“Las especulaciones frente a casi todos los temas de actualidad pululan pero no todas son veraces y confiables, por lo que es ineludible identificar la raíz de los problemáticas en lugar de vivir parcialmente informados o completamente desinformados.”
El trabajo informal en Colombia es una realidad que indiscutiblemente ha tomado fuerza. En cada semáforo encontramos familias enteras realizando diversas actividades, en donde ni el menor de la casa está exento de laborar. Aunque en su mayoría encontramos grupos familiares de procedencia afrodescendiente, este factor no obedece estrictamente a que sea la población que más se reproduce como algunos mal suponen.
Sabemos que una de las mayores problemáticas sociales en Colombia es la pobreza, según los informes entregados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el índice de pobreza develó que de cada 100 personas 27 están en condición de precariedad y parte de los factores intrínsecos en esta problemática es el aumento exponencial del número de habitantes.
Conforme a las estadísticas vitales de nacimiento en el departamento del Valle del Cauca entregadas por el DANE, en el año 2018, la población de pertenencia étnica negra, mulata, afrocolombiano o afrodescendiente presentó en el cuarto trimestre la totalidad 2.072 nacimientos, mientras que la población indígena presentó 66, las poblaciones identificadas como gitana y palenqueros de San Basilio presentó tan solo 1 nacimiento respectivamente. Por su parte el resto de la población que no se identifica en ningún grupo racial, registró 9.861 alumbramientos, cifra que sobrepasa en un 70% la tasa de natalidad de la población afrodescendiente.
Por lo cual, asegurar que la problemática en torno al trabajo informal en semáforos, la mendicidad y la explotación infantil se debe a un aumento desmedido de la población afrodescendiente es un argumento sesgado.
Sí hay una lucha intermitente por erradicar prácticas como éstas en las que los menores de edad se ven involucrados, no obstante el Estado ha venido tomando medidas desde el Ministerio de Educación impulsando a que los espacios escolares sean mayormente aprovechados por los docentes y estudiantes, con el ánimo de mejorar la calidad de los procesos formativos y contrarrestar los efectos negativos de la sobrepoblación en general.