Paz total, ¿es posible construirla en Colombia?

Mi propuesta al ejecutivo será simple: logremos que los territorios más olvidados por el Estado puedan tener acceso a esas mínimas condiciones de vida digna —trabajo, estudio, vivienda y salud— para impedir que haya más incidencia de los actores armados en el reclutamiento de hombres y mujeres para ingresar a la vida de la delincuencia y así se avive el alma de la guerra en el país.


En plena campaña presidencial, el entonces candidato —hoy presidente de la república—, Gustavo Petro, vociferaba en medio de sus discursos de ciudad en ciudad el término de “Paz Total”. Explicaba que el país tomaría un rumbo en sus cuatro años de gobierno inclinado a consolidar las apuestas de paz en el país y en garantizar unas condiciones mínimas de vida digna para todo ciudadano colombiano.

Analizando la propuesta, se decía que, para consumar esa paz total, se debía lograr en este cuatrienio: 1) Acuerdos de paz con todo ente armado que protagoniza el conflicto interno que vive el país —grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, etc.—, 2) Reformas sustanciales a la fuerza pública —teniendo como precedentes los muchos casos de represión policial ocurridos en el marco de las distintas marchas realizadas entre el año 2018 y el 2022 durante el gobierno de Iván Duque—, 3) Cumplimiento total y debido seguimiento al Acuerdo de Paz firmado en La Habana con las FARC, 4) Brindar garantías mínimas de vida digna para todo ciudadano colombiano, etc.

Estos cuatro puntos que expongo sólo son unas pocas partes del apéndice que constituye la propuesta presentada por el Ejecutivo, ahora, las preguntas que me hago son: ¿realmente es posible lograr todo esto que se propone el gobierno en un periodo de 4 años? ¿será pertinente transitar del término ‘paz total’ a ‘paz emergente’? ¿de verdad tenemos garantías de consolidar una ‘paz total’ en 4 años en un país que ha sido víctima de un conflicto constante durante los últimos 70 años? Dentro de mis perspectivas e ideas, puedo responder de forma muy somera a estas preguntas:

Lo primero, es que es evidente que la misión de unir al país en temas de paz y de construcción colectiva es difícil; el resultado del Plebiscito por la Paz realizado en 2016 es un mal precedente para una propuesta tan ambiciosa y que se espera que sea acogida por todos los actores civiles y políticos del país, y eso generaría que este proyecto de ‘paz total’ se extienda a un término superior a los 4 años del gobierno Petro; a eso vamos a sumarle que, en caso tal de que se tengan plenas intenciones de continuar con la avanzada de este plan después del 2026, lo primero que se deberá concretar es la continuidad en el poder de un proyecto político que tenga en sus pilares construir un país en el que la paz sea un eje fundamental de su desarrollo; en caso tal de no tener esa continuidad, ¿acaso volveremos a estar en un cuatrienio de un gobierno frenado en temas de paz? Eso se traduciría en un completo retroceso en esta materia.

Lo segundo, el término de paz emergente lo planteo desde una perspectiva bastante crítica sobre la promoción y la consolidación de la paz en los territorios; es claro que en un proceso de 4 años no habrá una totalidad en materia de paz en ninguna de las regiones del país, eso sería un argumento bastante pasional e idealizado sobre los poderes que tiene el gobierno de llevar esta propuesta a todos los rincones del país, pero lo que sí tenemos claro es que comenzará a emerger al interior de los municipios una intención de construcción de esos procesos, y es por eso que prefiero que dentro de estos cuatro años de Gobierno Petro podamos cambiar el discurso de una ‘paz total’ a una paz emergente.

Y lo tercero, es que ya tenemos unas cifras bastante devastadoras en cuanto al direccionamiento que ha tomado el país para salir de los ambientes guerreristas y armados de los cuales hemos sido víctimas; según Indepaz, en el 2021 fueron asesinados 171 líderes sociales y 43 excombatientes de las FARC, y en lo que ha transcurrido del 2022 hasta escrita esta columna, van 125 líderes sociales y 34 excombatientes de las FARC asesinados; esto se traduce en la completa incompetencia de nuestros gobernantes en alejar de nuestra realidad esa sangrienta forma de actuar en nuestro territorio; ¿seremos capaces de dejar de lado las guerras ideológicas para poder construir esa ‘paz total’ que propone el ejecutivo? Esa es una meta ambiciosa y poco probable de lograr en cuatro años, para eso se necesita una verdadera voluntad política y social de todos nosotros, y lastimosamente, con nuestra cultura de la violencia ya tan aferrada a nuestras raíces, será muy difícil lograr que haya una unanimidad o una amplia mayoría que le apueste a estos procesos.

He ahí mi crítica a lo que sería una de las más grandes y fuertes banderas del nuevo gobierno. Mi invitación a quienes me lean es a no idealizar la propuesta y a no pretender que se cumplan los criterios esperados de forma efectiva y pronta; la paz requiere tiempo, concretar acuerdos requiere tiempo, y lograr una ‘juntanza’ de sectores que unánimemente le apuesten a la paz será un proceso tedioso. Y ahora, mi propuesta al ejecutivo será simple: logremos que los territorios más olvidados por el Estado puedan tener acceso a esas mínimas condiciones de vida digna —trabajo, estudio, vivienda y salud— para impedir que haya más incidencia de los actores armados en el reclutamiento de hombres y mujeres para ingresar a la vida de la delincuencia y así se avive el alma de la guerra en el país. Ese sería un gran primer paso para evitar que la guerra se siga comiendo nuestra historia.


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About the author

Samuel Peña Cano

Estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma Latinoamericana, activista político, líder estudiantil, un apasionado por la paz y la defensa de los Derechos Humanos, y un intento fallido de músico.

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