Una decisión en contra de EPM

La decisión hundir el proyecto de acuerdo 65 que autorizaba la venta de las participaciones de EPM en UNE Telecomunicaciones, tomada el martes 21 de junio por la Comisión Primera del Concejo de Medellín, es totalmente contraria al interés de Empresas Públicas de Medellín. Los cuatro concejales que mayoritariamente rechazaron el proyecto, lo hicieron por consideraciones puramente políticas, oposición por oposición, escudados en el pobrísimo argumento de no confiar en el uso que de los recursos líquidos haría la administración municipal.

Los recursos de la eventual venta llegan a EPM y pasan por el balance, en lo fundamental. Solo una pequeña parte – ganancia en enajenación de acciones, si la hay – pasaría por el estado de resultados afectando las transferencias al Municipio. En el pliego de modificaciones del proyecto de acuerdo había una cláusula indicando que los recursos serían utilizados exclusivamente en el programa de inversiones de EPM matriz. El traslado de esos recursos al Municipio tendría que ser objeto de otra autorización por parte del Concejo. La garantía era total.

Al no contar con esa autorización, se corre el riesgo de que EPM pierda la posibilidad de hacer uso de la cláusula de salida cuyo plazo vence en agosto de 2024. Según dicha cláusula, Millicom tiene derecho de preferencia sobre las acciones de EPM y, además, en caso de no querer ejercerlo, esto es lo importante, tiene la obligación de salir a vender a un tercero, conjuntamente con EPM. Si se deja vencer esa cláusula, la inversión de EPM quedaría atrapada y condenada a una continua y creciente desvalorización.

Sin los recursos de esa enajenación, estimados unos 2.5 billones, EPM tiene que salir a endeudarse en 6.5 billones para financiar sus programas de expansión. En las actuales circunstancias – aumento del riesgo País y del riesgo propio de EPM- salir por más deuda no es una buena opción.

No está la alternativa de salir de otras inversiones donde no se tiene control o de baja rentabilidad, como las acciones de ISA y el acueducto de Malambo, pues esas ventas enfrentarían la misma objeción de los concejales opositores: “no confiamos en el alcalde”. Estas ventas, que no tienen objeción desde el punto de vista sindical, resolverían el problema de liquidez, pero no evitarían el deterioro del valor de la participación en UNE – Telecomunicaciones.

No debe olvidarse el asunto de los empleados y trabajadores que salieron de la matriz en 2006 con la escisión de UNE telecomunicaciones y llegaron a TIGO en la fusión de 2013: deben ser protegidos. Su número no es muy elevado, unos 250, y podrían ser absorbidos por la matriz o algunas de las filiales. El acuerdo debería incluir un artículo que ordenara esa incorporación a la que voluntariamente podrían acogerse los beneficiarios.

Es posible apelar la decisión de la comisión primera y hacer que el proyecto de acuerdo 65 sea discutido nuevamente en otra de las comisiones del Concejo y luego en la plenaria. Esto debe hacerse lo más pronto posible para que la Empresa cuente con tiempo suficiente para realizar todas las gestiones necesarias para la enajenación antes de que expire el plazo de vigencia de la cláusula de salida.

Sería lamentable que EPM aumente su endeudamiento en circunstancias tan desfavorables o reduzca sus inversiones – lo que a la postre afectará la calidad de los servicios – como consecuencia de una oposición política mal fundamentada y peor ejecutada. Hay muchas razones para oponerse a la administración de Quintero Calle, pero eso no puede hacerse en detrimento del interés de largo plazo de la Empresa.

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Luis Guillermo Vélez Álvarez

Economista. Docente. Consultor ECSIM.

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