Proliferación de demandas contra el Estado: mirada en el sector minero-energético. Parte II

Finalizando el año pasado escribí una columna denominada “Proliferación de demandas contra el Estado: mirada en el sector minero-energético”[i], en la que se hablaba de la eventual cascada de demandas que se generarían en contra del Estado por su responsabilidad en los posibles cierres de proyectos mineros, y es que precisamente, recientemente el Presidente Gustavo Petro anunció el cierre de un proyecto minero en Jericó, Antioquia, sin referirse específicamente a cual, siendo un secreto a voces que se trata del proyecto de Quebradona.

Este anuncio que realizó el presidente bajo unas declaraciones en una participación pública en el Municipio de Jericó en el Departamento de Antioquía, estuvo además empañada por denuncias de las personas a favor de la minería por diferentes irregularidades para garantizar la participación pública de todos los actores en igualdad de condiciones.

Ahora bien, bajo el marco de una posible demanda en contra del Estado colombiano, no está de más afirmar que dicho anuncio presidencial carece de legalidad, puesto, que dicho cierre debe darse bajo un postulado administrativo o judicial, no en una declaración pública, lo que nos muestra que el grado de populismo puede más que los mismos intereses económicos del país, sin mencionar que el cierre de este proyecto de cobre, además de un impacto directo en regalías, trabajo, etc., es una necesidad para la transición energética abanderada por el mismo Presidente de la Republica.

Sumado a lo anterior, el presidente Petro, también reafirmó en una declaración, la reevaluación de los títulos mineros ya otorgados, lo que podría dejar entrever que su búsqueda es el cierre de proyectos a “dedo”, puesto que no lo hace bajo el marco de la fiscalización, seguimiento y control a las obligaciones mineras, aplicando el régimen sancionatorio y respetando principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, como el Debido Proceso, El Derecho de Defensa y por su puesto la Seguridad Jurídica.

De acuerdo con lo anterior, podría uno tratar de adelantarse a los hechos, y se podría imaginar un futuro con unos títulos mineros cancelados por demagogia y populismo, y otros que continuarán con su labor por su acercamiento al Gobierno, pasando a proyectos mineros de allegados y no de responsabilidad minera y minería bien hecha per se.

Esto no quiere decir, que un proyecto minero que tenga acercamientos al Gobierno realice minería inadecuada, solo que la toma de decisiones para determinar qué proyectos continúan y cuales no, no se tomará con las evaluaciones técnicas, económicas, ambientales y sociales que debieran ser, respetando nuestro ordenamiento jurídico y con las herramientas del actual Código de Minas, que, por cierto, también se pretende modificar, tal y como lo ha dado a conocer el presidente Petro.

A propósito de la Fiscalización, Seguimiento y Control en minería, podría significar una puja política la reciente Resolución No. 104 expedida por la Agencia Nacional de Minería -ANM- el pasado 13 de enero de 2023 (antes de las declaraciones del presidente Gustavo Petro en Jericó) pasando la Fiscalización de los Proyectos de Interés Nacional y Proyectos de Interés Nacional Estratégico – PINE – en Antioquia a su propia competencia, facultad que tenía la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, por delegación del Ministerio de Minas y Energía. Dichos proyectos son propiamente el mismo Proyecto de Quebradona (curiosamente) que es el título 5881, Gramalote: 14292, el proyecto de Buriticá: P7495011 y el proyecto Mineros Aluvial: R57011.

Por otro lado, el viceministro del trabajo, Edwin Palma Egea, en su cuenta de Twitter[ii] anunció la Agenda de la subcomisión de reforma laboral 2023, y en el punto 9 de los presupuestos de la agenda, anuncio desde su cartera, la “descarbonización”, mostrando el paso a la ejecución de los anuncios del presidente Petro.

A excepción del punto de limitación en la competencia de fiscalización por parte de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, la sumatoria de los hechos recientes del Gobierno Nacional y las declaraciones de la ministra de Minas citadas en la columna anterior, nos siguen aportando pruebas de los cierres antitécnicos de los proyectos mineros y las responsabilidades del Estado que tendremos que asumir todos los colombianos con nuestros impuestos, más el impacto económico directo en regalías, puestos de trabajo e inversión social que perderá el país.