Colombia está a punto de abrir un debate que no debería reducirse a escoger entre quienes defienden a los animales y quienes defienden el uso de perros en seguridad privada.
Ese planteamiento sería demasiado simple para un problema mucho más complejo.
El Proyecto de Ley 010 de 2026 impulsada por la senadora Esmeralda Hernández propone prohibir de manera progresiva y definitiva el uso de perros en labores de vigilancia y seguridad privada en Colombia. No se trata de una modificación menor: el texto establece que, transcurrido un año desde su entrada en vigencia, las empresas de vigilancia no podrán seguir utilizando perros y tampoco podrán contratarlos las entidades públicas o privadas sujetas al ámbito de aplicación de la iniciativa.
Como profesional que lleva años trabajando alrededor de los perros de trabajo, considero que hay algo que Colombia tiene la obligación de discutir antes de tomar una decisión de semejante magnitud:
¿Dónde está el estudio sobre las personas que viven de esta actividad?
Porque detrás de cada perro de trabajo no existe únicamente un manejador.
Existe toda una economía.
No estamos hablando solo de perros
Cuando una persona observa un binomio canino prestando un servicio de vigilancia puede creer que la cadena termina allí: un perro y una persona.
Pero para que ese binomio llegue a trabajar han intervenido muchas otras personas.
Hay entrenadores que seleccionan y preparan los ejemplares.
Hay instructores que forman a los manejadores.
Hay veterinarios responsables de su salud.
Hay auxiliares veterinarios.
Hay cuidadores.
Hay personal de unidades caninas.
Hay supervisores y coordinadores.
Hay conductores y personal logístico.
Hay criadores especializados.
Hay fabricantes y vendedores de traíllas, arneses, bozales, guacales, elementos de entrenamiento y equipos especializados.
Hay empresas productoras y distribuidoras de alimento.
Hay laboratorios veterinarios.
Hay farmacias.
Hay escuelas de capacitación.
Hay centros de entrenamiento.
Hay transportadores.
Hay trabajadores administrativos.
Hay familias detrás de todos ellos.
Por eso, cuando se habla de eliminar el perro de trabajo de una actividad económica, no se está interviniendo únicamente una relación hombre-animal.
Se está interviniendo una cadena productiva.
Y una política pública seria tiene que medirla.
Nuestro cálculo preliminar: más de 9.000 empleos podrían estar vinculados
En un ejercicio preliminar de caracterización socioeconómica que hemos desarrollado sobre la cadena K9 asociada a la vigilancia privada, construimos tres escenarios: conservador, base y alto.
El escenario central estima aproximadamente 9.431 empleos o equivalentes laborales directos e indirectos alrededor del universo de perros analizado.
No estoy diciendo que exista un registro oficial que certifique exactamente 9.431 trabajadores.
No existe.
Precisamente ese es parte del problema.
Esta cifra corresponde a una estimación técnica, construida a partir del número de animales del sector, las necesidades de manejo, entrenamiento, supervisión, bienestar, veterinaria, logística y actividades indirectas.
El rango estimado se encuentra aproximadamente entre 7.200 y 11.600 empleos o equivalentes laborales.
Y aquí aparece una primera pregunta para el Congreso:
¿Puede prohibirse completamente una actividad sin conocer previamente cuántas personas dependen económicamente de ella?
El problema no termina en el trabajador
Para dimensionar el efecto social utilizamos una referencia promedio de personas por hogar.
En el escenario central, esas aproximadamente 9.431 fuentes de trabajo podrían relacionarse económicamente con cerca de 27.000 personas dentro de sus hogares.
Esto tampoco significa que 27.000 personas quedarían automáticamente desempleadas o sin ingresos al aprobarse la ley.
Sería irresponsable afirmarlo.
Lo que significa es que existe una población potencialmente expuesta que merece ser identificada antes de modificar estructuralmente el sector.
Porque detrás del manejador canino puede existir una familia que paga arriendo, alimentación, educación, transporte y servicios con ese ingreso.
Detrás del entrenador existe otra.
Detrás del cuidador, otra.
Detrás del conductor, otra.
