entender las consecuencias exige conocimiento.
Durante 26 años de experiencia en el mundo del adiestramiento canino he conocido dos realidades que no pueden confundirse.
La primera es la de quienes explotan animales irresponsablemente, reproducen hembras sin controles sanitarios, mantienen perros en condiciones deplorables y convierten la vida en una mercancía desprovista de cualquier consideración ética.
Esa realidad existe. Debe combatirse, investigarse y sancionarse sin contemplaciones.
Pero también existe otra realidad.
La de criadores que invierten años estudiando genética, temperamento, salud, comportamiento y aptitudes funcionales. Profesionales que seleccionan cuidadosamente sus reproductores, previenen enfermedades hereditarias, respetan los tiempos de recuperación de las hembras y trabajan para producir perros sanos, equilibrados y capaces de cumplir funciones específicas.
Poner a ambos en el mismo lugar es profundamente injusto.
Es como pretender cerrar todos los hospitales porque algunos profesionales de la salud cometieron negligencias. La existencia de malas prácticas no convierte automáticamente en ilegítima una actividad completa.
El deber del Estado no es eliminar indiscriminadamente aquello que no sabe controlar. Su obligación es construir instituciones capaces de diferenciar lo correcto de lo incorrecto.
Una legislación responsable debe perseguir al explotador, no condenar al profesional que cumple estándares verificables.
No podemos reemplazar una capacidad real por una promesa tecnológica.
En otras iniciativas legislativas promovidas por la senadora Hernández también se ha planteado sustituir perros utilizados en vigilancia y seguridad privada por alternativas humanas y tecnológicas.
Soy defensor de la tecnología. Considero que la inteligencia artificial, los sensores químicos, la robótica y los sistemas avanzados de vigilancia serán fundamentales para transformar la seguridad.
Pero existe una diferencia enorme entre incorporar tecnología y afirmar que esta puede reemplazar integralmente capacidades que todavía no ha demostrado igualar en todos los escenarios operacionales.
Un perro detector no es simplemente una nariz.
Es un sistema biológico extraordinariamente complejo, capaz de desplazarse, discriminar olores, adaptarse a distintos entornos y trabajar coordinadamente con un ser humano entrenado.
El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST) ha documentado las importantes capacidades de los perros en la detección móvil de explosivos, incluyendo ventajas frente a determinados instrumentos portátiles.
Eso no significa que los perros sean infalibles ni que la tecnología no pueda superar algunas de sus funciones. Significa que cualquier sustitución debe demostrar equivalencia mediante pruebas objetivas.
Pretender retirar una capacidad operativa antes de contar con una alternativa demostrada sería como demoler el único puente que comunica a dos poblaciones porque alguien promete que, algún día, construirá uno más moderno.
Primero se diseña, se construye, se prueba y se certifica el nuevo puente.
Después se decide si el anterior debe desaparecer.
En seguridad, improvisar no es modernizar. Es aumentar riesgos.
¿Dónde están los estudios comparativos de eficacia? ¿Cuánto costaría la transición? ¿Qué tecnologías sustituirían cada especialidad? ¿Quién respondería por los fallos durante ese proceso?
Estas preguntas deberían preceder cualquier propuesta de sustitución.
El perro de trabajo no aparece por generación espontánea.
Aquí surge una cuestión especialmente delicada respecto al futuro de la cría canina.
Los perros especializados no aparecen mágicamente cuando una institución necesita reforzar su seguridad.
Detrás de un buen perro detector, de rastreo o de búsqueda existe un proceso de selección que puede involucrar generaciones de trabajo.
La genética importa. La salud importa. El temperamento importa. La estabilidad emocional importa.
No todos los perros, incluso estando completamente sanos, poseen las condiciones necesarias para desarrollar determinadas especialidades.
Un animal apto para vivir como excelente compañero de familia puede no tener las características necesarias para realizar detección de explosivos en ambientes operacionales exigentes.
Y eso no disminuye su valor como ser vivo.
La adopción es una herramienta fundamental para enfrentar el abandono, pero no debe presentarse como una solución universal a todas las necesidades de selección y formación canina.
Sería irresponsable confundir ambas realidades.
Por eso, aunque el Proyecto de Ley 002 de 2025 se refiere específicamente a animales de compañía y no constituye por sí mismo una prohibición general del uso de perros de trabajo, el Congreso debe aclarar expresamente qué ocurrirá con los programas de reproducción y selección destinados a funciones operacionales.
Una mala definición normativa podría generar consecuencias que hoy no se han dimensionado suficientemente.
La clandestinidad puede convertirse en el verdadero negocio.
Hay algo que debería preocupar especialmente a quienes dicen defender a los animales.
Prohibir una actividad no significa necesariamente eliminar su demanda.
Cuando una actividad legítima deja de tener canales regulados, existe el riesgo de que una parte de ella se traslade a la clandestinidad.
¿Quién inspeccionará los establecimientos que comiencen a operar ilegalmente? ¿Cómo se controlarán las condiciones reproductivas? ¿Quién exigirá registros sanitarios, controles genéticos y trazabilidad?
