Tras el fracaso en la negociación entre empresarios y sindicatos, el gobierno nacional ha decretado un aumento del 9.5% en el salario mínimo legal, llevándolo a 1.423.500 COP. Si bien este incremento busca compensar la pérdida del poder adquisitivo causada por la inflación, su aplicación arbitraria podría generar consecuencias negativas para la economía colombiana.
El actual sistema de negociación del salario mínimo presenta una arbitrariedad que excluye a importantes actores económicos. La representación de empresarios y trabajadores en los gremios y sindicatos es limitada, excluyendo a pequeños empresarios y trabajadores informales. Por lo tanto, la negociación se aleja de la realidad económica, ya que no tiene en cuenta la información que poseen estos actores. Esta rigidez puede generar graves consecuencias. Los pequeños empresarios con menor capital se ven afectados por salarios que no pueden cubrir, mientras que los empleados dispuestos a trabajar por un valor inferior al decretado quedan excluidos del sistema, trabajando informalmente por un salario menor y sin acceso a beneficios laborales. La negociación directa entre empleadores y empleados, a través de contratos individuales, ofrecería mayor eficiencia y flexibilidad.
Aunque a corto plazo un aumento de sueldo genera la sensación de una mayor capacidad de ahorro, consumo o capacidad de endeudamiento entre los empleados, esta percepción puede estar alejada de la realidad. En economía, los precios determinan los costos, y el salario es un precio más. Si el precio de la mano de obra aumenta, los costos laborales de las empresas también lo hacen.
Esto puede llevar a dos escenarios. Por un lado, algunos empresarios se verán obligados a asumir estos costos, obteniendo menores beneficios. Si estos beneficios ya eran limitados, el empresario podría verse forzado a cerrar su negocio, generando pérdida de empleos y afectando la economía. Por otro lado, los empresarios podrían trasladar el incremento a los precios de sus bienes y servicios para mantener su rentabilidad. Esto se traduciría en un aumento generalizado de precios, especialmente en sectores con poca capacidad de absorción, como el comercio minorista o la industria alimentaria. Este aumento de precios, a su vez, erosionaría el poder adquisitivo de los trabajadores, volviendo al punto de partida.
Colombia se caracteriza por una alta tasa de desempleo y un exceso de oferta laboral. Con una tasa de desempleo del 9.1% y con el 43.86% de los trabajadores (10 millones de personas) ganando menos de un salario mínimo, la situación es preocupante. En este contexto, ¿qué lleva a los estadistas del gobierno a creer que un incremento elevado del salario mínimo fomentará la contratación en lugar de aumentar el desempleo? Es probable que esta medida, en lugar de estimular la creación de empleos, incentive la informalidad y agudice la problemática del desempleo.
Colombia necesita empresas que absorban la oferta laboral y compitan no solo en la oferta de bienes y servicios de calidad a precios competitivos, sino también en la atracción de talento, ofreciendo mejores salarios y condiciones laborales. Para lograrlo, es fundamental crear un ecosistema que fomente el emprendimiento, la innovación y la generación de empleo. Este ecosistema requiere herramientas que faciliten la creación de nuevas empresas, como la simplificación de trámites, el acceso a financiamiento y la promoción de la inversión. Asimismo, es crucial impulsar la innovación a través de la colaboración entre universidades, centros de investigación y empresas, y la inversión privada en ciencia y tecnología.
En este ecosistema, emprendedores, inversionistas, empresas, universidades y gobierno deben interactuar de manera coordinada, sin que ninguno asuma un rol protagónico. La reducción de las regulaciones y la promoción de la colaboración son claves para alcanzar el objetivo común: mejorar la calidad de vida de los colombianos.
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