Participación Política

Resumen y opinión respecto del segundo punto del Acuerdo Gobierno-FARC.

Recordemos que el Acuerdo final entre el Gobierno y las Farc se compone de 6 puntos:

1) Reforma Rural Integral

2) Participación Política

3) Fin del Conflicto

4) Drogas ilícitas

5) Víctimas

6) Mecanismos de implementación y verificación.

En esta columna me centraré en el segundo punto. El texto es de 297 páginas, y se le está a punto de ser resumidas 25 páginas con un anexo en 4 con otras 3 de opinión. Tómese el tiempo de leerse esto detenidamente para que se entere de lo pactado en el segundo punto.

Opiniones previas:

El segundo punto de este acuerdo, a diferencia del primero, ya comienza a ser de los que hacen que la opinión pública salga con fervor a las calles para manifestar con pancartas y banderas su favorabilidad o descontento. Esto, porque nadie está en contra de que la salud o la educación deban llegar al campo colombiano (como se dijo en la Reforma Rural Integral), pero hay quienes están en contra de que, por ejemplo; se le garantice al menos 5 curules mínimas en cada cámara del Congreso al movimiento político que surja de las Farc por dos períodos.

Todo esto se basa en una sola cuestión: éste es el punto que hará que aquellas personas que un día decidieron tomar las armas para cambiar la sociedad en la que se encontraban (al ver que, según el contexto, la mera opinión no lograba nada), sean capaces de tener las garantías suficientes para cumplir eso que tanto querían: hacer política. Sobre este punto hay algo importante por analizar antes de hablar de lo pactado propiamente dicho.

Muchos recordarán de sus clases de bachillerato eso del “Frente Nacional”. Recordemos que, en pocos términos, este significativo episodio de la historia colombiana se basó en un acuerdo negociado entre los dos más grandes partidos de aquella época (el Liberal y el Conservador) para dar un alto a la violencia tan sangrienta que se estaba generando entre ambos por la lucha de unos ideales políticos. Para asegurar este alto a la violencia, ambos llegaron al acuerdo de que se alternarían el poder con el gobierno de turno. Lo que se hace evidente de esto (y por supuesto criticable) es la limitación que hace a otros partidos, movimientos, e ideales de lograr acceder al poder político.

Así como se explicó en el escrito sobre el primer punto (véase Reforma Rural Integral) el origen de este conflicto armado empezó, entre otras cosas, por el intento de exterminación de un conjunto de campesinos que se habían reunido y alzado en armas para presionar al gobierno de adoptar políticas públicas que fueran más amigables con el campesino.

Como ustedes podrán notar, las “políticas públicas amigables con el campesino” a las que hago mención son en general políticas socialistas. Lo que busca el socialismo (que de hecho Colombia ya tiene socialismo en su modelo de Estado, cosa que al parecer la gente no ha entendido, sólo que no tan extremo como en Venezuela); es que el Estado colombiano limite cada vez más ciertas libertades de las personas para buscar un fin que considera mayor: la igualdad de oportunidades y la satisfacción de necesidades humanas mínimas. Para entender esto les puedo explicar: todo individuo tiene como libertad individual la capacidad de crear su propia empresa por ejemplo, de hacerla producir, y de tener la exclusiva propiedad sobre aquello que produce. Sin embargo, el Estado a través de figuras como el impuesto se apropia de una parte de eso que fue producido y lo distribuye en subsidio a los más necesitados (por ejemplo, un subsidio del SISBEN para poder acceder a los derechos de salud –como necesidad humana mínima- hace parte de este modelo socialista que Colombia tiene).

Es totalmente descabellado decir que nos volveremos como Venezuela, teniendo en cuenta que este país ha sido desde que nació una economía de derecha y que uno de sus problemas más graves de ese país fue llevar a cabo un modelo socialista extremo que interviniera mucho en la economía (por ejemplo con la Ley de Precios Justos que fortaleció Nicolás Maduro); además de que para cambiar el modelo económico colombiano es necesario dar toda una reforma sustancial a la constitución que no se conseguirá nunca con el porcentaje que será otorgado a las Farc. Nada más alejado de la realidad.

Aunque en ese período del Frente Nacional, según algunos autores, existió participación política tan siquiera mínima en otras zonas de movimientos de izquierda; para todos es un hecho que la izquierda (y en general cualquier otra ideología contraria al gobierno) ha sido aplastada políticamente en la historia colombiana. Desde esos campesinos que no encontraban en las palabras la posibilidad de expresar su opinión precisamente por esta búsqueda implacable del gobierno a callar a sus adversarios, hasta épocas un poco más recientes de nuestra historia cuando ocurrió el exterminio progresivo de los miembros de la Unión Patriótica como movimiento político de izquierda.

