Economía Selección del editor

Salario mínimo, inflación y déficit fiscal

Espiral inflacionaria o espiral de precios y salarios es el nombre que se da a la situación en la cual el alza inmoderada del salario nominal, es decir, muy por encima tanto de la inflación pasada como de la esperada, da lugar a la aceleración de la inflación y surgimiento de expectativas de una inflación mayor, lo que lleva a mayores incrementos del salario nominal que aceleran la inflación y elevan las expectativas y así sucesivamente.

Esa dinámica perversa lleva con frecuencia a la hiperinflación y a la destrucción del sistema monetario, como ocurrió en Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, Chile, etc. cuando gobiernos izquierdistas ensayaron estimular la demanda con grandes aumentos en el salario nominal.

El salario mínimo legal ha crecido por encima de la inflación del IPC en los últimos años. Esto no se ha traducido en presiones inflacionarias pues la brecha no era sustancial y seguramente fue compensada por mejora en la productividad.

Gráfico 1

 

Este año la situación puede ser más complicada pues además de los perjudiciales efectos económicos causados por la mera existencia del salario mínimo – desempleo e informalidad – su alza inmoderada podría tener consecuencias macroeconómicas especialmente nocivas como son la aceleración de la inflación y el aumento del déficit fiscal.

La tasa de crecimiento del salario mínimo se convierte en el piso de las negociaciones salariales de todos los sectores y además es el indexador de los contratos de arriendo y de toda una serie de precios regulados o semi-regulados, como servicios públicos domiciliarios, matrículas y pensiones, transporte, etc. El aumento de esos precios, puede arrastrar los precios no controlados y, si se presentan condiciones climáticas adversas que afecten las cosechas, los de los alimentos y productos agrícolas. El gran crecimiento de los agregados monetarios en los últimos años, indica que la demanda nominal puede validar esos aumentos acelerando la inflación.

Gráfico 2

 

La otra consecuencia de un alza inmoderada del salario mínimo es el agravamiento del déficit fiscal. Una inveterada costumbre de la que ningún gobierno osa apartarse hace que el incremento de la nómina del sector público sea por los menos igual al incremento del salario mínimo. Los gastos de personal de la Nación están hoy en unos 35 billones de pesos y los de las entidades territoriales en unos 15 billones. Cada punto de incremento salarial cuesta a la Nación 0,35 billones y las entidades territoriales 0,15 billones.  Los dos puntos de que hablan los gremios tendrían un impacto fiscal de 2 billones; los 14 de los sindicatos, de 7 billones, Nación y entidades territoriales agregadas.

En los últimos quince o veinte años, con dos o tres excepciones, el incremento de salario mínimo lo ha definido el gobierno por decreto, pues los negociadores han sido incapaces de llegar a un acuerdo. Dadas las pretensiones de los sindicatos, 14%, y la oferta de los empleadores, 2%, sería un milagro que este año lo lograran. Por eso, seguramente, el gobierno lo fijará por decreto.

Más que en cualquier otro año, el Gobierno tiene una gran responsabilidad en la fijación del salario mínimo y no puede equivocarse con una estúpida solución salomónica pues un alza exagerada frenaría la recuperación del empleo, aumentaría la informalidad, agravaría el déficit fiscal y avivaría presiones inflacionarias.