Victoria Villarruel: La Arquitecta de la Estrategia Política de Milei ante el Congreso

«El desafiante trayecto que afronta Victoria Villaruel para consolidar la revolución libertaria se presenta como una tarea ardua, dada su posición como la única representante política del oficialismo en el congreso capaz de discernir entre lo esencial y lo secundario en el Congreso.»

La vicepresidenta y líder natural del Senado, Victoria Villarruel, se encuentra en la encrucijada de materializar la revolución anunciada por el presidente Javier Milei. Este proceso se inició con la redacción de un decreto presidencial en colaboración con Federico Sturzenegger. Sin embargo, el camino hacia la consolidación de estas reformas es complejo y requerirá de un esfuerzo considerable por parte del oficialismo.

Victoria Villarruel asume un rol crucial en este proceso, ya que es la única figura política del oficialismo en el Congreso con la capacidad de discernir entre lo esencial y lo secundario, además de contar con la dosis justa de realismo político. Esto es especialmente relevante dado que los líderes del oficialismo en la Cámara de Diputados carecen de experiencia y flexibilidad en un momento en que estas cualidades son esenciales para llevar a cabo la revolución libertaria prometida por el presidente Milei.

Si bien Milei no ha innovado en las formas, su enfoque podría ser más profundo en el fondo. Recordemos que el expresidente Raúl Alfonsín creó la nueva moneda nacional, el austral, mediante un decreto en 1985, y que el expresidente Carlos Menem impulsó una reforma significativa del Estado en octubre de 1991, también a través de un decreto. En el caso de Menem, es importante señalar que en octubre de 1989, su segundo ministro de Economía, Néstor Rapanelli, y el entonces secretario de Coordinación y Programación Económica, Orlando Ferreres, ya habían redactado las leyes de Emergencia Económica y la primera reforma menemista del Estado. Estas leyes se presentaron por separado debido al temor de Menem de que el Congreso las rechazara si se presentaban juntas. Vale la pena mencionar que las profundas modificaciones de Alfonsín y Menem se llevaron a cabo antes de que los decretos de necesidad y urgencia obtuvieran rango constitucional, un cambio que se produjo solo con la reforma de 1994.

Es evidente que la principal batalla que enfrentará Milei será en los tribunales antes que en el Congreso. El juez en lo Contencioso Administrativo, Esteban Furnari, ya ha considerado admisible un recurso de inconstitucionalidad presentado por una ONG liderada por el economista Claudio Lozano, quien fue funcionario de Alberto Fernández. Furnari será el juez encargado de recibir futuros reclamos similares, ya que su jurisdicción se ocupa de los desafíos legales contra actos gubernamentales presuntamente abusivos.

El fuero Contencioso Administrativo es el destino natural de los planteos de particulares frente a actos gubernamentales que se perciben como abusivos. El procurador general del Tesoro, Rodolfo Barra, un experimentado profesional con buenos vínculos en ese fuero, será el encargado de defender las acciones del gobierno de Milei ante la Justicia. Barra, quien anteriormente ocupó cargos importantes en la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia durante la presidencia de Menem, afrontará ahora el desafío de defender en los tribunales la ambiciosa agenda de reformas impulsada por el presidente Milei. Este proceso legal sin duda añadirá una capa adicional de complejidad al camino hacia la revolución prometida por el jefe de Estado.

Javier Milei ha seguido el camino de decretos presidenciales, similar a otros líderes políticos en el pasado, la diferencia radica en el alcance y la profundidad de las reformas propuestas. La confrontación legal ante la Justicia, encabezada por el juez Esteban Furnari y defendida por el procurador general del Tesoro, Rodolfo Barra, añadirá un nivel de complejidad adicional a este proceso, por otro lado La comunidad internacional sigue con gran interés los acontecimientos que se desarrollarán en Argentina, un país que en los últimos años ha enfrentado desafíos económicos considerables, incluyendo una alta carga de deuda pública que En 2021, supero los 305.000 millones de dólares estadounidenses. En términos relativos, este valor representa un 80,62% del producto interior bruto (PIB) nacional y un aumento del 516% en comparación con 2017.