La protección animal es una obligación ética y jurídica.
La protección del trabajo también importa.
Ambos temas pueden y deben analizarse simultáneamente.
Una economía que podría mover más de $330.000 millones al año
Nuestro modelo preliminar también calculó el flujo económico identificable alrededor de esta cadena.
En el escenario base estimamos aproximadamente:
$282.930 millones anuales en masa salarial.
A ello se adicionarían aproximadamente:
$16.311 millones en alimentación canina.
$8.125 millones en servicios veterinarios.
$15.799 millones en equipamiento, transporte y logística.
Y cerca de:
$9.028 millones anuales relacionados con selección, formación, reposición y preparación de ejemplares.
El resultado se aproxima a:
$332.000 millones anuales
en flujo económico identificable dentro del modelo.
Quiero hacer una precisión indispensable:
eso no significa que el “PIB K9 colombiano” sea de $332.000 millones.
No sería técnicamente correcto decirlo.
Es una estimación del dinero movilizado por algunos componentes cuantificables de la cadena analizada. Para establecer el verdadero aporte al PIB sería necesario un estudio económico mucho más profundo que evitara dobles contabilizaciones y utilizara, entre otros instrumentos, matrices insumo-producto.
Pero incluso como aproximación inicial, la cifra revela algo:
esta actividad no es económicamente marginal.
Cerca de 742 toneladas de alimento al año
Hay otra manera sencilla de entender la dimensión económica del problema.
Los perros comen todos los días.
Trabajen o no trabajen.
Un cálculo central utilizando aproximadamente 450 gramos diarios por ejemplar arroja un consumo cercano a 742 toneladas de alimento al año dentro del universo utilizado para el estudio.
Eso es mercado para fabricantes.
Distribuidores.
Transportadores.
Comerciantes.
Bodegas.
Puntos de venta.
Trabajadores.
Y lo mismo ocurre con los servicios veterinarios.
Un perro de trabajo requiere vacunación, prevención, diagnóstico, tratamiento, medicamentos, exámenes, atención de lesiones, seguimiento locomotor y eventualmente cirugía.
Por eso la discusión no puede reducirse a cuánto cuesta contratar el servicio canino.
Hay que estudiar toda la cadena que existe detrás.
El proyecto propone reemplazar perros con tecnología
Uno de los puntos más importantes del Proyecto de Ley 010 está en su propuesta de transición.
El texto establece que los prestadores deberán avanzar hacia la sustitución de los perros mediante medidas tecnológicas y humanas, mencionando alternativas como videovigilancia, sensores electrónicos, alarmas inteligentes, controles de acceso, monitoreo remoto, iluminación, rondas humanas y drones.
Estoy completamente de acuerdo en algo:
Colombia necesita modernizar su seguridad privada.
La tecnología debe crecer.
La inteligencia artificial debe incorporarse.
Los sensores deben mejorar.
Los sistemas electrónicos deben integrarse.
Los drones, cámaras térmicas, analítica de video y plataformas de monitoreo hacen parte inevitable del futuro.
Pero hay una diferencia enorme entre decir:
“incorporemos tecnología”
y decir:
“la tecnología sustituye automáticamente todas las capacidades del perro”.
Eso debe demostrarse operacionalmente.
No asumirse.
Una cámara observa.
Un sensor detecta determinadas variables.
Un dron amplía cobertura.
Un perro entrenado desarrolla otra clase de capacidad sensorial y operacional.
La discusión técnica correcta no debería enfrentar perro contra tecnología.
Debería preguntarse:
¿En qué actividades es sustituible?
¿En cuáles no?
¿Cuál tecnología produce resultados equivalentes?
¿A qué costo?
¿Con qué tasa de falsas alarmas?
¿Bajo qué condiciones ambientales?
¿Quién paga la transición?
Eso requiere evidencia.
El propio proyecto demuestra que la transición tiene costos
Hay un elemento llamativo en la iniciativa.
Mientras propone retirar completamente a los perros, simultáneamente establece obligaciones durante la transición: reducción de jornadas a máximo cinco horas, prohibición de turnos nocturnos, prevención osteomuscular, controles sobre confinamiento, monitoreo audiovisual, auditorías y otras obligaciones de bienestar.
