¿Quieren estudiantes que paguen, pero que no piensen?

 

La Universidad de Medellín mueve más rápido procesos contra estudiantes críticos, que procesos contra irregularidades en títulos universitarios que favorecen políticos.


¿Desde cuándo estudiar en una institución se traduce a estar de acuerdo con cada acción de esta sin tener criterio propio? ¿Se les está olvidando a ciertas universidades que existe el derecho a la libre expresión y a la información?

Desde que se destaparon las irregularidades en el diploma que acredita al senador Julián Bedoya como profesional de derecho, las directivas de la Universidad de Medellín parecen más empeñada en silenciar el escándalo y proteger a los involucrados. ¿No se pasaría página más rápido reconociendo y escuchando las denuncias, y demandas, del grupo más afectado: los estudiantes?

En el último año, hubo dentro de esta institución una campaña de desprestigio contra dos de los líderes estudiantiles, quienes se han empeñado en proteger sus derechos y en alzar sus voces para crear conversaciones que permitan mejorar la Universidad. Sara Jaramillo y Germán Arenas, estudiantes de Derecho de la Universidad de Medellín, fueron acusados de tener vínculos con grupos armados y ser financiados por políticos con intenciones oscuras contra esta Institución.

Sin embargo, la legitimidad que ellos tienen entre gran parte de la población estudiantil, llevó a las directivas -en cabeza del rector César Guerra- a tomar un camino ya familiar en este país: la censura.

No solo podemos pensar que a la Universidad le es más importante proteger unas relaciones politiqueras, sino también parece que las directivas olvidaron -o prefirieron olvidar- la existencia del derecho a la información avalado por la ley 1712 de 2014.

A Germán Arenas le iniciaron un proceso disciplinario el 3 de diciembre del presente año por un artículo de opinión, publicado en este mismo medio el 12 de junio de 2020, por las presuntas faltas de: difusión de escritos con alusiones grotescas, denigrantes, infamantes o amenazantes contra la Institución y el incumplimiento de su deber como estudiante de tratar con respeto a los integrantes de la comunidad universitaria.

Es necesario resaltar que el artículo, “Reforma estatutaria UdeM”, fue escrito como una sátira -detalle que la Universidad parece haber pasado por encima igualmente-.

Entonces, la Universidad de Medellín mueve más rápido procesos contra estudiantes críticos, que buscan proteger la institución y, a su vez, exigen el respeto a sus derechos demandando acceso a la información y transparencia de esta, que procesos contra irregularidades en títulos universitarios que favorecen políticos, casos de abuso y acoso sexual dentro de la Institución y la búsqueda de representación estudiantil en el órgano superior.

En vez de alejarse cada vez más del escándalo, las directivas de la Universidad de Medellín parecen decididas a seguir un camino que les quita legitimidad cada vez más no solo entre sus propios estudiantes, también dentro de la comunidad universitaria de la ciudad. ¿Quieren estudiantes que paguen, pero que no piensen?

About the author

Gabriela Fuentes Arias

Soy estudiante de Comunicación social en la Universidad EAFIT, sigo (re)conociendo el mundo.

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