Hace unos meses tuvo lugar un suceso diferente en la comuna 13 que no fue suficientemente discutido por la opinión pública. De acuerdo con el periódico El Colombiano, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, hizo presencia en la frontera de los barrios San Javier Nro. 1 y La Pradera, a propósito de la muerte violenta del joven Wilmar Alonso Sánchez Gutiérrez y el hallazgo de un letrero a su lado que decía: “siga robando hp”.
Cuenta el diario que el alcalde, megáfono en mano, improvisó un discurso de sensibilización a la comunidad frente al valor de la vida humana. En su alocución, Quintero invitó a respetar el derecho a la vida a pesar de las presunciones que pudiesen existir acerca de la conducta de Wilmar y prometió la captura de los responsables. Manifestó, además, que no va a permitir que nadie tome la justicia por su propia mano en Medellín.
Aunque desapercibido, este hecho representa un cambio fundamental en la actitud que han tenido algunos alcaldes frente al crimen organizado. Una transformación muy positiva que podría conducir a la política de seguridad de la ciudad a alcanzar un nivel mayor de cualificación, uno en donde exista un mayor respeto por la dignidad humana, y donde el propósito principal no sea la erradicación o el aislamiento de las y los presuntos delincuentes, sino, entre otros, la recuperación de sus proyectos de vida para la sociedad.
Al respecto, es conveniente mencionar que, durante la administración anterior, las y los ciudadanos de Medellín se fueron acostumbrando al discurso de sheriff del exalcalde Federico Gutiérrez y su exsecretario de seguridad, Andrés Tobón. En el cual, se cosificaron como trofeos las y los integrantes del crimen organizados y se presentaban sus capturas como resultados notorios de la política de seguridad; un comportamiento excéntrico en un mandatario democrático sobre el que se soportaba el crecimiento de su favorabilidad en la opinión pública.
Adicionalmente, durante este período se hizo evidente el irrespeto del alcalde y su equipo más cercano por las autoridades judiciales, las cuales fueron señaladas como un obstáculo para la política de seguridad liderada desde la administración municipal. Como si esto fuera poco, en varias ocasiones, la administración guardó silencio frente a la ocurrencia en algunas calles de la ciudad de aquella figura que en los estudios del vigilantismo se conoce como linchamientos.
Entre otras razones, este comportamiento del staff directivo de la alcaldía exacerbó el linchamiento de los ladrones en algunos territorios de la ciudad. Así pues, durante este periodo fueron célebres algunas golpizas dadas a presuntos ladrones ocurridas en diversos sectores como los aledaños a la Calle 33, al Centro de la ciudad y al barrio Campo Valdez.
Por fortuna, el 13 de febrero del año en curso, el alcalde de Medellín evidenció que entiende que la función de castigar el delito no le corresponde a él y que tampoco se encuentra en manos de la ciudadanía. También, que su tarea en la recuperación de la seguridad humana en la ciudad no debe estar acompañada de la deshumanización de las y los presuntos delincuentes. Si no más bien, de las actitudes necesarias para la construcción de un escenario favorable al respeto de los Derechos Humanos de todas y todos y la recuperación de los proyectos de vida, especialmente de las y los jóvenes, quienes atrapados en las circunstancias terminan vinculados con el crimen.
Por otro lado, conviene señalar que nunca la figura del alcalde de Medellín se había mostrado considerada con el dolor de los padres de un presunto ladrón asesinado. Un gesto humanitario que sin duda sirve de consuelo a quienes, perdidos en el laberinto conformado por la violencia armada y el capitalismo, pierden a diario, impotentes, a sus seres queridos.
Ahora bien, conviene recordar que desde su campaña Daniel Quintero prometió a sus electores mantener la política de seguridad que se venía implementando en la ciudad e incorporar dos nuevos elementos en ella: Inteligencia y corazón. Con este comportamiento, es claro que Quintero avanza en la incorporación del segundo de estos elementos en una política como resultar ser la de seguridad, cuyo objetivo principal tiene que ser garantizar el uso y goce de los derechos humanos de las y los habitantes de la ciudad, incluso de aquellos que apartados de la legalidad y se convierten en factor de riesgos para la vulneración y violación de derechos.
Como ya se ha dicho, si el alcalde mantiene esta actitud, la política de seguridad humana de la ciudad podría mejorarse de manera significativa.
Por un lado, podría no sólo buscar la captura de quienes integran la criminalidad sino también contribuir en la disminución de la desigualdad social, la cual, vale la pena recordarlo, se ha convertido en un terreno fértil para el sostenimiento de la fidelidad que tienen algunos habitantes de Medellín con la criminalidad. No hay que olvidar que una política de seguridad humana pretende principalmente proteger la libertad y contribuir en la emancipación del ser humano.
Y, por el otro, evidenciando el compromiso de las autoridades con los derechos humanos de las y los presuntos delincuentes, Quintero podría configurar un escenario de Construcción de Paz que posibilite acciones de sometimiento a la justicia, acogimiento o incluso negociaciones que podría contribuir con el desmonte de algunos sectores de la criminalidad en el territorio. Una alternativa que la ciudad ha dejado a un lado y que hoy parece imprescindible para seguir avanzando.
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