¿Quién conoce más el territorio que los mismos territorios?

Book fotográfico de Medellín 2016 / Medellin Convention and Visitors Bureau
     

La regulación de los bienes públicos de las entidades territoriales es una asignatura pendiente en el país. La tradicional falta de interés por parte de los gobiernos nacionales en darle la relevancia a este tema no ha permitido potenciar el beneficio social y económico que los bienes públicos deben generar. Los municipios cuentan con muy pocas herramientas en la actualidad y siguen aplicando las normas del Código Civil de hace ya 150 años.

Es cierto que a nivel nacional se han realizado avances en materia de saneamiento, formalización y gestión con las Leyes 1955 de 2019, 2044 de 2020, 2079 de 2021 y 2140 de 2021, y se han promovido importantes reformas como la transformación de baldíos urbanos, la transferencia entre entidades públicas y la creación de derechos reales administrativos. Pero, también lo es, que la falta un sistema coherente, claro y preciso que dé respuestas a los retos de gestión y contractuales, así como la resistencia de los órganos nacionales a utilizarlos es fuente de innumerables dificultades.

Desde la Alcaldía en el Plan de desarrollo Medellín Futuro, se avanza en el Programa “Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión” bajo el cual han hecho importantes esfuerzos regulatorios y administrativos para consolidar el ciclo de los bienes públicos: identificación, saneamiento, conservación, gestión y valorización.

Con este propósito, se ha logrado implementar una política integral que incluye el saneamiento de la titularidad pública, la recuperación de bienes públicos inmobiliarios, la consolidación de la seguridad jurídica contractual, la implementación de un modelo de administración de Plazas de Mercado y la unificación de las reglas de administración de los bienes fiscales municipales.

Esa tarea, sin embargo, no es suficiente sin el compromiso del gobierno nacional, que promueva el diseño y unificación de reglas claras de administración de la propiedad pública municipal, a través de la cual se logre su valorización social y económica, y de un decidido apoyo presupuestal en la creación de infraestructura para prestar los servicios públicos sociales a cargo de los municipios y distritos. Se trata de la subsistencia de las entidades territoriales y de garantizar, como lo exige el artículo 362 de la Constitución Política, que ellas puedan gestionar sus bienes de manera eficiente.

Esa tarea, sin embargo, trae retos en los que se aplaude la apuesta para la “Democratización del espacio urbano” y que sin duda deberá tener en consideración, entre otras:

  • La creación y unificación de reglas claras de administración de la propiedad pública municipal, a través de la cual se permita su valorización social y económica, y de un decidido apoyo presupuestal en la creación de infraestructura para prestar los servicios públicos sociales a cargo de los municipios y distritos.
  • Facilitar herramientas desde el gobierno nacional para la gestión de bienes y activos para el desarrollo de los territorios, desde los municipios y no desde el gobierno central.
  • Hacer efectivos los principios de concertación y coordinación con las entidades territoriales para la gestión de la riqueza urbana y rural.

El Distrito de Medellín está dispuesto a ser un actor principal en el diseño e implementación de estas políticas de valorización del patrimonio municipal. El trabajo ya está avanzado, en Medellín se han identificado aproximadamente 2800 bienes fiscales cuya gestión podría beneficiarse de una política más decidida liderada por el Gobierno Nacional que ya se avizora.

About the author

Karen B. Delgado M.

Abogada de la Universidad Libre de Colombia, Especialista en Derecho Administrativo de la misma universidad y candidata a magíster en Gobierno y Desarrollo de Entidades Territoriales de la Universidad Externado de Colombia.

Actualmente ostenta el cargo de Secretaria de Suministros y Servicios de la Alcaldía de Medellín cargo que ocupa desde enero de 2020, se ha desempeñado como abogada en entidades públicas como la dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Personería del Municipio de Mosquera, la Alcaldía de Fusagasugá.

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