Un criador responsable puede ser registrado, auditado, inspeccionado y sancionado si incumple.
Un criadero clandestino intentará precisamente escapar de esos controles.
No estoy afirmando que toda prohibición produzca automáticamente un mercado ilegal. Estoy advirtiendo que ese riesgo debe evaluarse rigurosamente antes de tomar una decisión de alcance nacional.
Si queremos evitar la explotación animal, debemos preguntarnos si estamos creando mejores herramientas para combatirla o si, por el contrario, podríamos terminar favoreciendo a quienes nunca han tenido intención de cumplir la ley.
El bienestar animal no se protege únicamente con buenas intenciones. Se protege con vigilancia, conocimiento, recursos y capacidad institucional.
Senadora Esmeralda Hernández: los perros merecen algo más que prohibiciones.
Reconozco la importancia de que el Congreso discuta el maltrato, el abandono y las condiciones de reproducción de los animales.
Son problemas reales que requieren soluciones.
Sin embargo, considero que el enfoque prohibicionista que la senadora Esmeralda Hernández ha defendido frente a distintas actividades caninas necesita un análisis técnico mucho más amplio.
No basta con identificar abusos para justificar la eliminación general de una actividad. Es indispensable demostrar que la medida propuesta protegerá mejor a los animales y que sus consecuencias económicas, sociales, sanitarias y operacionales han sido adecuadamente evaluadas.
Un trabajo legislativo verdaderamente riguroso debería escuchar a veterinarios, etólogos, genetistas, criadores responsables, organizaciones de rescate, instructores caninos, organismos de seguridad y especialistas en tecnología.
También debería incorporar estudios de impacto y alternativas regulatorias verificables.
No considero suficiente una propuesta que llega a la prohibición sin ofrecer respuestas técnicas convincentes sobre lo que desaparecería con ella.
Legislar sobre perros sin comprender las diferencias entre un animal de compañía, un reproductor seleccionado y un perro de trabajo puede conducir a decisiones equivocadas.
La sensibilidad hacia los animales es necesaria, pero no reemplaza el conocimiento especializado.
Colombia necesita mejores criadores, no más clandestinidad.
Mi propuesta no consiste en defender la reproducción indiscriminada ni en permitir que cualquier persona se autodenomine criador responsable.
Todo lo contrario.
Colombia necesita un sistema riguroso de habilitación, registro, inspección y certificación de criaderos.
Un modelo donde cada ejemplar tenga identificación y trazabilidad, donde existan controles veterinarios y genéticos, límites reproductivos, condiciones adecuadas de alojamiento y sanciones contundentes contra el maltrato.
Necesitamos criadores que puedan demostrar técnicamente que sus programas priorizan animales sanos, física y conductualmente aptos.
Y cuando se trate de perros de trabajo, necesitamos estándares adicionales que permitan evaluar la selección, el entrenamiento, el desempeño operativo, el bienestar durante el servicio y el retiro responsable.
Esto es profesionalización.
Esto es control.
Esto es protección animal medible.
El objetivo debería ser reducir el sufrimiento y las malas prácticas, no simplemente eliminar una actividad del marco legal.
El verdadero debate todavía no ha comenzado.
Quiero dejar algo claro.
No defiendo a quienes maltratan animales. No defiendo los criaderos clandestinos. No defiendo a quienes utilizan perros enfermos, agotados o sometidos a condiciones indignas.
Defiendo precisamente lo contrario.
Defiendo al perro sano, seleccionado responsablemente, entrenado con conocimiento y utilizado bajo criterios profesionales y éticos.
Defiendo también al perro que debe retirarse del servicio cuando su condición física o emocional así lo exige.
Y defiendo el derecho de Colombia a conservar capacidades caninas que han demostrado utilidad en la seguridad, la protección de la vida y el servicio a la sociedad.
Porque mientras algunos discuten si estos animales deberían seguir trabajando, hay perros que contribuyen a detectar explosivos, encontrar personas desaparecidas, combatir el tráfico ilegal de fauna y localizar sustancias peligrosas.
El Congreso debería comprender que el bienestar animal y la seguridad no son causas enemigas.
Pueden y deben avanzar juntas.
La pregunta que dejo sobre la mesa no está dirigida únicamente a la senadora Esmeralda Hernández. Está dirigida a todos los congresistas que tendrán la responsabilidad de continuar este debate:
¿Estamos legislando para proteger mejor a los animales o estamos legislando para prohibir aquello que no hemos querido comprender y regular adecuadamente?
Colombia no necesita escoger entre amar a sus perros y permitir que desarrollen sus capacidades bajo condiciones dignas.
Necesita leyes que protejan a los animales sin desconocer la ciencia, la experiencia ni las consecuencias de sus decisiones.
Porque si algún día desaparecieran nuestros perros de trabajo, tal vez descubriríamos demasiado tarde que no todo lo que se elimina puede reemplazarse con una promesa.
Y entonces tendríamos que responder una última pregunta: ¿quién nos protegería cuando desaparezca aquello que nunca aprendimos a valorar?
Comentar