Opinión

Reforma Rural Integral

Recordemos que el Acuerdo final entre el Gobierno y las Farc se compone de 6 puntos: 1) Reforma Rural Integral, 2) Participación Política, 3) Cese al fuego y dejación de armas, 4) Drogas ilícitas, 5) Víctimas y 6) Mecanismos de implementación y verificación. En esta columna me centraré en el primer punto El texto es de 297 páginas, y se le está a punto de ser resumidas 30 páginas en 3 con otras 3 de opinión. Tómese el tiempo de leerse esto detenidamente para que se entere de lo pactado en el primer punto.

Resumen y opinión respecto del primer punto del Acuerdo Gobierno-FARC.

Recordemos que el Acuerdo final entre el Gobierno y las Farc se compone de 6 puntos:

1) Reforma Rural Integral

2) Participación Política

3) Fin del Conflicto

4) Drogas ilícitas

5) Víctimas

 6) Mecanismos de implementación y verificación.

En esta columna me centraré en el primer punto. El texto es de 297 páginas, y se le está a punto de ser resumidas 30 páginas en 3 con otras 3 de opinión. Tómese el tiempo de leerse esto detenidamente para que se entere de lo pactado en el primer punto.

Opiniones previas:

Antes de hablar propiamente de lo pactado, es importante señalar varias opiniones: en este punto hay demasiadas obligaciones que toma el Estado colombiano y muy pocas por parte de la guerrilla. Siendo esto criticado por algunos sectores de la opinión pública (como Claudia López), se hace necesario entender el contexto en el que surgió el conflicto armado entre ambos para entender por qué el Estado se compromete en tantas cosas: recordemos que históricamente Colombia ha sido un país atrasado ruralmente, debido (entre otras cosas) al conflicto armado. Por el año 49 existió un ciclo de defensa de intereses políticas de campesinos que originó el partido comunista colombiano; bajo la idea real de que la distribución de las tierras en Colombia estaba hecha de tal forma que los grandes empresarios y terratenientes obtuvieran cada vez más tierras y por ende éstas se concentraran en pocas personas, incrementando la desigualdad y la pobreza social.

Para el año 61 estos ciclos de defensa tenían importante presencia el territorio colombiano, lo que llamó la atención del gobierno para hacer una persecución contra los “comunistas”, de la mano de la Casa Blanca. Durante el mandato del expresidente Guillermo León Valencia (1962-1966) se incrementó esta ofensiva hasta el punto de ordenar un agresivo bombardeo a las zonas que se consideraban como “repúblicas independientes” por sus influencias comunistas en el campesinado colombiano. Según algunos, estos bombardeos se dieron bajo la operación estadounidense anticomunista denominada LASO (Latin American Security Operation, que sentó las bases del Plan Condor). Una de las zonas más afectadas fue Marquetalia (en el Tolima), lo que generó una gran contrainsurgencia por parte de estos ciclos, que en su unión decidieron conformar las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”; en busca de implantar en el gobierno ideales de redistribución equitativa de la tierra que dignificara al campesino colombiano (lo que obviamente terminó convirtiéndose en algo contrario con el paso de las décadas).

Entendiendo esto entonces, es obvio que el principal objetivo de las Farc en las negociaciones fue comprometer al Estado colombiano a garantizar algo que debió haber hecho hace mucho tiempo: atender al campo, llegar a él, apropiarse de él. Volverlo estable, productivo, redistribuirlo a los más necesitados, prestar servicios públicos que desde la constitución está obligado a hacer y generar una gran política de reforma agraria que jamás se ha logrado ver en el país. Es evidente que en puntos como participación política, cese al fuego o víctimas; las obligaciones de las Farc serán incluso mayores a las del Estado colombiano, por la necesidad de la transición de las armas a los debates. La reforma agraria es, en términos más claros, la gran deuda que el Estado colombiano tiene con el campesino y con la sociedad.

Sobre esta deuda se centra entonces el primer punto (tal vez el más importante) de los acuerdos: la Reforma Rural Integral (de ahora en adelante RRI). Digo que es tal vez el más importante, porque es en términos reales lo que traerá paz. Muchos, acertadamente, dicen que la paz no se consigue con dejar de disparar balas; sino con la erradicación de la pobreza, el acceso a la educación, la salud, el trabajo, el mejoramiento de la infraestructura vial, la garantía al acceso de electricidad y agua, la posibilidad de tener vivienda, la capacidad de producir y auto-sostenerse económica y lícitamente, etc. Tienen toda la razón: dejar de disparar es sólo el cese del conflicto entre las partes firmantes, pero la RRI es la verdadera piedra angular del posconflicto en miras a conseguir paz.

