No sé quién está asesorando al Alcalde de Medellín y al Gerente de EPM en este asunto de la demanda contra los contratistas de Hidroituango. Espero que no sean los mismos abogados que asistieron a Luis Pérez Gutierrez cuando, en su condición de gobernador y presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Hidroituango, decidió interponer demanda contra EPM, por el supuesto incumplimiento del hito de 7 del BOOMT, según el cual EPM debía cerrar las compuertas de los túneles de desviación y proceder al llenado del embalse, lo que debía culminar el 21 de julio de 2018.
La parte demandante, la Sociedad Hidroituango, pretendía que la demandada, EPM, pagara la cláusula penal de apremio por el supuesto incumplimiento. El Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó la pretensión porque a su juicio “no se acreditó incumplimiento contractual imputable a EPM”. La Sala Administrativa del Consejo de Estado, a su turno, desechó el recurso de apelación interpuesto, señalando de paso que EPM tampoco estaba incursa en el delito de fraude procesal del que era acusada por la demandante. Ambos tribunales señalaron que la demanda era improcedente porque no se habían surtido los pasos de arreglo directo y tribunal de arbitramento previstos contractualmente.
El problema es que, por parte de los abogados de Hidroituango, a Luis Pérez se le advirtió, se le aconsejó, se le recomendó, se le dijo que desistiera de esa demanda que no tenía pies ni cabeza. El ex – gobernador no quiso hacer caso, se pasó la advertencia por la faja e impuso su mayoría en la Junta y obligó al gerente de la época a otorgar el poder a los abogados. Ahí está el resultado: dos altos tribunales le cerraron sus puertas en las narices. Aquí los únicos ganadores fueron los abogados externos de la oficina del señor Abelardo de la Espriella, que se embolsaron quinientos millones de pesos por una gestión que se sabía fallida desde un principio. Queda en cabeza de la Sociedad Hidroituango decidir si hace responder al ex – gobernador por el detrimento patrimonial causado y a los organismos de control corresponde ocuparse atentamente de este asunto.
El alcalde y el gerente – probablemente también los miembros de la novísima junta directiva que post-festum avaló la dichosa demanda – están metidos en un berenjenal más grande que el del ex – gobernador. Ilusamente creen que los estudios de causa-raíz física son prueba irrebatible de la responsabilidad legal de los demandados. Los tres estudios conocidos – los de Skava (EPM), Advanta (Mapfre) y Universidad Nacional- ha sido cuestionados por reputados ingenieros independientes. Los demandados deben tener su arsenal técnico para refutarlos y sus propios estudios, todos los cuales llegarán al escritorio de los jueces.
Pero lo más grave no es la confusión entre causa-raíz física, causa-raíz humana y responsabilidad legal que parece anidar en las mentes del alcalde y el gerente. Lo más grave es que cualquiera sea el resultado del litigo, EPM sale perdiendo. Naturalmente, pierde si pierde, pero pierde más si gana.
EPM es la responsable de todo el proyecto. Si sus contratistas son condenados, de contera resulta condenada EPM pues toda su defensa, frente a las pretensiones de la Sociedad Hidroituango en la demanda impulsada por el ex – gobernador, está basada en el alegato de su estricto cumplimiento de los términos del contrato BOOMT, incluidas las decisiones sobre la desviación del rio.
En su incontinente cuenta de tweeter, el alcalde Quintero ha salido a cobrar como propia la victoria de EPM en los tribunales administrativos, sin percatarse de que con la demanda a los contratistas está borrando con el codo lo que los abogados de EPM en su momento escribieron con buena mano.
Pero hay más. EPM está demandada por un grupo de abogados que supuestamente representan a los habitantes aguas abajo del proyecto que reclaman toda suerte de perjuicios, incluidos los de “la angustia y la incertidumbre” a la que se vieron sometidos por el temor de la caída de la presa que finalmente se mantuvo en pie, gracias a la acción heroica de los profesionales y trabajadores de EPM y sus contratistas a quienes, en lugar de condecorarlos, ahora quieren meter a la cárcel.
Son ya como 100.000 los que han otorgado poder y sus pretensiones superan los 10 billones de pesos. La única defensa de EPM frente a esos voraces abogados es alegar que la contingencia de Hidroituango fue causada por un evento de la naturaleza, imprevisible e irresistible. Alegar lo contrario, como se hace en la demanda contra los contratistas, es lo más parecido a pegarse un tiro en el oído.
Los abogados que animan al alcalde y al gerente les han hecho creer que la condena a los contratistas los convierte automáticamente en responsables frente a las pretensiones de los demandantes aguas abajo. Puede ser que así sea, está por verse. Pero lo cierto del caso es que EPM es responsable de sus contratistas y seguirá el destino de estos. Y es la única que tiene con qué responder, aunque en ello se le vaya hasta el pellejo.
El alcalde y el gerente harían bien en aprovechar el tiempo que queda para avanzar en la conciliación con los contratistas que no puede conducir a nada distinto a desistir de la demanda. Hay muchas buenas razones para argumentar el desistimiento de una demanda ante el contencioso – entre otras la de tener pactado con los contratistas un tribunal de arbitramento – que les permitiría salir honorablemente del berenjenal en el que están metidos.
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