El 7 de agosto terminarán los 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos, que utilizó el “todo vale” para imponerle al pueblo colombiano su visión sobre la paz, y para complacer los terroristas de las FARC. El saliente Nobel de Paz también aumentó las reservas de combustible del crimen: la cocaína. Volvimos a ser el mayor productor del mundo, solo en Tumaco se produce más cocaína que en toda Bolivia.
La tendencia de los cultivos de coca en el país era a la baja, de hecho, en el año 2012 el país contaba con 46.000 hectáreas de coca; pero una vez comenzaron las conversaciones con las FARC, y como clarísima explicación del fenómeno, la tendencia cambió, y ahora son más de 200.000, que no creo que sean todas de humildes campesinos, como nos quieren hacer creer.
Sólo por cuenta de los acuerdos Santos-Timochenko, se reconoció al narcotráfico como conexo al delito político, lo que impulsó a los guerrilleros de las FARC a promover la siembra durante las conversaciones con el gobierno, seguros de la impunidad futura. Se crearon incentivos económicos para los cultivadores de coca que “le apostaran a la sustitución”, pero lo único que lograron fue que los campesinos sembraran más buscando beneficios. Priorizaron la erradicación voluntaria sobre la forzada, lo cual es una absoluta utopía en la mayoría de zonas del país, si se tiene en cuenta que quienes manejan el negocio son fornidos criminales que serían los primeros en impedirlo; de hecho, las comunidades que han querido salir de esta economía ilegal voluntariamente han visto morir sus líderes.
Otra causa de este maremoto cocalero fue la suspensión de la fumigación aérea, un pedido de las FARC por debajo de la mesa. Aunque también hay que decirlo, quedó bien disimulado, diciendo que el glifosato era “potencialmente cancerígeno”. ¡Claro! como miles de productos a los que nos exponemos diariamente y que no por eso prohíben. Es más, los cultivos de arroz los fumigan con glifosato.
Pero si las FARC tienen gran responsabilidad en este fenómeno, Juan Manuel Santos les gana. Durante su administración la lucha contra las drogas fue una tarea acéfala, quizás porque al presidente, siendo un Nobel de Paz, le parecía indigno hablar de cocaína; quizás porque su discurso de legalización en el exterior y de combate en el interior llenó de ambigüedades la doctrina de las fuerzas militares; quizás porque gracias a sus gestiones ahora las FARC hacen política sin haber entregado las rutas del narcotráfico, sin delatar sus aliados, o peor, continúan en el negocio como Alias Santrich y Rambo; quizás porque en nombre de salvaguardar la tal paz, se ignoraron adrede las crecientes disidencias que hoy se adueñan de Colombia.
En cuanto a los efectos, mucho se ha hablado sobre el papel de la cocaína como motor de la violencia, benefactora del contrabando, destructora de vidas humanas adictas a su consumo (que por cierto van en aumento en el país), disparadora de inseguridad en las ciudades, semilla del lavado de dinero y como no, estigma infaltable internacionalmente. Pero hay un efecto que debemos resaltar y que los ambientalistas poco tocan, y es la destrucción del medio ambiente que genera la coca cuando se invaden reservas naturales para sembrarla. Sólo en 2017, el país perdió 220.000 hectáreas de bosque, en parte explicadas por las acciones del narcotráfico.
El gobierno entrante de Iván Duque tiene una tarea monumental, y es apagar la llama cocalera que le da impulso a la violencia en este país, destruir esa “herencia envenenada” que le deja el presidente Santos.
Puede ser una verdad de Perogrullo, pero esta lucha debe ser integral. Por un lado una mano firme que impida al narcotráfico ser conexo al delito político, prohibir la dosis personal de droga, perseguir y castigar los capos nacionales e internacionales, volver a la fumigación aérea, a la erradicación forzada, ejercer a través de las fuerzas militares el control territorial; y por otro lado un corazón grande, que lleve inversión al campo y desarrolle la agroindustria, que escuche las comunidades, que haga surgir una clase media rural de propietarios, que mejore la infraestructura del campo y lleve educación, que no trate los consumidores como criminales y que mejor los acompañe en su rehabilitación. La presencia de la fuerza pública es importante para combatir el narcotráfico en el corto plazo, pero la inversión social le da sostenibilidad en el tiempo.
No hay paz con cocaína, en las condiciones actuales del país sencillamente no pueden coexistir. Como lo escribí en alguna ocasión, la paloma de la paz es incapaz de volar con esas toneladas de cocaína encima.
Ñapa I: Si el Dr. Antanas Mockus se posesiona como Senador, a pesar de estar inhabilitado por haber sido contratista del Estado en tiempo no permitido, que al menos no lidere la Consulta Anticorrupción. Inhabilidad moral.
Ñapa II: Ojalá el ex candidato presidencial Sergio Fajardo no se deje robar su nicho electoral por el promotor del odio.
