¿Quién debe regular la virtualidad?

“No podemos normalizar los ciberdelitos como cosa de ´gente que sabe mucho´ ni tampoco podemos estar condenados a vivir navegando en un mar de desinformación y no se trata de “sino te gusta no lo uses” se trata de un control y un orden que se deben tener”


 Después de un año y medio de pandemia son muchos los retos que enfrentan los diferentes gobiernos alrededor del mundo para recuperarse y avanzar en su reactivación económica, pero sin duda alguna un objetivo que debe ser fundamental es reforzar los temas que desenlaza todo lo que es la virtualidad y lo que significa el avance tecnológico, que cada día es más rápido.

La virtualidad implicó muchos cambios en nuestras vidas, teletrabajo, relaciones sociales prácticamente nulas y restricciones de las movilidades hasta para las ´vueltas´ del diario. Esto generó un aumento en dos factores nocivos: uno, los ciberdelitos y abre el tema de la necesidad de invertir en ciberseguridad y dos, la desinformación como herramienta de manipulación.

Una investigación de la Universidad Militar Nueva Granada en 2015 (Acceda aquí al estudio) afirma que en el año 2013 alrededor de seis millones de colombianos fueron víctimas de delitos cibernéticos, una cifra bastante preocupante que debió prender alarmas de inmediato y que se tuvo que tomar medidas urgentes para contrarrestar este problema. Si bien, en la modificación que se le hizo al código penal en 2009 se estableció con mayor claridad los delitos cibernéticos e informáticos, pues entre mayor acceso a la tecnología exista, mayor probabilidad habrá para ser víctima de un famoso llamado ´hacker´ que pretenda robar información. Lastimosamente a la hora de recolectar las pruebas suficientes para una respectiva acusación son pocas las que se pueden hallar y esto dificulta el debido proceso. Es por eso que el estado debe garantizar la ciberseguridad de todos sus ciudadanos, la investigación muestra las diferentes medidas y documentos que se han elaborado desde el estado para combatir la ciberdelincuencia, sin embargo, concluye que los resultados no han sido exitosos y deben mejorarse. En estos tiempos donde la virtualidad cada vez más remplaza las acciones que desempeñábamos antes de manera presencial, es necesario tener una ciber seguridad que nos brinde garantías a la hora navegar o usar las diferentes plataformas y correos electrónicos, pues escándalos como los del paro nacional cuando Anonymous hackeó cuentas y correos electrónicos de congresistas y militares no pueden normalizarse ni pasarse por alto, se trata de seguridad, que además es un derecho.

Ahora respecto a lo de la desinformación o las famosas ´fake news´ el problema se vuelve mayor. Pues cuestiona varias cosas ¿Hasta donde llega mi libertad de expresión y de opinar? Aunque muchos se escudan que solo están ejerciendo sus derechos fundamentales se olvidan que también hay unos deberes y que uno de ellos es no ser creador o difusor de mentiras o calumnias que pueden afectar el buen nombre de terceros.

Y es que en esto los medios de comunicación juegan un papel importante, pues se encargan muchas veces de abrir sus espacios para que personas con otras intenciones hagan grandes daños o tergiversen información con temas de interés general, un ejemplo: la vacunación masiva contra el covid-19. El daño que muchos causan cuando difunden información falsa acerca de las vacunas es enorme que no tiene proporcionalidad, pues al momento que usted lo reenvía, alrededor de 5 personas hacen lo mismo y así sucesivamente, ¿hasta donde llega el poder de ese reenvío? Aunque muchos pretendan que poco influye, la verdad es que genera daños gravísimos, pues como se pudo observar en EE.UU. las personas no se querían vacunar por mitos o cadenas de desinformación que se difundían por redes sociales como WhatsApp y Twitter.

Después del ataque al capitolio por parte de seguidores de Trump y posteriormente de unas declaraciones falsas que publicó en Twitter, plataformas como Facebook, YouTube y el mismo Twitter decidieron implementar medidas para controlar esta información falsa. ¿Pero hasta donde llega la neutralidad de estas compañías a la hora de revisar sus publicaciones por contenido falso? Es complicado saber hasta dónde llega el rasgo de neutralidad de una compañía privada que tiene sus propios intereses a la hora de ver la veracidad de una información que se está publicando, por esto necesario que sea un ente del estado el encargado de verificar y posteriormente de sancionar a quien difunda o publique información falsa.

No se trata de controlar a las personas o de espiar sus contenidos, se trata de seguridad y transparencia a la hora de navegar por redes, no se puede tolerar unas redes llenas de mentiras y que se difunda al punto de volverse una ´verdad´ que pretendan imponer algunos. Tanto las personas que cometen delitos cibernéticos como las que difunden información falsa deben acarrear unas consecuencias, pues si bien los funcionarios públicos deben hacerlo por ´deber´ y sentencias de la Corte Constitucional, pero ¿Dónde quedan los youtubers, influencers e incluso periodistas que difunden información falsa entre sus miles de seguidores y no se retractan de ello? Todos debemos ser conscientes del momento que atravesamos y es que en un país tan polarizado como el nuestro no se puede estigmatizar ni señalar a nadie y menos sin fundamentos o pruebas de ello.

No queda duda de los factores que debemos empezar a estudiar y analizar para darle pronta solución a los problemas que la virtualidad trae. Pues no podemos normalizar los ciberdelitos como cosa de ´gente que sabe mucho´ ni tampoco podemos estar condenados a vivir navegando en un mar de desinformación y no se trata de “sino te gusta no lo uses” se trata de un control y un orden que se deben tener.

Juan Sebastián Marín

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