En 2012, Santrich se ganó la antipatía de los colombianos por burlarse de sus víctimas, al responder con cinismo: «Quizás, quizás, quizás», cuando le preguntaron si las Farc pedirían perdón.
Con el mismo cinismo continuó en el negocio del narcotráfico, seis meses después de la firma del acuerdo, en una operación de ¡diez toneladas! hacia Estados Unidos, que resultó ser una operación encubierta de las autoridades de ese país.
A propósito, para quienes acusan de «montaje», vale aclarar que esas operaciones, legales en Estados Unidos y en Colombia, no están dirigidas a monjitas inocentes sino a delincuentes identificados, para «hacerlos caer».
Y Santrich, metido en el negocio, pues cayó y, con su caída, le dejó a la JEP una papa caliente, que la Sección de Revisión demoró sin lograr que se enfriara; una decisión que tuvo al país en vilo, con un desenlace que desnudó la proclividad de esa jurisdicción hacia la impunidad para las Farc.
La decisión convirtió un beneficio condicionado: la garantía de no extradición, en derecho absoluto de los ex FARC, desconociendo los requisitos temporales y materiales. Lo afirma la magistrada López, quien, junto con su colega Rodríguez, hizo otros duros cuestionamientos en su salvamento de voto, como el de que la solicitud de extradición y el indictmentestablecían con claridad la fecha del ilícito y eran suficientes para decidir de fondo.
A pesar de ello –dice la magistrada-, la Sección se abstuvo de decretar pruebas idóneas para establecer la fecha, como preguntársela a los otros en el video -¡no lo hizo!-; insistió en solicitar una que sabía que no le podían entregar, para tener a quien echarle la culpa, como sucedió; y como si fuera poco, declaró ilícitas, sin tener competencia, las relacionadas con la operación encubierta, con lo cual acogió la teoría del «montaje yanqui», que esgrimen, con alta carga ideológica, Cepeda, Petro, Catatumbo y compañía.
Hay más; pero concluyo con algunas conclusiones: Tan espuria decisión es un golpe a la credibilidad de la JEP y un precedente funesto de impunidad.
Las críticas del fiscal y las objeciones del presidente Duque no eran caprichosas. La JEP tiene vacíos subsanables, no para hacerla trizas, sino para que cumpla su cometido constitucional. La Corte tiene la palabra.
El caso NO está cerrado y se impone el apoyo al Procurador.
El país está en emergencia, más no por la decisión de la JEP, sino por su verdadero enemigo: el narcotráfico. Como en los noventa, se mueven hilos contra la extradición, en un entorno más difícil: con más hectáreas de coca, una sociedad polarizada, la democracia bloqueada y el poder judicial con una pluralidad de Cortes, mientras sigue en el aire la pregunta. ¿Quiénes están detrás del negocio?
N.B. Si Santrich se vuela, se burlará otra vez al ritmo de «voló, voló y voló».
