Según algunas cifras publicadas en la revista Semana por el economista Aurelio Suarez, en 1996 alrededor de 160.000 estudiantes accedieron a la universidad pública, hoy 22 años después, tienen acceso a la educación superior cerca de 600.000 estudiantes; mientras que en 1996 la inversión del gobierno por cada uno de ellos rondaba los 10.3 millones de pesos, hoy la inversión pública es de apenas 5.13 millones de pesos.
El asunto de fondo aquí es que desde la creación de los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 donde se estipulaba que la inversión presupuestal en las universidades públicas debía incrementar un punto por encima del IPC o índice de precios al consumidor, que según el DANE representa el valor del costo de vida de los colombianos, el presupuesto para la educación superior quedo prácticamente estancado ya que la tradicional falta de visión de los gobiernos de turno les impidió prever con anticipación el crecimiento poblacional, la especialización docente y la constante inversión de las universidades en infraestructura y tecnología; desencadenando de este modo la increíble deuda de 18.2 billones de pesos que históricamente el gobierno tiene con las universidades públicas, y que quiere subsanar inyectando solo un 1 billón de pesos a la educación superior que necesita, por lo menos, 3.2 billones para terminar el próximo año lectivo.
No obstante, antes de que el presidente Duque propusiera el billón de pesos había determinado, tramposamente como dijeran algunos dirigentes estudiantiles, adicionar solamente 500.000 millones de pesos al presupuesto de la educación superior, tal vez como lenitivo para domeñar la amplia movilización estudiantil; dicha propuesta fue rechazada unánimemente por los dirigentes estudiantiles y por los 32 rectores de las distintas universidades públicas del país. Por ejemplo, Héctor Parra Chacón, rector de la Universidad de Cartagena, dijo al periódico El Colombiano “La petición nuestra es muy clara, se trata de que se adicionen 500.000 millones a las 32 universidades públicas del país, no a la educación superior, porque vuelve y pasa lo que ya ha pasado en otras ocasiones que la plata que nosotros recibimos, la toma el ministerio de educación y la reparte a las privadas, a concursos y no llega directamente a las universidades públicas”.
Por su parte las directivas estudiantiles cuestionaron la intención del presidente Duque de destinar un billón de pesos del presupuesto bienal de regalías a la educación superior por considerar que según las leyes colombianas dicha adicción solo puede ser destinada a la inversión pública, por tanto, las universidades no podrían destinar esos recursos para solventar sus gastos de funcionamiento; asimismo, en caso de que el gobierno pudiera destinar ese presupuesto de las regalías a la educación superior todos nos preguntamos con el senador Jorge Enrique Robledo ¿debe esa plata salir de los territorios o de otro lado?
Por otra parte, en Cartagena los medios tradicionales trataron de desviar de su centralidad la discusión acerca de la lucha estudiantil al maximizar hasta el cansancio una serie de desencuentros entre algunos marchantes de la universidad de Cartagena y el ESMAD, además, de criticar de forma irreflexiva la obstrucción por parte de los estudiantes de los carriles especiales para la circulación del SIT transcaribe.
Lo curioso de esa amplia serie de críticas es el nulo o inexistente reconocimiento de las labores pedagógicas de algunos estudiantes de la Universidad de Cartagena quienes se tomaron pacíficamente los buses articulados de transcaribe para explicar a la comunidad el porqué de la lucha estudiantil y el porqué del déficit de la educación superior, de igual forma, es inexistente el reconocimiento por el excelente comportamiento de los marchantes, quienes organizan al final de cada movilización un comité de limpieza que se encargó de recoger y organizar los materiales reciclables.
En el resto del país las protestas trascurrieron con una relativa normalidad –a excepción del encarcelamiento de algunos estudiantes en Bogotá-; por otro lado, desde el día 10 de octubre se inició en la palestra pública el debate sobre la politización o no de la movilización estudiantil, algunos dirigentes estudiantiles entre los que podríamos mencionar a Jennifer Pedraza expresaron su desacuerdo con respecto a la politización de la marcha, sin embargo, yo creo que es imposible desligar el fin político de la movilización estudiantil teniendo en cuenta que las marchas no son un simple evento coyuntural para reclamar dineros negados, las marchas persiguen un objetivo superior que es el de lograr cambiar las leyes que rigen nuestro enmarañado sistema educativo y social; de esta forma, el cambio y la reforma solo son posibles si se integran, sin exclusiones, los actores políticos que desde la diversidad y por qué no, desde la divergencia puedan aportar soluciones al problema.
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