“Colombia tiene una extraña manera de relacionarse con su historia. Condena la violencia cuando le resulta políticamente conveniente, pero encuentra explicaciones, justificaciones y hasta homenajes cuando quienes la ejercieron pertenecen a una causa con la que algunos sectores simpatizan. La indignación parece tener dueño, la memoria tiene preferencias ideológicas y la condición de víctima adquiere importancia dependiendo de quién haya empuñado el arma. Esa doble moral vuelve a quedar expuesta con la controversia alrededor de Carlos Pizarro Leongómez y su lugar en la memoria nacional.”
El retiro de piezas del Museo Nacional, entre ellas una alusiva a Carlos Pizarro Leongómez, desató una tormenta política y cultural. Aparecieron los defensores de la memoria, los indignados por la supuesta eliminación de la historia y quienes consideran que cuestionar determinados símbolos equivale a atacar la democracia. Sin embargo, en medio del escándalo parece olvidarse una pregunta fundamental ¿recordar a un personaje histórico significa necesariamente rendirle homenaje? ¿Puede Colombia reconocer el papel de un antiguo comandante guerrillero en un proceso de paz sin convertirlo en un referente moral incuestionable? La respuesta debería ser evidente. Una cosa es preservar la historia y otra muy distinta es glorificar a sus protagonistas.
Carlos Pizarro Leongómez fue comandante del M-19, organización insurgente que participó en una confrontación armada marcada por graves hechos de violencia. También lideró la dejación de armas y su transformación en movimiento político. Posteriormente fue candidato presidencial y terminó asesinado en abril de 1990, un crimen que merece condena absoluta. Ninguna de estas circunstancias puede eliminar a las demás. Su asesinato no borra su pasado guerrillero, de la misma manera que su militancia armada jamás justificó que le arrebataran la vida. Ese es precisamente el problema de una memoria construida a conveniencia, pretende que el último capítulo de una biografía reescriba todos los anteriores.
¿Firmar la paz convierte automáticamente a un antiguo comandante armado en héroe nacional? ¿La decisión de abandonar los fusiles elimina la responsabilidad histórica de una organización por sus acciones? ¿Las víctimas deben aceptar que quienes integraron estructuras violentas sean presentados ante las nuevas generaciones exclusivamente como símbolos de reconciliación? Colombia necesita discutir estas preguntas sin miedo a incomodar a quienes han convertido determinadas figuras históricas en símbolos políticos intocables.
El M-19 no fue una organización de jóvenes idealistas que simplemente discutían el futuro del país. Fue una guerrilla que recurrió a las armas y protagonizó acciones violentas, entre ellas la toma de la Embajada de República Dominicana y la del Palacio de Justicia, cuyo desenlace es bien conocido. La historia exige distinguir responsabilidades individuales y colectivas, pero no permite borrar el carácter armado de aquella organización ni el sufrimiento provocado durante su existencia. Reconocer el valor de una desmovilización no obliga a justificar la violencia que la precedió. Agradecer que alguien abandone las armas no significa que debamos invisibilizar que las utilizó.
Hay sectores que exigen recordar permanentemente los crímenes del Estado, de los paramilitares y del narcotráfico, como corresponde, pero que reaccionan con evidente incomodidad cuando se pide aplicar el mismo rigor a las organizaciones guerrilleras. La memoria no puede funcionar como un tribunal en el que la ideología determine quién merece condena y quién tiene derecho a una segunda biografía, limpia de responsabilidades. Los muertos no tienen partido político. Los secuestrados no deberían tener clasificación ideológica. El sufrimiento de una familia no puede valer más o menos dependiendo del uniforme, la bandera o el discurso de quien causó el daño.
La discusión también alcanza a la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP fue creada para investigar, juzgar y sancionar graves crímenes del conflicto armado, no para fabricar héroes ni ofrecer certificados de superioridad moral a quienes participaron en la guerra. Su legitimidad depende precisamente de que la verdad, el reconocimiento de responsabilidades, las sanciones y la reparación efectiva ocupen el centro del proceso. Es cierto que la justicia transicional contempla mecanismos distintos de la justicia penal ordinaria. También es cierto que las antiguas FARC asumieron compromisos derivados del Acuerdo de Paz. Pero ninguna de esas particularidades debería utilizarse para relativizar el secuestro, el reclutamiento de menores, los homicidios o las demás atrocidades cometidas durante décadas.
El reconocimiento de responsabilidad no puede confundirse con absolución histórica. Y la reparación no puede reducirse a una declaración cuidadosamente redactada frente a las cámaras. Cuando un antiguo jefe guerrillero habla de reconciliación, el país tiene derecho a escucharlo. Pero cuando una víctima relata su sufrimiento, el país tiene la obligación de no relegarla a un segundo plano. La palabra del victimario puede contribuir a esclarecer la verdad; jamás debería desplazar la experiencia de quien padeció el crimen. De lo contrario, terminamos construyendo una sociedad donde el protagonista del relato es quien ejerció la violencia y no quien tuvo que sobrevivir a ella.
Si basta con haber ocupado un cargo público, pronunciar discursos sobre los pobres o protagonizar un episodio relevante de la historia para merecer homenajes, ¿qué impediría que mañana alguien propusiera rendir el mismo culto a Pablo Emilio Escobar Gaviria? Él fue congresista. Desarrolló actividades de asistencia social, construyó viviendas y cultivó una imagen de benefactor entre determinados sectores populares. ¿Deberíamos, por eso, presentarlo como un dirigente preocupado por las necesidades de los excluidos? ¿Tendría sentido instalar su retrato en una institución pública destacando su paso por el Congreso y dejando sus crímenes relegados a una nota secundaria? ¡Por supuesto que no!
La comparación no pretende equiparar trayectorias, responsabilidades penales ni procesos históricos diferentes. Lo que muestra es el absurdo de seleccionar únicamente los episodios favorables de una biografía para convertirlos en fundamento de admiración pública. Pablo Emilo Escobar Gaviria pertenece a la historia de Colombia y debe aparecer en sus museos, archivos y materiales educativos. Pero el figurar en la historia no significa merecer un pedestal. Ese mismo criterio debería aplicarse a cualquier protagonista de la violencia, independientemente de su ideología. Un museo no tiene la obligación de ocultar a los responsables de hechos violentos, pero exhibirlos sin contexto crítico también puede convertir la memoria en propaganda. No necesitamos museos mutilados ni museos convertidos en santuarios políticos. Necesitamos instituciones capaces de contar la historia completa.
Lo verdaderamente preocupante es que, en Colombia, cualquier cuestionamiento a la exaltación de un antiguo guerrillero suele interpretarse como una agresión contra la paz. Esa equivalencia es falsa. Defender la paz no exige admirar a quienes hicieron la guerra. Reconocer una desmovilización no obliga a conceder inmunidad frente al juicio histórico. El debate sobre Carlos Pizarro Leongómez ofrece una oportunidad para abandonar la cómoda división entre criminales propios y criminales ajenos. Su participación en un proceso de paz merece estudio. Su asesinato merece condena. Su trayectoria guerrillera merece examen crítico. Ninguna de esas afirmaciones contradice a las otras. Lo que resulta inadmisible es pretender que la reconciliación obligue a recordar solamente aquello que conviene a determinados relatos políticos.
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