Es curioso, ver que gran parte del debate nacional respecto de la legitimidad o ilegitimidad de las negociaciones verse en la participación política, y que poco o nada se habla de la RRI, cuando es ésta realmente la base integral del posconflicto y lo que desarrollará a nuestro país; garantizando una real no repetición. Respecto de la veracidad de la información que divulgó el gobierno antes del acuerdo, todo lo que se dijo por parte del Alto Comisionado para la Paz concuerda con todo lo pactado, por ende no hay nada que sea metido “entre líneas”.

Para terminar la opinión, es evidente que más de la mitad del presupuesto que está recaudando y con el que está contando el gobierno para financiar toda la implementación del acuerdo se irá solamente en este primer punto. Como ya verán, en el punto hay muchas promesas por parte del Estado (algo así como hacer un llamado a todo lo que el Estado le debe al campo colombiano) que todas requerirán evidentemente mucho gasto. Hay algo por criticar de este primer punto y es que no hay un llamado directo al sector privado colombiano (ni tampoco una cooperación público-privada) para la efectiva implementación de todos los puntos (en temas tan cruciales como las vías o la construcción de viviendas); y sin la ayuda privada el Estado dejará a medias todo en lo que se ha comprometido.

Considero que es un gran avance y que hay sistemas planificados en el punto que permitirán reducir cada vez más las brechas entre el campo y la ciudad; lo que de la mano del procedimiento legislativo especial para la paz (-para los que no saben es un proceso de 180 días que se dará en el Congreso luego de que eventualmente gane el Sí para realizar todos los trámites de leyes y decretos necesarios para la implementación del acuerdo-) podrá convertirse cada vez más en una realidad social.

Lo pactado:

El primer gran punto (RRI) busca, como se hizo mención en la historia del conflicto, la implementación de todas las medidas necesarias para el desarrollo del campo colombiano. Su enfoque es multidisciplinario: no sólo se basa en distribución de tierras, sino en muchos otros puntos (como educación o salud por ejemplo) que aumenten la calidad de vida del campesino colombiano. Luego de enunciar un montón de principios, de éstos se pueden sacar a) Priorización de zonas más afectadas: es decir que en tanto el presupuesto de distribución de tierras se quede corto para todo lo que tiene que hacer, se comenzará primero con las zonas más afectadas del conflicto y se irá extendiendo a las que menos tengan esto; y b) Participación de las comunidades: en la formulación de todas las políticas públicas que tengan relación con la RRI, habrá veeduría ciudadana compuesta por campesinos y sujetos de otros sectores.

Este gran punto, para ser explicado, se subdivide en 1) Redistribución, acceso, uso y regularización de tierras y 2) Desarrollo integral del campo colombiano.

1  Redistribución, acceso, uso y regularización de tierras

En este punto se creará un “Fondo de Tierras” (por ley mediante iniciativa del gobierno, como lo dice la Constitución) que creará una especie de banco de tierras para su redistribución. Será el órgano por excelencia de la RRI, y se encargará de obtener jurídicamente:   – las tierras a las que se les extinga el dominio por inoperancia de la función social, – las tierras que hayan sido ocupadas de forma indebida, – las tierras provenientes de la Reserva Forestal (se creará y delimitará una zona de protección ambiental en la que se limitará el uso de la tierra en búsqueda del desarrollo sostenible), – las tierras que no están siendo explotadas,  – las tierras adquiridas por expropiación y, – las tierras que sean donadas.

La idea es que el Fondo de Tierras disponga de 3 millones de hectáreas (que en 10 años deberá llegar a la regularización de 7 a 10 millones) para la asignación o redistribución equitativa de la tierra “gratuitamente” a los beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios? Aquellos sujetos que podrán recibir una de estas tierras, que según el acuerdo son los trabajadores individuales o colectivos con vocación agraria que posean tierras, las posean insuficientemente o no las posean (es decir, a los desplazados, que recibirán prioridad en esta asignación). Para esto habrá veeduría ciudadana que se encargue de verificar que la entrega de tierras se hagan a quienes más las necesitan. Ante la evidente contradicción de quienes ya poseen tierras, se debe decir que quienes las poseen en su gran mayoría lo hacen de forma indebida o sin documento que acredite el dominio, por lo que se reasigna la tierra con su debida institucionalización.

Para la compra de la tierra, se creará un subsidio integral que puede ser de dos formas: del pago total sin reembolso (es decir, sin interés) o del pago con crédito a largo plazo. En este punto hay algo para preguntarle a Santos: el texto no es claro en afirmar si es sólo un subsidio que siempre será a crédito de largo plazo o si son dos, uno con crédito y otro sin él. Es necesario decir que la tierra debe ser utilizada, puesto que ésta según el acuerdo será inembargable e inalienable (es decir que no se puede vender) por 7 años, y de ahí en adelante el Fondo de Tierras podrá quitar las tierras que ha asignado si éstas no están siendo utilizadas (salvo casos de fuerza mayor) o si se utilizan para fines ilícitos (como el cultivo de coca).

