En la base de todos los problemas del sistema de salud de Colombia –e igual sucede con los de los demás sectores del país– está que creamos muy poca riqueza por habitante, cantidad que determina el recaudo del Estado por impuestos y lo que puede gastar en todas sus obligaciones.
Porque sufrimos por un capitalismo que crea escasos 6.000 mil dólares de riqueza por habitante al año, en tanto, por ejemplo, en Estados Unidos crean 70.430, en Alemania, 50.801 y en Francia, 43.518. De estas cifras sale que en 2019 el gasto público en salud por persona en Colombia fue de apenas 495 dólares, 22, 11 y 9 veces menos que el de esos países, respectivamente.
Los colombianos entonces no podemos seguir olvidando nuestra debilidad estructural para disfrutar de la mejor salud, así haya avances que es necio negar, y que la actual reforma –que ya tiene cinco proyectos de ley y puede hundirse– debe priorizar dos grandes temas. 1. El financiero, sobre el total de plata que se tiene en el sector y cómo acrecentarla en términos reales y gastarla de la manera más eficiente. 2. En qué invertirla y en qué porcentajes: prevención de la enfermedad y curación, infraestructura clínica y hospitalaria, medicamentos, deudas a las IPS, costos de las EPS, mejores condiciones laborales y un largo etcétera.
Aumentar los recursos públicos es muy difícil, dado el capitalismo subdesarrollado de los 6.000 dólares y el amplio déficit fiscal, lo cual no exime al gobierno nacional de aportar más. Pero es obvio que la parte fundamental de los recursos adicionales al real servicio de la salud solo puede salir del uso eficiente de los que ya tiene el sector, a partir de mejorar la promoción y la prevención –lo que no ocurrirá de un día para otro–, reducir de verdad la corrupción y las ganancias excesivas y aumentar la eficiencia en el gasto.
La Supersalud no puede seguir siendo una entidad enclenque que simula perseguir a ladrones e ineptos. Si hay que crear una fuerte sección en la Contraloría para vigilar a las EPS y al sistema de salud, pues hay que hacerlo, porque son bien gastados los dineros públicos que impiden que se los roben o los malbaraten. Se oyen propuestas.
Luis Jorge Garay calculó que las utilidades de las EPS son excesivas, del orden del veinte por ciento, unos once billones de pesos el año pasado. Los porcentajes de esas ganancias deben pactarse con el Estado, por lo menos sobre los recursos públicos. Si las tasas de utilidad de las empresas de electricidad –sobre su propia plata– se negocian con el Estado, ¿por qué no en la salud? Y hay que promover EPS privadas sin ánimo de lucro, porque si ese sistema funciona en las clínicas también puede funcionar para este efecto.
A partir de un acuerdo nacional sobre los puntos anteriores, porque sin más plata para la salud no hay paraíso, deben darse otros acuerdos: fortalecer la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la salud pública y la medicina familiar. No a la integración vertical. Derechos de salud iguales para todos, con una sola UPC. Manual tarifario único. El SOAT no debe ser una rueda suelta con fallas gravísimas. Compras centralizadas de medicamentos e insumos y respaldar su producción en Colombia. Apoyar la más amplia y mejor formación de los médicos y demás trabajadores de la salud. Contratación laboral directa con todas las prestaciones sociales. Y un especial cuidado en resolver los graves problemas de la red pública hospitalaria, imposible de reemplazar por la actividad privada.
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