La iniciativa es contra el alcalde, pero carece de argumentos contra sus decisiones sobre temas sustanciales de ciudad.
Aunque la renuncia de la Junta Directiva de EPM el pasado agosto fue el catalizador, lo cierto es que la iniciativa de revocatoria al alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle se viene promoviendo en redes sociales desde antes del inicio de la pandemia. Ya desde entonces, era notorio que el argumento principal de sus promotores se basaba en objetar quién ostenta formalmente el poder (es decir, el alcalde), más que en objetar las decisiones sobre cuestiones sustantivas (educación, salud, urbanismo, etc.), que es donde debería radicar el debate político.
Para que la pretensión de revocatoria a Quintero prospere, se requiere más que recoger firmas. Además de los 91 mil apoyos necesarios para presentar la iniciativa ante la Registraduría. Además de argumentar «insatisfacción ciudadana», sus promotores deben demostrar que el alcalde de Medellín ha incumplido su programa de gobierno (Ley 131 de 1994 y Ley 134 de 1994) y, según normativas posteriores (Ley 152 de 1994, y fallos de la Corte Constitucional), el incumplimiento de su Plan de Desarrollo, aprobado por el Concejo de Medellín el 31 de mayo de 2020. Nada más lejos de la realidad.
Así está el panorama
Durante los primeros seis meses de su administración, Quintero, al igual que cualquier otro alcalde colombiano, iba dando cierre al Plan de Desarrollo de su antecesor, con presupuestos aprobados desde la administración anterior. Si bien algunas de las promesas de campaña no se han materializado en un 100 %, la presente administración ha ido cumpliendo, paso a paso y en la medida que lo ha permitido la pandemia, su Plan de Desarrollo, y orientado a la reactivación económica tras la cuarentena.
Prueba de ello son la aprobación del CONPES y el visto bueno del presidente Iván Duque al Metro Ligero de la 80 (archivado por la administración anterior), las becas con Sapiencia, el desarrollo en corregimientos con el programa Agro-Alimentario como apoyo a productores rurales para alcanzar la seguridad alimentaria de la ciudad, la Escuela de Inclusión, la ampliación de cobertura al subsidio municipal de vivienda, los estudios técnicos para los diferentes proyectos estratégicos de urbanismo y los alivios económicos para pequeños empresarios, entre otros.
A esto se suman las decisiones de la Alcaldía en temas sustantivos de ciudad (educción, salud, inclusión, vivienda, infraestructura, urbanismo) como el acertado manejo de la pandemia por parte de la Secretaría de Salud, una reducción significativa en delitos y homicidios y la «Matrícula Cero» para estudiantes de las tres instituciones de educación superior (IES) de la ciudad.
En cuanto a EPM, el debate de control político citado por el concejal Alfredo Ramos Maya evidenció la resistencia de algunos grupos de interés (entre ellos el Sindicato de Profesionales de EPM (SINPRO)) a trabajar de la mano con el actual gerente, también fue claro que otros actores hicieron sentir sus voces denunciando los pésimos manejos que tuvo la empresa entre 2004 y 2018, pasados por alto por administraciones anteriores.
Por su parte, el Concejo de Medellín unió voluntades en torno a la necesidad de construir consenso; en lugar de profundizar las contradicciones, se necesita propiciar un acercamiento entre las partes en disputa, restableciendo y fortaleciendo la articulación Empresa-Estado, sin que ello signifique reanudar el maridaje que durante los últimos 15 años ha habido entre EPM y el llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).
Estas voces de acercamiento y conciliación seguramente no cayeron en gracia a los promotores de la revocatoria, entre quienes estarían varios ex funcionarios de Luis Alfredo Ramos como Vicente Ferrer Martínez, Sergio Betancourt Palacio, Daniel Villegas Díaz, Rafael Uribe Uribe y el Dr. Julio González Villa, militante del Centro Democrático, cuyas acerbas críticas a algunos corporados de su partido han sido rechazadas por varios de sus copartidarios. Tal sesgo le resta credibilidad a la objetividad de la iniciativa.
Fracaso anunciado y fracaso repetido
La estrategia de la iniciativa busca que su campaña publicitaria en redes sociales tenga la capacidad de alterar la percepción del ciudadano de a pie sobre la gestión del alcalde y se empeñan en generar un ruido tal que su impacto se refleje en las calles, produciendo el efecto de una «insatisfacción ciudadana».
No se necesita ser experto en marketing político, psicología política o psicología de masas para deducir que esta campaña sigue un patrón similar al visto durante la fase final de la campaña electoral de 2019, cuando un número considerable de candidatos centró sus campañas, no en propuestas para la ciudad, sino en ataques a Daniel Quintero.
Y esta estrategia fracasó estrepitosamente.
En una ciudad como Medellín, con problemáticas de empleo, seguridad, vivienda, educación, salud, movilidad y creación de oportunidades, los medellinenses se enfocan más en encontrar soluciones que en buscar a quién echar culpar. Y ahí radicó el secreto del éxito de Quintero: en campaña siempre se abstuvo de atacar a sus oponentes, enfocándose en plantear soluciones. En lugar de crear divisiones, llamó al consenso; en vez de meter miedo, ofreció esperanza. Medellín eligió una alternativa diferente, así los grupos de interés tradicionales se resistan a aceptarlo.
La narrativa de la campaña se basa en vender miedo mediante agitación política, señalando amenazas inminentes donde no las hay, en un intento por minar la gobernabilidad de la ciudad. Recurriendo a un regionalismo trasnochado e invocar una y otra vez el nombre de Dios en sus comunicados, mientras persisten en el matoneo sistemático a funcionarios e incluso a la esposa e hijas del alcalde, con el objetivo de desgastar en opinión a la administración en general, y al alcalde Quintero en particular, en una táctica conocida como «asesinato de carácter»: primero desprestigias y luego justificas.
En resumen, la estrategia busca desestabilizar la gobernabilidad, generar un falso efecto de «insatisfacción ciudadana» en redes sociales y desprestigiar al alcalde, para que la gente «salga a votar verraca».
No nos equivoquemos: quienes impulsan la revocatoria no lo hacen «por amor a Medellín» ni por salvaguardar el bien común: utilizan la revocatoria como herramienta de manipulación y lo que pretenden es volver al poder. Creen en las instituciones cuando están ellos; en la justicia cuando falla a su favor y en la legitimación de la democracia cuando les beneficia. Y se niegan a aceptar que haya personas, distintas a ellos, que estén tomando las decisiones en Medellín.
Cambio de modelo, pese a todo
Todo cambio trae consigo crisis e incertidumbre, y el cambio de poderes aún más. Pero las crisis generan oportunidades. No se genera transformación jugando con reglas del pasado. La propuesta de Quintero se basa en modelos de economía mixta, con participación equitativa de los sectores público y privado y con énfasis en la educación y el desarrollo de tecnología como una estrategia para lograr el desarrollo económico y social.
El mundo dejó atrás el debate «izquierda vs. derecha» desde 1991; en todo el mundo, las políticas se piensan e implementan en otros términos. El modelo tradicional de políticas distributivas e institucionales, con efectos a corto plazo y que generan bajo nivel de conflicto político, le están dando paso a modelos de políticas redistributivas y regulativas que, si bien generan altos niveles de conflicto político por su naturaleza disruptiva, tienen impacto positivo a mediano y largo plazo. Eso lo han entendido tanto en el Concejo de Medellín como en la mayoría de los grupos de interés, y la ciudad sigue adelante.
Medellín avanza, mientras un pequeño grupo de viudos del poder siguen preguntándose, no «por qué perdimos», sino «por qué no ganamos».
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