Opinión Selección del editor

Por la vacuna

El mundo se anima con las vacunas contra el COVID-19. En total, empresas multinacionales, gobiernos, organismos internacionales y centros académicos trabajan en 37 vacunas en fase uno; 17, en fase 2; 13, en fase 3; y, 6 que se aprobaron tempranamente. Las desarrolladas por la americana Moderna y el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos con el apoyo financiero de Washington, la neoyorquina Pfizer y la alemana Biontech, la sueco-británica AstraZeneca y la Universidad de Oxford, el Ministerio de Salud ruso, la también americana Johnson & Johnson, la china CanSino Biologics y el Gobierno liderado por Xi Jinping a través de la Academia de Ciencias Médicas Militares, tienen, de acuerdo con sus creadores, niveles de efectividad que pueden llegar o superar al 90 por ciento.

Cuando esto pasa, la presión en los sistemas de salud crece porque los casos de coronavirus no paran sino que aumentan y la economía mundial sufre un deterioro evidente provocado por la enfermedad y el aislamiento obligado (el Fondo Monetario Internacional prevé para este año un crecimiento global negativo de -4,4%) que no impide que los mercados financieros se alteren (la acción de Pfizer tuvo el alza más alta de su historia el lunes 9 de noviembre, día en que informó la efectividad de su vacuna). Y las naciones del mundo, que hemos cooperado solidariamente para enfrentar la pandemia, ahora, en medio de dificultades enormes, competiremos para adquirir las vacunas que nos permitan inmunizarnos.

El desafío para Colombia será monumental. Al terminar 2020, nuestro PIB será igual al de 2015. Algunos hablan de recesión y pronostican una caída de la economía cercana al diez por ciento. La pobreza y el desempleo aumentan a pesar de la oferta social del Estado: los subsidios, las exenciones y otros alivios no son suficientes. Las distintas formas de violencia no cesan -como el asesinato de diez personas en Betania, en el Suroeste antioqueño. Y el invierno agravado por el fenómeno de La Niña ha sido devastador para la vida y la economía en diferentes lugares del país: a las calamidades ocurridas en Cartagena, Cúcuta, Dabeiba, La Guajira, Lloró y, desde luego, Providencia, hay que sumar muchas más porque son más de trescientos los municipios afectados. En estas difíciles circunstancias, el Gobierno Nacional deberá adquirir la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible para lograr cuanto antes la inmunización de la población. Hay razones para confiar que la actual administración avanzará en la dirección correcta para hacerse con ese medicamento oportunamente.

A pesar de la crítica feroz, el mandato de Iván Duque ha logrado que Colombia tenga, comparativamente, un buen desempeño en el manejo de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, uno mucho mejor que el que quisieran reconocer algunos de sus críticos. Esto no es minimizar la tragedia. Duele que más de un millón doscientos mil colombianos se hayan contagiado y más de 35.000 hayan falleci­­­­­do. Pero, según el observatorio de la Universidad Johns Hopkins y sin salir de América Latina, Colombia tiene menos fallecidos por cada cien mil habitantes que Perú (111,27), Argentina (83,43), Brasil (80,91), México (80,77), Chile (80,65), Bolivia (78,53) y Ecuador (77,41) –nuestra tasa es 71,46. Y contrario al discurso de algunos sectores de oposición según el cual el Gobierno Duque ha privilegiado la economía sobre la vida (dicotomía en todo caso falaz), de acuerdo con el Índice de Severidad de las Respuestas Gubernamentales frente a la COVID-19 elaborado por la Universidad de Oxford, en Colombia no se han implementado medidas menos restrictivas que en otros países con características similares: las políticas de aislamiento adoptadas en Colombia han sido estrictas y duraderas -no es fortuito que distintos grupos, notablemente empresarios y trabajadores, insistan que el país no aguanta otra cuarentena y que son urgentes la adaptación social y la reapertura total de la economía.

De manera que hay motivos para creer en el prudente juicio del Gobierno para cumplir el mandato que esta semana le otorgará el Congreso de la República para obtener las vacunas necesarias para detener la COVID-19.Aunque es un proyecto de ley presentado por el Centro Democrático que tiene mensaje de urgencia del Presidente de la República, es respaldado por casi todos los partidos políticos, incluso de oposición. La iniciativa prevé incentivos tributarios para quienes hagan donaciones para obtener las vacunas, reglas sobre la responsabilidad del fabricante, disposiciones relativas a eventuales litigios, un amplio margen de maniobra al Ejecutivo para llegar a acuerdos con organizaciones públicas o privadas para obtener la vacuna y contratar una póliza de garantía global para cubrir posibles condenas al Estado. A esta altura, la discusión se centra en si la vacuna se suministrará gratuitamente a toda la población o si los estratos cinco y seis deberán pagarla.

Confiando que esta semana se supere esa discusión con una fórmula justa y equitativa sin sacrificar la inmunización universal de la población, mientras llega y se distribuye la vacuna después de sortear las dificultades logísticas intrínsecas de conservarla y transportarla en un territorio con problemas de conectividad, los ciudadanos debemos, entretanto, seguir protegiendo la vida y la salud haciendo lo que está en nuestras manos para contener el avance de la enfermedad durante esta etapa de liberalización de las restricciones a la libertad de circulación. Las acciones del Gobierno solo son eficaces si la responsabilidad es compartida; la responsabilidad, la mejor forma de honrar la libertad, es también ciudadana.