En Colombia, desde hace muchos años, enfrentamos una epidemia que he denominado «la violencia intrafamiliar». Esta crisis afecta a numerosos hogares, dejando a hijos e hijas, así como a padres y madres, huérfanos a causa del maltrato y la violencia. En nuestra amada patria, esta situación es motivo de gran preocupación, como lo señaló la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, durante sus declaraciones en Barranquilla.
La Procuradora compartió una impactante radiografía de la situación. Según sus datos, en el año 2022, 614 mujeres fueron víctimas de este delito en Colombia, con un 7,7 % de los casos ocurriendo en el departamento del Atlántico, ubicándolo en el cuarto lugar a nivel nacional. Además, en lo que va del año 2023, se han registrado 10 casos de feminicidio solo en el mes de enero, una cifra que aumentó a 28 mujeres víctimas de este delito en la primera semana de febrero, según el Observatorio Colombiano de Feminicidios.
La magnitud de la violencia intrafamiliar es aún más evidente al conocer que en el año 2022 se reportaron 47,771 casos de mujeres víctimas de este tipo de violencia, lo que representa un aumento de 7,713 casos en comparación con el año 2021. El reporte de exámenes médico-legales por presunto delito sexual en mujeres también se incrementó en 3,650 casos en el año 2022 con respecto al 2021. En lo que va del 2023, se han registrado 3,483 casos de violencia intrafamiliar y 1,516 exámenes médico-legales realizados por presunto delito sexual.
Estos números son alarmantes y revelan una realidad que no podemos ignorar. La violencia intrafamiliar no solo afecta a las víctimas directas, sino que también deja secuelas en toda la sociedad.
Un caso particular que me impactó profundamente por la violencia y brutalidad con la que se perpetuó el feminicidio es el de Diana Carolina Serna (D.E.P), una mujer residente en el municipio de La Unión, Valle del Cuaca. Fue decapitada de una manera salvaje y cruel por su esposo, el individuo llamado Hernando de Jesús Suárez, de 44 años, en el barrio El Jardín. ¿Cómo seguir hablando de esto sin experimentar odio y repudio moral y social? ¿Cómo es posible que alguien decapite a su esposa en plena vía pública, sin que nadie intervenga para prevenir que este acto se perpetúe?
Aquí quiero hacer hincapié y referirme exclusivamente a las instituciones del Estado colombiano. ¿De qué sirve tener un Ministerio de la Inclusión si no llevamos a cabo campañas efectivas de promoción y prevención de la violencia intrafamiliar? ¿De qué sirve tener una Fiscalía que no se enfoca en la prevención, sino que actúa después de la tragedia? ¿De qué nos sirve un gobierno del cambio cuando la violencia sigue en constante aumento? ¿De qué sirve tener un grupo de feministas expresando su indignación cuando mujeres mueren todos los días?
Hago un llamado a las representantes a la Cámara y Senadoras que se proclaman feministas. Necesitamos más que declaraciones; necesitamos acciones concretas. ¿Dónde está el pronunciamiento? ¿Dónde están los proyectos de ley serios que busquen endurecer las penas para estos criminales? Dejar beneficios a un hombre que decapita a su esposa en plena vía pública no puede considerarse un ejercicio de derechos humanos. La falta de acciones contundentes perpetúa la impunidad y la sensación de inseguridad en nuestras comunidades.
Cuando hablo de endurecer las penas, lo hago respaldado por hechos concretos. Este individuo, Hernando de Jesús Suárez, quien decapitó a su mujer, según el comandante de la policía en el Valle del Cauca, CR. Geovanni Cristancho, no tenía una o dos anotaciones por violencia intrafamiliar; por el contrario, contaba con tres anotaciones por agresiones a otras exparejas. El comandante señala que este caso también había sido previamente puesto en conocimiento por parte de la víctima ante la Comisaría de Familia de La Unión, Valle. ¿Qué hizo esta comisaría? Hasta ahora, la respuesta es elocuente: nada. Aquí, parece que nadie hace nada.
Como hijo, como hermano y como ciudadano, espero que la justicia colombiana castigue este delito con todo el peso de la ley. Según fuentes del medio de comunicación «90 Minutos» y residentes, se dice que Diana Serna habría decidido poner fin a la relación debido a los constantes comportamientos celosos de Hernando de Jesús. Además, algunos residentes de la zona afirmaron que lo último que sabían de este hombre es que estaba en prisión, pero había recibido un permiso de 72 horas por buen comportamiento.
Espero que el juez que autorizó este permiso pueda dormir tranquilo; ahora, una mujer fue decapitada por su esposo. Si este tipo de criminales fueran castigados con todo el peso de la ley y no tuvieran beneficios de ninguna índole, se hubiera podido proteger la vida de Diana. No cabe duda de que el sujeto planeó cuidadosamente su salida del centro penitenciario para agredir a su compañera y asesinarla.
¿Pueden entender ahora por qué a este tipo de criminales no se les debería otorgar permisos ni permitirles acercarse a sus víctimas?
“Es imperativo que la justicia se manifieste con contundencia para que este horrendo crimen no quede impune; solo a través de penas ejemplares podremos enviar un mensaje claro de que la violencia intrafamiliar y el feminicidio no serán tolerados en nuestra sociedad”.
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