Muchas de esas medidas merecen discusión técnica y varias apuntan en una dirección que comparto: fortalecer el bienestar animal.
El proyecto también propone un Plan Nacional de Registro, Retiro y Adopción, con seguimiento al estado de salud, ubicación, historial y proceso de retiro de cada animal.
Además contempla rehabilitación física y comportamental, adopciones responsables y seguimiento posterior, incluyendo la posibilidad de entregar al animal a su manejador cuando resulte viable.
Eso es importante.
Pero surge otra pregunta:
¿por qué no aplicar el mismo nivel de trazabilidad a las personas?
Si vamos a registrar qué ocurrirá con cada perro, también deberíamos saber qué ocurrirá con cada manejador, entrenador, instructor, cuidador y trabajador cuya actividad desaparezca.
Bienestar animal sí. Maltrato no.
Hay algo que quienes trabajamos profesionalmente con perros debemos decir sin ambigüedades:
maltratar un perro no es trabajar profesionalmente con un perro.
Un animal desnutrido, lesionado, sometido a jornadas inadecuadas, abandonado en un puesto, expuesto irresponsablemente al clima o entrenado mediante prácticas que generen sufrimiento injustificado no representa al profesionalismo K9.
Representa una falla.
Y debe ser sancionada.
El proyecto sustenta buena parte de su justificación en la existencia de riesgos, estrés, deterioro físico y emocional y en denuncias sobre condiciones inadecuadas.
Esas denuncias no deberían minimizarse.
Deben investigarse.
Y donde exista maltrato deben existir consecuencias.
Pero de ahí nace precisamente la discusión de fondo:
¿la respuesta a las malas prácticas debe ser eliminar toda la actividad o elevar radicalmente el estándar profesional y de bienestar?
Son dos políticas públicas diferentes.
Colombia aprobó una regulación en 2025. ¿Ya sabemos que fracasó?
La exposición de motivos cuestiona la Ley 2454 de 2025 porque esta optó por regular, en lugar de prohibir, el uso de perros en vigilancia privada. El propio documento reconoce que esa ley estableció condiciones relacionadas con edad, alimentación, descanso y lugares destinados a los animales, aunque considera insuficiente ese enfoque.
Aquí existe una discusión legítima.
Pero también una pregunta temporal:
¿ha transcurrido suficiente tiempo para evaluar integralmente los resultados de una regulación expedida apenas en 2025 antes de reemplazarla por una prohibición total?
El proyecto argumenta que entre 2024 y 2025 hubo un aumento del 10,4 % en el número de perros vinculados a estas actividades y presenta ese comportamiento como evidencia de insuficiencia regulatoria.
Ese dato merece analizarse.
Pero aumento del número de perros y deterioro del bienestar no son exactamente la misma variable.
Para demostrar que la regulación fracasó en proteger el bienestar habría que medir adicionalmente indicadores como:
lesiones,
mortalidad,
enfermedades laborales,
horarios efectivos,
condiciones de alojamiento,
sanciones,
hallazgos veterinarios,
cumplimiento empresarial,
abandono,
retiro,
calidad del entrenamiento
y reincidencia de empresas infractoras.
Sin esa información, podemos conocer el tamaño de la población canina, pero no necesariamente la calidad de vida de esa población.
El caso de Bogotá merece análisis, pero no puede convertirse automáticamente en regla nacional
La exposición de motivos incluye un caso de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá que sustituyó servicios con perros por otros esquemas de seguridad y tecnología.
Según la información incorporada al proyecto, el servicio que incluía caninos tenía un costo mensual de aproximadamente $58,8 millones, mientras que posteriormente los contratos sin caninos registraron alrededor de $57,2 millones mensuales. El documento proyecta un ahorro anual cercano a $11,1 millones.
Ese es un antecedente interesante.
Pero una experiencia contractual particular no demuestra necesariamente que todos los servicios K9 de Colombia sean operacionalmente innecesarios.
Una sede administrativa urbana no es igual a:
un complejo industrial,
una instalación crítica,
un puerto,
una bodega,
una infraestructura extensa,
una zona rural
o una operación de detección especializada.
