Sin Justicia

Autora: Paula Santander

@pausa03

La Constitución Política de Colombia señala que la estructura del Estado se fundamenta en la división de los poderes y que la autonomía e independencia entre ellos permite un control mayor y garantiza la libertad y los derechos de los ciudadanos; bien decía Montesquieu: “…No hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor…”

Un rasgo significativo de Colombia en las últimas dos décadas ha sido el papel protagónico que ha adoptado la Justicia, pero este mismo ha conducido a un fenómeno complejo que merece toda la atención: la judicialización de la política, entendiéndose como la tendencia a que las problemáticas políticas sean dirimidas en sede jurisdiccional. Es así como las autoridades judiciales adquieren un protagonismo político propio que con base en la Constitución no les correspondería. ¿Estarían los jueces suplantando la voluntad popular en sus decisiones sobre asuntos políticos?

Al no ser siempre claras las leyes y presentar ambigüedades y vacíos, los representantes de la justicia deben interpretarlas siempre bajo el principio de imparcialidad, así es como el juez consigue poder. En el mundo de la teoría se reconoce que ni los jueces, ni sus decisiones, pueden estar subordinados a las instituciones político-representativas, y que son ellos quienes en la mayoría de circunstancias tienen la responsabilidad de controlar la ambición de los distintos poderes, pero ¿Vamos a someter nuestra democracia a un gobierno de jueces? ¿Hasta qué punto cumplen con su deber, cuando de intereses personales o de favores políticos se trata?

Más allá del fenómeno de judicialización de la política, en nuestro país se presenta una politización de la justicia, pues si bien ésta ha tratado de reducir los abusos de poder de los políticos colombianos, estos mismos grupos políticos han logrado por un lado, ejercer una presión sobre los operarios de justicia, y por otro, infiltrarla para producir casos en los cuales se judicialice administrativa e incluso penalmente a funcionarios con los que no están ideológicamente alineados o de acuerdo.

La tendencia del poder político es siempre a ampliar su esfera de control y el reto de cualquier sistema de justicia es proteger su independencia ante ello. Son abundantes los casos de conflicto, inherente al Estado de derecho, y al cual cada sistema político trata de dar la mejor respuesta. Sin embargo, hoy y en nuestra realidad concreta, los repetitivos síntomas de una excesiva politización de la justicia, potenciada por una desmedida judicialización de la vida política, son particularmente preocupantes y están sobrepasando los niveles aceptables de tensión, amenazando con degradar el sistema democrático, su institucionalidad y los valores éticos que constituyen su fundamento.

Se hacen evidentes los casos donde los fallos parecieran obedecer a purgas de miembros pertenecientes a un sector político definido, ordenando medidas drásticas como las de aseguramientos, con investigaciones preliminares o simplemente con indicios o testimonios de testigos “no calificados”, mientras que en lo referente a sus antagonistas políticos, no se adoptan esta clase de decisiones, ante situaciones evidentes de violación a las normas del derecho penal.

Muestra de lo anterior, es el caso de Luis Alfredo Ramos, quien a pesar de siempre haberse desempeñado con total transparencia y firmeza en los diferentes cargos públicos que le asignaron y de alcanzar a la salida de ellos los más altos niveles de aprobación ciudadana, hoy está detenido.  

El ex-gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, quien está tras las rejas a la espera de que la Justicia aclare su situación.

Ramos figuraba como precandidato a la Presidencia de la República, por el Centro Democrático y teniendo en cuenta que siempre obtuvo las mayores votaciones como político, no sería difícil pensar hoy que hubiera sido presidente. Sin embargo, una investigación por supuestos nexos con grupos paramilitares truncó su carrera política, le arrebató la libertad y privó a los colombianos de la gestión de un hombre de inmensa experiencia y con la más alta preparación. La mal llamada justicia ordenó una detención preventiva – totalmente desproporcionada –  a un hombre que solo le ha servido a su país.

En este caso se evidenció la existencia de una fábrica o cartel de falsos testigos, con vínculos en la Fiscalía, aunque esta misma los investiga. A Ramos se le detuvo por el testimonio de Carlos Enrique Areiza, delincuente con doce alias distintos, quien pertenece a esta inaudita mafia y que ya confesó que mintió para perjudicar a Ramos, sin embargo el ex gobernador sigue preso.

¡Esto no es una coincidencia! Además de constituir una arbitrariedad, es muestra clara de que en Colombia sí hay presos políticos.

Quienes orquestaron esta estrategia para sacar a Ramos del camino, al no tener ningún elemento que siquiera creara sospecha sobre alguna irregularidad, basaron las acusaciones en un sinnúmero de testimonios falsos, de testigos venales. Un Estado donde los ciudadanos deben, -contra la presunción de inocencia- demostrar que no son culpables, viola toda seguridad jurídica.

Nuestra precaria democracia quiso abrir a los ciudadanos el acceso al servicio de la justicia como un anhelado contrapeso frente a un poder ejecutivo que se sentía, hasta entonces, todopoderoso, puesto que el órgano legislativo que era el mandado a ejercer el control político estaba prácticamente subordinado al presidente. Resultado de esto fue atribuir más poder al órgano judicial que acabó por acoger demasiadas controversias políticas. Recibió casos que debían estudiarse con neutralidad y sana crítica jurídica, pero que al ser propios del debate político, terminaron persiguiendo intereses diferentes y comprometiendo la credibilidad del aparato judicial que hoy en día está valorado por el ciudadano común como un sistema de igual o mayor corrupción que el legislativo y el ejecutivo.

De esta manera los jueces y fiscales, estrechamente relacionados con grupos políticos, facilitan a través de cauces procesales lo que no se ha obtenido en el terreno de juego democrático. En los últimos años, los distintos órganos judiciales han procesado a innumerables actores políticos por asociación para delinquir con grupos paramilitares, pero en el caso de los vinculados con las FARC, el ELN u otras organizaciones criminales no se han producido mayores sentencias condenatorias. No es posible que la ley se aplique selectivamente y que sólo se persiga a unos, ¿Justicia politizada y parcializada?

Así las cosas, no resulta extraña la poca confianza que los ciudadanos tienen hacia la administración de justicia en Colombia, calificada como lejana, lenta y corrupta. Ahora, sobre ese descrédito se va asentando otro aún más peligroso; su extrema politización y el hecho de que sirva como instrumento de intereses partidistas e ideológicos. Colombia pide desesperadamente una justicia libre de presiones políticas, libre de intereses particulares, una justicia eficaz y autónoma.

 

Autora: Paula Santander

@pausa03

 

Imagen: By Ramos, McQuaid y Gómez.jpg: nuestrociclismo.comderivative work: Oblongo (talk) – Ramos, McQuaid y Gómez.jpg, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16028622

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Editor general de Al Poniente. El contenido de esta columna es de propiedad de su autor, y no necesariamente refleja las opiniones del equipo editorial de Al Poniente.

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