La desnaturalización del conflicto en Colombia, ha generado mucha incertidumbre para la implementación del proceso de paz. Muchos campesinos que tuvieron que huir de sus pueblos, han querido regresar tras la firma del cese del fuego bilateral y definitivo entre el Estado y las FARC de 2016.
De los más de seis millones de desplazados que dejó la guerra, no todos volverán. Después de más de medio siglo de disputa, Colombia se enfrenta retos como: frenar la violencia y el narcotráfico, la reparación de las víctimas, la reintegración de los exguerrilleros y la vuelta a una vida normal. La efectiva implementación de los acuerdos es una deuda del proceso de paz, en la que coinciden aspectos de carácter económico y fundamentalmente los derechos de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Sin embargo, informes de INDEPAZ, afirman que ha habido recrudecimiento del fenómeno de muerte sistemática, 399 líderes fueron asesinados entre el primero de enero de 2016 y el cinco de julio de 2018.
Es pertinente que el gobierno del presidente Santos, en momentos de empalme con el gobierno entrante, conformen una comisión para precisar las razones del recrudecimiento del fenómeno de muerte. El gobierno de Iván Duque, no puede darse el lujo de iniciar con semejante problema, sobre todo, por la incertidumbre que generan las inclinaciones ideológicas. Aquí debemos dimensionar la importancia de la vida, minimizar el preludio del antecedente del exterminio de la década de los 80, en la vaga consideración ideológica, simplemente nos condena como estado y como sociedad.
El reto del Estado es inmenso, es innegable la desconfianza de las poblaciones, no obstante, al desmonte de las FARC, quedaron otros agentes generadores de violencia. La no presencia del Estado en todo el territorio nacional es aprovechada por los narcotraficantes y el crimen organizado, este vacío de poder que ha quedado tras la marcha de la guerrilla, ha sido fructificado por lo que se conoce en el país como las BACRIM (acrónimo de bandas criminales).
Para Ariel Ávila, subdirector de la fundación paz y reconciliación, los perfiles de los líderes asesinados está relacionado con reclamantes de tierra, personas que querían participar en política y personas que se oponen a economías ilegales en los territorios. Con base en estas descripciones es muy ambigua la consideración de la sistematicidad de los crímenes, porque estaríamos en el escenario de un grupo armado con funciones de matar.
Con las victimas surgen las hipótesis, por eso es necesario determinar las razones del recrudecimiento del fenómeno de muerte, para avalar la implementación de los acuerdos de paz y con el fin de reconvenir las posiciones que se oponen al reintegro de las tierras que fueron despojadas y desmitificar el señalamiento como guerrilleros a los campesinos que fueron desplazados. La muerte de los líderes sociales y de defensores de derechos humanos, es sin duda, el primer reto del presidente Iván Duque, no será fácil, pero los colombianos esperamos de su templanza para liderar la reconciliación, en aras de valorar el espíritu de su campaña en la que nos dijo: “el futuro es de todos” Esa es la ruta regresar al pasado es una condena perpetua.