Es por esto que, para entender este punto, hay que reflexionar un momento este problema de pluralismo político. Desde nuestros inicios hemos sido un país que ha buscado imponer su ideología política callando al otro. Y no con argumentos. Es algo así como un exterminio del pluralismo político, necesario en cualquier democracia

Así como lo aseguré en el primer punto, otra parte de la gran deuda que el Estado (y también la sociedad, pues somos nosotros igualmente los que hemos contribuido a este problema) tiene frente a la sociedad; es una mayor apertura democrática. Dejar esa idea de que con armas se debe hacer política o se consiguen cambios importantes. Hace falta entender que las balas sólo generan víctimas, sufrimiento y este tipo de procesos complicados; y que, por ende, son las palabras las que nos llevan a tener una sociedad más equilibrada políticamente.

No sé ustedes, pero yo estoy realmente optimista frente a la idea de que las Farc por fin surjan como movimiento político y tengan una posibilidad de presentar sus ideas ante el Congreso y ante la Presidencia. Eso era, precisamente, lo que se necesitaba desde hace más de un siglo: menos sangre de los actores armados y de las víctimas, y más palabras en nuestro “recinto del pueblo”. Claro que no estoy de acuerdo con que aquéllos que sean condenados a delitos de lesa humanidad lleguen a la política (que de hecho no sería así si nos acogemos a la literalidad del acuerdo, cosa que en breve explicaré), pero eso no me impide ser un ciudadano con memoria y entender que a este país le hace falta mucha tolerancia política de aquéllos que, en virtud de la ley, están legitimados a participar en ella. Todos esos miedos que tienen las personas de que Colombia se “volverá una Venezuela” o de que “llegará el comunismo a nuestro país” son, además de ideas erradas; un miedo al llamado del pluralismo político. En ninguna sociedad del mundo piensan igual todas las personas, y para eso se inventaron eso del “Congreso”. Entonces, nos surge la pregunta de saber qué nos permite simplemente impedir que otra visión de la realidad política sea puesta en la agenda de debate del Congreso para que entre todos discutan cuál debe ser la elegida.

En este orden de ideas y para concluir las opiniones previas, considero que este segundo punto es una búsqueda implacable a la consolidación de ese pluralismo político. A partir de diversas cosas que se pactaron (que en breve explicaré), se intenta que tanto el movimiento que surja de las Farc como otras organizaciones y movimientos que se declaren en oposición al gobierno tengan garantías para el ejercicio de sus derechos políticos. Para los dudosos en esto, les digo que es importante separar la idea de que debe haber una representación de todas los pensamientos políticos en el Congreso, a la idea de que en razón de todo lo atroz que han cometido los actores armados del conflicto éstos no deberían ir al Congreso. Digo esto, porque precisamente hay unos puntos del acuerdo de los que se podría deducir que sólo las personas que sean objeto de una amnistía o indulto (que no son todos, contrario a lo que mucha gente piensa, cosa que explicaré en el próximo gran punto del acuerdo) podrían acceder a estos cargos públicos. Esto quiere decir que, al fin y al cabo, quienes hayan cometido directamente estas atrocidades no irán al escenario político. Por eso separo esas dos ideas: todos debemos por mandato social estar de acuerdo con la idea de que haya pluralismo político; distinto a que queramos que sean quienes han sido grandes victimarios.

Lo pactado:

La Participación Política busca como objetivo primordial una apertura democrática. Podemos entender apertura democrática como la ampliación de las ideas y su facilidad a expresarlas libremente con la seguridad y los medios necesarios para hacerlo y sin la consecuencia de ser perseguido militarmente. Para efectos de la explicación de lo más importante del segundo punto, éste se divide en cuatro temas: 1) Estatuto de la oposición, 2) Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (en adelante Sisep), 3) Derecho de asociación y manifestación, y 4) Promoción al pluralismo político.

NOTA: Sobre la participación política de las Farc en el Congreso y la Presidencia, las reglas se establecen en el gran punto tres del acuerdo. Sin embargo, considerando que éste es el espacio adecuado para enunciarlas, las voy a exponer:

Una vez haya finalizado el proceso de desarme de las Farc (con la participación y la veeduría que la ONU hará al respecto), tendrán la posibilidad de surgir como movimiento político. Esto hace parte de un gran logro del gobierno en las negociaciones, puesto que siempre tuvieron como condición, al ejercicio de la política, la necesidad de soltar las armas y dejar de ser tan hostigantes políticamente. A través de una solicitud que le harán al Consejo Nacional Electoral, surgirán como partido político con personería jurídica en caso tal de que cumplan los deberes y obligaciones que establece la Constitución y un presupuesto establecido para su funcionamiento –sin dejar a un lado el financiamiento que el Estado le da a los otros partidos con personería jurídica-. Hice especial énfasis en la frase de sus deberes y obligaciones, porque según este orden ideas podríamos deducir que los candidatos que proponga el partido deberán estar acordes al artículo 179 de la Constitución: “no haber sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos”. Por delitos políticos se puede entender en este punto entonces aquéllos que serán amnistiables, que luego se los especificaré. Esto explica algo que parece no estar muy claro: cuáles son las condiciones que deberán reunir los candidatos del partido de las Farc.

