En Colombia el Fiscal General de la Nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia, de una terna enviada por el Presidente de la República. Es una elección, quizás, de las más importantes a nivel institucional, diferente a la de elección popular del Primer Mandatario de los colombianos; está figura constitucionalmente tiene la competencia de investigar y acusar en especial a los altos funcionarios que gocen de fuero Constitucional, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.
El Fiscal General de la Nación, el doctor Francisco Barbosa, fue elegido en el Gobierno del expresidente Iván Duque, quien estará en la Fiscalía hasta el mes de febrero del próximo año, pero la preocupación aumenta porque hoy el país está en manos del crimen, el narcotráfico y los populistas de turno en el poder.
En medio de la incertidumbre, la gran responsabilidad de un Fiscal que sea jurista y gran técnico del derecho, recae sobre la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una vez el Presidente Gustavo Petro envíe la terna.
Esta elección prende los reflectores de la opinión pública, pues recordemos que en los gobiernos anteriores se vivió una gran dinámica en el titular de la Fiscalía. En el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, los Fiscales fueron Luis Camilo Osorio (2001- 2005), Mario Iguarán (2005- 2009), y para finalizar este periodo presidencial la CSJ encargó al doctor Guillermo Mendoza Diago (2009- 2011). En el Gobierno Santos, Vivian Morales (2011- 2012), Luis Eduardo Montealegre (2012- 2016), y Nestor Humberto Martínez (2016- 2019).
El Fiscal General de la Nación, juega un papel de gran relevancia en el país, lo estamos viviendo actualmente, el Fiscal Barbosa, se ha convertido en el muro de contención de los colombianos ante los cambios legislativos que ha propuesto el Gobierno Petro, que al parecer están dirigidos a darle cumplimento al tal “Pacto de la Picota”, que no es más que favorecer al ELN, al Clan del Golfo y a los demás grupos al margen de la Ley.
Es el Fiscal la muestra de la efectividad del sistema de frenos y contrapesos del Estado Social de Derecho, aunque eso moleste al Gobierno socialista de turno.
“Yo espero que Colombia luche para no convertirse en un narco- Estado. La Paz total no puede ser simple y llanamente para desocupar las cárceles”, son las duras advertencias del Fiscal General al Gobierno Petro.
Al igual que los repararos frente a la Ley de Sometimiento: “será una operación de lavado de activos”. Además, esta semana denunció desde República Dominicana que el actual Gobierno busca “legalizar” toda la cadena del narcotráfico.
Están en riesgo nuestros bosques, la deforestación en el país asciende a 174 mil hectáreas de bosque y es lamentable no ver a los ambientalistas gobiernistas rechazando el crecimiento desmedido de la mata que mata, pues por cada hectárea sembrada, se deforesta 1.5 hectáreas de bosque. Además, llama la atención que los ambientalistas progres- activistas, guardan total silencio, incluso con el atentado del ELN al oleoducto Caño Limón- Coveñas que sería el octavo en lo que va del año.
Están en riesgo las instituciones y la democracia, cada día hay más violencia y son más las amenazas de un estallido social, incluso de cerrar el Congreso de la República, todo con el apoyo del narcotráfico. Esto nos debe convocar a los colombianos para que protejamos el Estado de Derecho.
Un cocalero que hoy cultive 10 hectáreas, produce 7 kilos de cocaína por hectárea que es igual a 70 kilos por 6 cosechas, igual a 420 kilos al año que son 420 mil gramos de coca a 100 dólares son: US $42.000.000 de dólares.
Fiscal Barbosa, usted no está solo, es usted el muro de contención que necesitamos para salvar la libertad de los 50 millones de colombianos y la estabilidad Constitucional, no permita que corramos la misma suerte de nuestros hermanos venezolanos y que Colombia no se convierta en un narco- Estado.
Comentar