“Sin quererlo, el ministro (Juan Zapata) ha reconocido que el Estado perdió el monopolio de la violencia en la provincia y que ahora la seguridad corre por cuenta de las bandas criminales. ¿Qué elección le queda en ese contexto a una población empobrecida y abandonada a su suerte por el Estado?”.
Después de recuperarse a una velocidad sobrehumana de una fractura en el peroné —que no le impidió viajar a Costa Rica para firmar un acuerdo comercial—, el domingo 16 de abril el presidente Guillermo Lasso decidió cancelar dos reuniones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado en Esmeraldas debido a una infección en las vías urinarias.
Aunque la Secretaría de Comunicación tuvo la gentileza de informarnos el área específica del cuerpo del presidente que le impidió asistir a estas reuniones, omitió explicarnos de qué manera los problemas urinarios del primer mandatario imposibilitaron que el vicepresidente de la República liderara las reuniones en reemplazo suyo.
Y es que la situación en Esmeraldas no soporta un día más de inacción por parte del gobierno.
El miércoles 12 de abril, el puerto pesquero de la provincia —en estado de excepción desde el mes de marzo— fue testigo de la masacre de nueve pescadores a mano de treinta sicarios, a escasos metros de un puesto de vigilancia de la Marina. Esmeraldas es la provincia con la tasa de homicidios más alta del país. Una provincia históricamente abandonada a la pobreza, el racismo y la desigualdad por cada huésped de Carondelet, hoy enfrenta también una crisis de seguridad que el gobierno se niega a reconocer y a enfrentar.
Más de una vez el gobierno ha tratado de convencernos de que el grueso de las víctimas de la violencia son los propios miembros de las pandillas y que, por lo tanto, la ciudadanía puede dormir tranquila. Pero la masacre del 12 de abril obligó al Ministro del Interior —devenido en mero Ministro de la Policía—, Juan Zapata, a formular una nueva hipótesis: la matanza fue una represalia de una banda contra la gente que “eligió” ser protegida por la banda rival.
Suponer que se trató de una represalia es bastante razonable; suponer que la gente tuvo la oportunidad de “elegir” es un insulto a la inteligencia y a la dignidad de los esmeraldeños.
Sin quererlo, el ministro ha reconocido que el Estado perdió el monopolio de la violencia en la provincia y que ahora la seguridad corre por cuenta de las bandas criminales. ¿Qué elección le queda en ese contexto a una población empobrecida y abandonada a su suerte por el Estado? La respuesta del gobierno parecer ser “ninguna”.
Aunque irresponsable e indolente, la invitación del gobierno y sus opinadores a que la ciudadanía «supere el miedo» y tome parte en la lucha contra la inseguridad es congruente con la aprobación del porte de armas de uso civil para defensa personal. El monopolio que el Estado debe tener sobre el uso de la violencia legítima parece no ser del agrado del presidente Guillermo Lasso, quien considera más oportuno que cada uno se las arregle como pueda.
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Opinión similar tiene el Comandante de la Policía en Esmeraldas, quien exigió a los padres de familia que “no sean cómodos”, y colaboren con la policía enviando a sus hijos con chalecos antibala a la escuela. Y por si había quedado alguna duda de su inhumanidad y carencias cognitivas, el funcionario agregó que “todos los problemas que se vienen ocasionando son responsabilidad de las familias esmeraldeñas”.
Si esta es la gente encargada de la seguridad del país, nadie debería sorprenderse de las continuas derrotas de este gobierno frente al crimen organizado.
Esta última derrota, sin embargo, dejó una baja sensible para el gobierno —aunque celebrada por la ciudadanía— pues el mismo día de la masacre, Diego Ordóñez presentó su inesperada renuncia. Inesperada porque ya nadie confiaba en que el Secretario de Seguridad tuviera la decencia de dejar un cargo para el que nunca estuvo capacitado y cuyo legado son miles de vidas humanas segadas por la violencia.
No obstante, a día lunes 17 de abril, mientras escribo estas líneas, Ordóñez permanece en su cargo porque el gobierno no le ha encontrado reemplazo. Situación incomprensible ésta, porque si el presidente consideró oportuno crearle una Secretaría de Seguridad a un hombre sin luces y sin experiencia en seguridad, no le debería resultar difícil encontrar un perfil similar entre sus huestes de “Ecuador Libre”.
Dicho todo esto, sería incorrecto decir que la gestión gubernamental se paraliza cada vez que el presidente sufre un quebranto en su salud, como algunos han sugerido, sencillamente porque no se puede paralizar lo que nunca se puso en marcha.
El país enfermo que nos legó Lenin Moreno hoy agoniza por una metástasis que sus nuevos doctores se aferran a tratar con medicina homeopática.
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