“Es imperativo tomar una actitud activa por la defensa de la vida y cerrar filas a favor de nuestra fuerza pública (…) El desafío de la autoridad para garantizar el orden y la convivencia pacífica en el marco del Estado Social de Derecho, es monumental.”.
En el mes de julio se han cometido 17 asesinatos contra policías; en lo corrido del año 2022, se registra un total de 35 casos. El llamado “clan de Golfo” se atribuye 26 de esas muertes. Dramático y desolador panorama. La familiar de un patrullero asesinado, de manera triste, resume la situación: “siempre ha sido ese temor que uno los despide, pero no sabemos si van a volver a casa”.
Las voces de solidaridad con las familias de las víctimas no se han hecho esperar. Sin embargo, también nos preguntamos si tras más de cincuenta años de conflicto armado, estamos acostumbrados a que los crímenes hagan parte de nuestro diario vivir. Recordemos las palabras del padre De Roux, “si hiciéramos un minuto de silencio por cada una de las víctimas del conflicto armado, el país tendría que estar en silencio durante 17 años”.
El estado extremo de terror que estamos viviendo no se puede pasar por alto. El derecho fundamental a la vida es inviolable. No podemos perder los mínimos de humanidad. En medio del luto nacional, es muy alta la expectativa ante las manifestaciones y señales del presidente electo Gustavo Petro, quien ha expresado su interés en insistir en la búsqueda de la paz.
Algunos analistas indican que el “clan del Golfo” está presionando una negociación con el nuevo gobierno. ¿Es viable esta opción? Estamos hablando de grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico que no son actores políticos, por tal razón, solo queda la justicia ordinaria. Al respecto, Jairo Libreros, profesor y experto en temas de seguridad ciudadana y defensa nacional de la Universidad Externado de Colombia, explicó en RTVC que “la única ruta jurídica que estos grupos armados tienen es la ley de sometimiento a la justicia. Toca es determinar si la ley de sometimiento del año 2018 entrega las suficientes herramientas para garantizar, por ejemplo, que no se dé la extradición”.
Pero, ese es otro debate. Mientras tanto, como sociedad debemos interiorizar el mensaje del papa Francisco: “Cada día de guerra empeora la situación para todos (…) Hay necesidad de repudiar la guerra, lugar de muerte donde los padres y las madres entierran a los hijos, donde los hombres asesinan a sus hermanos sin ni siquiera haberles visto, donde los poderosos deciden y los pobres mueren”.
Es imperativo tomar una actitud activa por la defensa de la vida y cerrar filas a favor de nuestra fuerza pública, que está integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (artículo 216 Constitucional). De igual forma, la ciudadanía demanda mayor control territorial por parte de la institucionalidad, puesto que los paros armados son la consecuencia de la ausencia del Estado y la presencia del narcotráfico. El saliente presidente Iván Duque, cuando anunció la captura de alias Otoniel sentenció: “con este golpe se marca el final del “clan del Golfo”. Nada más alejado de la realidad. Los gobiernos han sido incapaces de ejercer el monopolio de la fuerza, de ahí el surgimiento de grupos paraestatales. El desafío de la autoridad para garantizar el orden y la convivencia pacífica en el marco del Estado Social de Derecho, es monumental.
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