Para el procedimiento legislativo especial para la paz (es decir, un período de 180 días luego de que eventualmente gane el Sí en el plebiscito), tendrán la posibilidad de escoger a 6 voceros en el Congreso (3 en la cámara y 3 en senado) para dar su opinión en cada debate sobre las normas que se discutan única y exclusivamente sobre los acuerdos. No son curules en tanto no tendrán derecho al voto y su actuación será limitada.

Posteriormente, para el próximo periodo legislativo (desde el 20 de Julio del 2018) tendrán la posibilidad de lanzarse a votaciones en igualdad de condiciones a los otros candidatos. La financiación de estos candidatos será por el Estado si cumplen con los requisitos que exige la ley. Se les asignará las curules que obtengan gracias a sus votos y si consiguen menos de 5, se les garantizará al menos unas 5 en cámara y 5 en senado. Éstas sí serán curules (tienen voto), y esta garantía de mínimo 5 se tendrá hasta el período legislativo de 2022. Es decir que desde el período 2026 comenzarán votaciones completamente ordinarias sin ninguna otra garantía. Hice énfasis en la financiación de los candidatos, porque de eso también se puede deducir que el gobierno busca que los candidatos del partido político de las Farc estén legitimados a partir de la Constitución; argumento que nos permite decir que quienes sean condenados por delitos de lesa humanidad o por otros delitos en razón de la Jurisdicción Especial para la Paz no podrán lanzarse al escenario político. Falta ver. Personalmente considero que aunque es un gran logro frente a lo que muchos sectores decían que sería (20 curules asignadas a dedo), sigue siendo un punto medio muy polémico: mientras las comunidades indígenas o afro tienen pocas curules, este movimiento tendrá 5 en cada cámara. Poco ante lo mucho pero mucho ante lo poco: depende de lo que cada quien considere oportuno. De igual forma, esto no quita en nada la idea de pensar si debe existir pluralismo político o no y si es necesario que para la cesación del conflicto armado se requiera un traslado al debate político.

1 Estatuto de la Oposición

Desde surgida la Constitución por allá en 1991 jamás hemos tenido un estatuto de la oposición. Entendamos esto como un conjunto de reglas que les permita a las organizaciones, movimientos y partidos políticos tener ciertas garantías para que sus voces sean oídas y tengan influencia en la vida política sin que sean atropelladas por las mayorías que van a favor del gobierno.

Este primer punto diferencia entonces aquellos partidos o movimientos que dentro del mismo sistema político de representación hagan una oposición al gobierno; de aquellas organizaciones sociales y movimientos no estatales que hagan oposición directa a alguna política pública del gobierno  en específico en sus distintos niveles. El estatuto aplicará para los primeros, y para los segundos se hará un régimen especial que otorgue mayores garantías al ejercicio de los derechos de asociación, políticos y de participación. (Véase punto 3 de este texto).

Este estatuto será hecho por los partidos y movimientos políticos que tengan personería jurídica nombrada en una Comisión para definir los lineamientos generales (es decir, se hará una especie de mesa especial en la que participarán estos partidos y movimientos para determinar cuáles son las reglas que se deben incluir en el Estatuto de la Oposición). Se nombra especialmente la inclusión de algunos movimientos que harán parte: marcha patriótica, congresos de los pueblos y dos miembros de las Farc. Habrá posibilidad de que otros movimientos tengan espacios para proponer cosas.

Con este lineamiento el gobierno presentará un proyecto de ley que deberá ser tramitado al menos dentro de los 3 meses siguientes a la culminación de estos lineamientos. Esto dará con el Estatuto de la Oposición en Colombia.

2 Sisep

El “Sisep” es un sistema que ejecutará el Estado colombiano para la protección y la seguridad de quienes ejerzan política, cuyos beneficiarios serán los elegidos popularmente, los que se declaren en oposición al gobierno (donde, por obvias razones, se incluye a los candidatos de las Farc), y los líderes de movimientos sociales y políticos. La razón de esto es muy sencilla: que no nos pase lo que nos pasó con la Unión Patriótica, donde empecemos a aniquilarlos uno por uno de nuevo y comencemos otro conflicto armado con ellos.

