Como abogado y valleguamuense, considero que el Gobierno debe priorizar una sustitución concertada y financiada frente a la aspersión aérea. Valle del Guamuez necesita reducir los cultivos de uso ilícito y garantizar ingresos legales a las familias. Mi posición exige compromisos verificables del Estado y las comunidades, con metas de erradicación y respaldo económico durante la transición.
La dimensión del problema exige precisión. El monitoreo de UNODC-SIMCI para 2024, publicado en junio de 2026, registró 8.968 hectáreas de coca en Valle del Guamuez, frente a 9.193 en 2023. La diferencia equivale a 225 hectáreas menos, una reducción aproximada del 2,45 %, calculada sobre el dato de 2023. Pese a esa disminución, el municipio ocupó el quinto lugar nacional por área sembrada con coca.
El mismo informe registró 9.893 hectáreas en Puerto Asís, 7.669 en Orito y 6.411 en San Miguel durante 2024. Estas cifras exigen coordinación regional. La intervención debe atender las condiciones económicas que sostienen los cultivos y evaluar los ingresos familiares y la permanencia en actividades legales.
En su comunicado del 10 de septiembre de 2026, la Policía Nacional anunció un piloto en Putumayo con glufosinato de amonio y dos aeronaves AT-802, sujeto a evaluación. Aclaró que no constituía la reanudación definitiva de un programa nacional. Glufosinato y glifosato son sustancias distintas. Sus efectos y condiciones de uso requieren evaluaciones específicas que han no presentar reporte científico .
El artículo 1, numeral 6, de la Ley 99 de 1993 establece que “la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces”. La norma exige aplicar el principio de precaución para impedir la degradación ambiental ante la amenaza de daño grave e irreversible.
Al examinar la aspersión con glifosato, la Corte Constitucional exigió en la Sentencia T-236 de 2017 una evaluación de riesgos dentro de un “proceso participativo y técnicamente fundado”. También estableció controles independientes y garantías para tramitar quejas. Ese antecedente sustenta mi exigencia de estudios y participación frente al piloto anunciado. No constituye, por sí mismo, una evaluación científica del glufosinato, pero no cabe duda que nuestro ríos y nuestros frutos de pan coger serán afectados.
El Auto 387 de 2019 precisó que el estándar probatorio “no equivale a demostrar, por una parte, que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño”. La Corte exigió ponderar la evidencia disponible. Defiendo la protección de derechos y las alternativas económicas, sin atribuirle a esa corporación una prohibición absoluta que no estableció.
El documento comunitario del Putumayo preparado para la audiencia pública del 2 de octubre de 2026 plantea sustitución voluntaria, gradual y concertada, con inversión productiva y seguimiento. Esa petición merece una respuesta que identifique compromisos, recursos y plazos de cada entidad, y esto demuestra una férrea voluntad por las comunidades.
El informe de gestión 2025 de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, publicado el 30 de enero de 2026, reportó en RenHacemos 180 hectáreas erradicadas en Valle del Guamuez, con verificación de UNODC. Su tabla 35 registra 114 familias con erradicación total. Ese resultado corresponde al programa en 2025, no al balance completo de erradicación municipal, y aun asi genera un avance esperanzador.
Ese avance merece seguimiento y financiación. Una familia que retira la coca necesita alimentarse mientras establece otra actividad. Si un proyecto exige meses para producir, el acuerdo debe prever cómo sostener el hogar y verificar el cumplimiento de las obligaciones concertadas.
Propongo que la Alcaldía de Valle del Guamuez, la Gobernación y las entidades nacionales acuerden una ruta con las organizaciones campesinas y autoridades étnicas SIN DILATACIONES. Se Deben identificar familias, predios, metas y apoyos recibidos, garantizar la participación y respetar la consulta previa cuando exista afectación directa a comunidades étnicas.
Cada acuerdo debe definir financiación, desembolsos y responsables. Las entidades deben coordinar la asistencia alimentaria y el apoyo temporal al ingreso con la erradicación, e incluir asistencia técnica e inversiones rurales. La programación gradual exige fechas de cumplimiento y verificación, dentro del marco jurídico aplicable.
Para Valle del Guamuez, propongo evaluar proyectos de cacao, sistemas agroforestales y otras actividades compatibles con el suelo y la conservación. Cada iniciativa debe demostrar viabilidad comercial: costos de producción, transporte, compradores y margen para la familia. Entregar insumos sin resolver cómo vender la cosecha deja incompleta la intervención.
Las entidades deben publicar trimestralmente hectáreas erradicadas, resiembra, pagos, proyectos en producción e ingresos familiares, respetando los datos personales. Las veedurías y los organismos de control deben contrastar compromisos y resultados. La evaluación independiente permitirá corregir fallas y establecer responsabilidades.
La seguridad también exige compromisos. Las autoridades deben proteger a quienes participan en la sustitución. La interlocución con las comunidades debe reconocer sus derechos y evitar SEÑALAMIENTOS COLECTIVOS, de un pueblo que ha venido con grandes luchas.
Presidente, Valle del Guamuez necesita una respuesta que permita vivir legalmente del trabajo rural. Mi propuesta es concreta: concertar la erradicación, financiar la transición y rendir cuentas sobre los resultados y por ello TECNIFICAR EL CAMPO ES EL CAMINO. Putumayo merece una política que mida su eficacia en la reducción sostenida de los cultivos y en las condiciones de vida de las familias que cumplen, de Corazón solo pido cuidar la cuidar la vida de la gente que camina la esperanza de salir adelante.
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