Las decisiones de seguridad deben partir del riesgo.
No de una solución única para todos los escenarios.
Falta algo en el proyecto: el estudio socioeconómico de la cadena
La propia exposición de motivos contiene un capítulo denominado “Impacto Fiscal” y sostiene que la iniciativa no impone un gasto público específico que genere incompatibilidad con las reglas fiscales aplicables.
Pero impacto fiscal e impacto socioeconómico no son lo mismo.
Una ley puede no ordenar directamente una apropiación presupuestal y, al mismo tiempo, transformar profundamente una actividad económica.
Por eso considero que antes de votar una prohibición definitiva debería existir, como mínimo, una caracterización nacional de:
número real de perros activos,
número de manejadores,
instructores,
entrenadores,
veterinarios vinculados,
cuidadores,
centros K9,
empresas,
proveedores,
escuelas,
empleos indirectos,
masa salarial,
aportes a seguridad social,
inversión empresarial,
costos de sustitución tecnológica
y familias dependientes de la actividad.
Hoy ese censo no existe.
Y legislar sin él significa tomar una decisión sobre una población que ni siquiera ha sido completamente medida.
Una tercera vía es posible
Este debate no tiene que resolverse entre dos extremos:
permitir cualquier cosa
o
prohibirlo todo.
Colombia podría construir el estándar de bienestar y profesionalización K9 más exigente de América Latina.
Registro individual obligatorio.
Microchip.
Historia clínica interoperable.
Auditoría veterinaria independiente.
Límites estrictos de jornada.
Indicadores de estrés y salud.
Certificación periódica de manejadores.
Certificación técnica de entrenadores.
Inspecciones sorpresivas.
Trazabilidad digital.
Cámaras en instalaciones.
Protocolos de transporte.
Planes obligatorios de retiro.
Fondos empresariales para jubilación y adopción.
Sanciones ejemplares para quien incumpla.
Y retiro inmediato de cualquier perro cuya condición física o conductual sea incompatible con el trabajo.
Eso también es bienestar animal.
Y probablemente constituye un debate mucho más sofisticado que asumir que todo trabajo canino equivale a explotación.
El Congreso debe medir antes de eliminar
El propósito de este artículo no es negar que existen problemas en la actividad.
Existen.
Tampoco es defender prácticas incorrectas.
Deben desaparecer.
Mucho menos significa oponerse a la evolución tecnológica de la seguridad.
Debe acelerarse.
Mi llamado es diferente.
Antes de eliminar una actividad completa, Colombia debe saber qué está eliminando.
No solamente cuántos perros.
También cuántos empleos.
Cuántas familias.
Cuántas empresas.
Cuántos profesionales.
Cuánto conocimiento especializado.
Cuánto dinero circula.
Qué capacidades operacionales desaparecerán.
Qué tecnología puede sustituirlas realmente.
Y cuánto costará hacerlo.
Nuestro ejercicio preliminar estima que la cadena relacionada con los perros de vigilancia privada podría involucrar alrededor de 9.400 empleos o equivalentes laborales, tener incidencia económica sobre cerca de 27.000 personas en sus hogares y movilizar aproximadamente $332.000 millones anuales entre salarios y componentes identificables de la cadena productiva.
Son estimaciones.
Precisamente por eso necesitamos que el Estado produzca cifras definitivas.
Porque una ley que pretende proteger a los animales también debe ser capaz de mirar a los ojos a miles de trabajadores y explicarles, con datos y no con aproximaciones, qué ocurrirá con su futuro.
El bienestar animal no debería enfrentarse al empleo.
La tecnología no debería enfrentarse al perro.
Y la protección animal no debería enfrentarse a la técnica.
El verdadero reto para Colombia es construir un modelo donde bienestar, seguridad, profesionalización y desarrollo tecnológico puedan coexistir.
Antes de prohibir, midamos.
Antes de reemplazar, demostremos equivalencia.
Antes de destruir una cadena productiva, sepamos realmente cuántas personas viven de ella.
Ese es el debate que merece el Congreso de la República.
Comentar