Este sistema será liderado por una instancia a nivel nacional (es decir, un nuevo órgano creado por ley). Sin ignorar que el problema no debe ser de seguridad sino de pensamiento social, éste será no sólo un conjunto de planes y estrategias para la seguridad de quienes ejerzan política, sino un proyecto de cultura ciudadana –a partir de pedagogías y otras actividades- para cambiarle el chip a la sociedad colombiana de que a partir de las balas se solucionan las disidencias políticas. Las partes consideraron en el texto (cosa que aprovecho para decir de una vez) que el Estado debe incrementar al máximo su potencial institucional para la protección de las personas. Es decir: incrementar el poder y la capacitación de las fuerzas armadas, no reducirlo como creen algunos sectores.

Entre otras cosas, el Sisep contiene: 1) adecuación normativa e institucional que termina siendo un incremento de penas para ciertos delitos –cosa que considero totalmente inservible-, 2) sanciones para quienes atenten contra lo que establezca el Sisep, 3) un programa de pedagogía al ciudadano colombiano sobre la importancia del pluralismo político y la no violencia, 4) una prevención más eficaz a través de un sistema de alertas tempranas –es decir, algo que permita prevenir magnicidios como el de Galán-, 5) un proceso para establecer un porcentaje de riesgo de atentado a cada individuo y así poder asignarle la seguridad necesaria.

3 Derecho de asociación y manifestación

De por sí ya es un derecho, todos lo sabemos. Pero en el punto se busca darle mayores garantías: el Consejo Nacional de Participación (institución adscrita al Ministerio del Interior) se encargará de elaborar un nuevo marco normativo que regule nuevas garantías para otros movimientos, organizaciones y asociaciones políticas que no se incluyen en el Estatuto de la Oposición y que contenga por lo menos, entre otras cosas: 1) ampliación del derecho sobre información de datos oficiales, 2) derecho de réplica de las organizaciones o movimientos en contra de declaraciones del Gobierno nacional 3) apoyo público jurídico y técnico para la creación y fortalecimiento de movimientos sociales, 4) espacios garantizados en los medios de comunicación para expresar sus ideas –lo que creará unas medios de comunicación comunitarios que serán compartidos tanto por Farc como por estos movimientos-, 5) atención temprana para el ejercicio de sus derechos de petición a las entidades públicas, y 6) mayores garantías al derecho de protesta y manifestación.

4 Promoción al pluralismo político

En este punto hay algo importante que se ha tergiversado: las 16 circunscripciones especiales de paz que existirá. En la opinión pública se suele decir que además de las curules que se garantizan a las Farc, habrá otras 16 en esa figura de circunscripciones especiales. En realidad, se trata de oportunidades para la representación política de los lugares en donde ha sido más violento el conflicto armado, en donde mayoritariamente sean las víctimas o quienes las representen los que se postulen. Hago énfasis en esto porque en ningún lugar se habla de las Farc. De hecho, cuando las Farc se convierta en partido político, según este punto no podrá lanzar candidatos en estas circunscripciones por tener ya otros. Sin embargo, lo que sí es posible es que se postulen personas que estén de acuerdo con las políticas y las ideologías de las Farc como parte de sus creencias políticas. Estos candidatos especiales serán de cierta forma independientes, pues no podrán hacer parte de ningún partido con personería jurídica que ya cuente con una participación en el Congreso. Será, realmente, la oportunidad de los municipios afectados para hacerse escuchar en el recinto del pueblo.

Como finalidad máxima del segundo gran punto, para esto; se buscará entregar mayor facilidad a las organizaciones, movimientos y partidos con fines políticos la obtención de la personería jurídica. Es decir que el gobierno pondrá una reforma en la que deje de ser necesario el alcance de un umbral para la obtención de la personería jurídica de un partido; que permita igualmente que el partido adquiera derechos a medida que vaya incrementando su desempeño electoral, ampliando igualmente el presupuesto que se le asigna a cada partido para su desempeño.

En búsqueda de una mayor participación política, se adelantará un proceso masivo de cedulación y pedagogías respecto a la importancia del voto.

Para concluir, considero que en este punto hay un buen acercamiento a lo que consideramos realmente necesario: el pluralismo político. Tal vez lo más importante de todo este punto sea esta pedagogía que tendrá el Sisep: hay que enseñarle de una vez por todas a Colombia que derramando sangre no se va a llegar a ninguna solución en la política; y que lo único que hará será traer a madres desesperadas en llanto por el dolor de la pérdida de sus familiares en la guerra, como ya hemos tenido la ocasión lastimosamente de ver y escuchar.