Reflexiones sobre la “Paz Total” de Petro

Hacer de la Paz nuestra misión como sociedad, requiere una mirada más inclusiva hacia el conflicto colombiano, pero no implica una rendición de los valores humanos ante aquellos que afectan la dignidad de hombres, mujeres y naturaleza. Hasta ahora, es el Estado de Derecho y la democracia los mejores instrumentos que conoce nuestra civilización para impedir la tiranía del miedo y sentar las bases de una sociedad pacífica.


Ningún colombiano está en contra de la Paz, el país necesita reconciliarse y es deber del Estado buscar y garantizar esa Paz privilegiando las vías negociadas. Todo esto es cierto. Sin embargo, la Paz total no debería equivaler a la rendición total del Estado a través de una negociación sin ningún tipo de contexto, marco jurídico diferenciado ni límite institucional frente a los actores armados ilegales y las estructuras criminales que han sido los responsables directos de la violencia en Colombia. No hablo de perpetuar la guerra, hablo de sentar las bases de una Paz política y social duradera.

Es cierto que han existido políticas de paz y de seguridad fallidas que deben cambiarse. Que hayan aproximadamente 200 municipios en los que aún el Estado no ejerza plenamente su autoridad e impere el control de grupos armados ilegales, es una muestra de ello. Pero ni el Estado de Derecho ni los valores democráticos que priorizan la convivencia social pacífica por encima de la violencia, han perdido ni pueden perder. La mayoría de colombianos, pese a todas las dificultades sociales que tenemos, condenamos la lucha armada como causa legítima para afectar los derechos humanos. Así que una verdadera Paz debe ser construida sobre la legalidad, la legitimidad y la justicia que son bases de un Estado social y democrático fuerte, y cuando digo fuerte no me refiero exclusivamente al aspecto militar sino a todo lo que compone sus fundamentos, sus valores y sus capacidades.

Con lo que hasta el momento se ha conocido de la propuesta de Paz Total ¿Qué mensaje le está dejando el actual gobierno a los jóvenes que salen adelante desde la legalidad y los valores éticos? ¿a los ciudadanos que obran a favor de la Paz en sus trabajos y comunidades? ¿a los que han dejado la criminalidad optando por un proyecto de vida que respeta la dignidad humana? ¿a los gobernantes y líderes locales que viven el conflicto en sus territorios?

Yo se que hay personas históricamente excluidas de muchas oportunidades, pero insisto en no caer en el error de justificar la violencia, la justicia por cuenta propia o las reivindicaciones armadas. El reto está en seguir extendiendo, a todos los ciudadanos y todos los territorios, las grandiosas posibilidades que genera la vida en legalidad, democracia y ética cívica. Esta es un buena forma de construir Paz para todos los que creemos en ella sin renunciar a la seguridad como derecho, a la justicia como garantía y a las oportunidades de progreso mediante herramientas como la educación y el empleo.

Hablar de una conversación con todos los actores armados ilegales abre un debate que es necesario, además porque como sociedad debemos estar dispuestos a perdonar y a reconciliarnos, pero precisamente para que la justicia restaure las heridas es necesario también el arrepentimiento sincero de quienes, por la razón que sea, hayan afectado la vida desde la ilegalidad y la violencia, además del compromiso con la no repetición de los hechos violentos.

La inquietud que me genera esta premisa es si las bandas criminales, el Clan del Golfo o las disidencias de las Farc (que nunca se sometieron o incumplieron los acuerdos) tienen realmente una voluntad de paz sustentada en los intereses comunes del país o si por el contrario tienen intereses particulares en sus mafias y rentas ilegales. Debemos tener claro que alrededor de estos Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) gira un fenómeno mucho más complejo que es el narcotráfico. Negociar o pactar con sus capos, por ejemplo, una política de sometimiento y rebaja de penas no resolverá el problema porque el negocio continúa, se renueva con nuevos cabecillas y se dinamiza con una estructura de recursos humanos que le ofrece incentivos económicos a quienes siempre estarán dispuestos a recibirlos.

Este aspecto, junto a otros como el retiro de 20 Generales del Ejército y 21 de la Policía con más de 30 años de experiencia, deben ser muy bien considerados, pues aunque estemos a favor de la Paz, es un error descuidar la política de seguridad mientras se establece una política de Paz que aún genera muchas incertidumbres; además porque los que siguen sufriendo y padeciendo los distintos tipos de conflictos en los territorios, son los colombianos.

Hacer de la Paz nuestra misión como sociedad, requiere una mirada más inclusiva hacia el conflicto colombiano, pero no implica una rendición de los valores humanos ante aquellos que afectan la dignidad de hombres, mujeres y naturaleza. Hasta ahora, es el Estado de Derecho y la democracia los mejores instrumentos que conoce nuestra civilización para impedir la tiranía del miedo y sentar las bases de una sociedad pacífica.

Pero ojo, no esperemos a que los gobiernos se pongan de acuerdo en el tipo de Paz que hay que negociar. Hay una Paz que podemos hacer cada uno de nosotros todos los días: la paz interior y la paz con la diversidad.


Otras columnas del autor: https://alponiente.com/author/santiago-oc1/

About the author

Santiago Orozco Carmona

Politólogo y Magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín; diplomado en docencia, currículo y didácticas y en convivencia escolar. Es fundador de la corporación Por la Gente Somos Más y Creador de El Líder Sos Vos. Se ha desempeñado como investigador y escritor en el área de las ciencias sociales, políticas y humanas; docente de básica primaria, secundaria y media durante más de dos años; docente universitario, asesor de despacho y coordinador del Programa de liderazgo "El Líder Sos Vos" de la Secretaría de Educación de Medellín durante el 2016-2019.

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