Para la productividad de la tierra, se crearán planes integrales que busquen la capacitación del campesino en técnicas modernas de producción, que de la mano del desarrollo del campo (véase punto dos) permitirá el incremento productivo del campo.

Algo importante por decir es la institucionalización de la tierra: se adelantará una formalización documentaria de 7 millones de hectáreas que será gratuito para el beneficiario (para los que no saben, la gran mayoría de las tierras campesinas en Colombia están sin documento de propiedad o éste está mal hecho; por lo que algo necesario es adelantar la documentación necesaria para el efectivo ejercicio de los derechos del beneficiario), se creará una nueva jurisdicción agraria que se encargue de los problemas jurídicos que se presenten con las tierras –creando además mecanismos de conciliación para los beneficiarios-, se creará un Sistema General de Información Catastral que en un plazo máximo de 7 años complete la información catastral de las tierras del Fondo de Tierras para que cada municipio se encargue de adelantar tanto las políticas públicas como el cobro del impuesto predial rural (que se asignará respecto de las condiciones socioeconómicas del beneficiario y de su tierra) y se creará como se dijo antes una Zona de Reserva Forestal en un plazo máximo de 2 años que buscará el desarrollo sostenible de la producción campesina.

2  Desarrollo integral del campo colombiano

Las partes toman la idea de que la pobreza no se erradica con la distribución de tierras y por ende asignan importancia a este punto. El objetivo primordial de éste es que en 10 años se haya erradicado totalmente la pobreza extrema del campo colombiano y se disminuya la pobreza media rural en no menos del 50%. Este punto busca primordialmente la prestación de todos los servicios públicos que el Estado colombiano ha dejado de prestar en el campo. Entre otras cosas, se pueden priorizar las siguientes promesas del Estado:

  • Un plan nacional de vías terciarias: construcción de vías que comuniquen las tierras objeto del Fondo de Tierras con las zonas de mayor concentración económica.
  • Plan nacional para el riego de cultivos: se busca el acompañamiento en el riego de las tierras objeto del Fondo de Tierras para que se garantice adicionalmente su efectiva productividad.
  • Plan de electrificación rural: se busca la adecuación eléctrica en las tierras para el mejor acceso nocturno a ella.
  • Mejoramiento de la Salud: ampliar el acceso del Sistema de Seguridad Social en Salud a las zonas rurales. En aquellas zonas en donde sea difícil el acceso de estos servicios, se buscará el mejoramiento del sistema de telemedicina y medicina familiar.
  • Plan integral de educación: Se crea el plan especial de educación rural, que busca cobertura rural universal de la educación a la primera infancia, educación básica y media. Esto se hará en modelos flexibles que se adecúen a las condiciones del campo. Incluye además programas educativos culturales y deportivos, de los cuales se encargarán los municipios.
  • Vivienda y acueducto: Se otorga a los entes territoriales recursos necesarios para la construcción de viaductos modernos que respondan a las necesidades del acceso al agua en las viviendas. Se dará subsidios para la construcción propia de viviendas y también para la compra de viviendas que se construirán respecto de los planes que adelante el gobierno nacional. Éste será un subsidio no reembolsable que puede cubrir hasta la totalidad del costo, todo respecto de las condiciones socioeconómicas del beneficiario.
  • Asistencia técnica y comercialización: la capacitación del campesino para la productividad de su tierra requiere además de la creación de un servicio público gratuito que permita al campesinado conocer las técnicas de cultivo modernas para la efectiva producción. Se darán igualmente subsidios no reembolsables para las semillas que se deban plantar, buscando entonces el exitoso comienzo de la actividad productiva. Para la comercialización de lo producido, se buscará crear mercados campesinos locales. En este punto evidenciamos de nuevo el problema de la falta de presencia del sector privado.
  • Fortalecimiento del Sistema Integral de Seguridad Social en el campo, que primero se hará con una formalización laboral del trabajador campesino. De nuevo: sin apoyo del sector privado este punto se quedará muy a medias.
  • Alimentación: se dará un mínimo alimentario básico a los beneficiarios cuyas condiciones socioeconómicas los introduzca en la calidad se sujetos de especial protección constitucional. Se crearán consejos superiores para las políticas alimentarias, en búsqueda de una política nacional alimentaria.
  • Una incorporación de políticas dirigidas a la solución del problema de los cultivos ilícitos que afectan a la población campesina en especial por la consideración de que su actividad ilícita se debe en gran parte a sus causas de problemas de orden social sobre marginalidad y pobreza (para mayor información véase Drogas Ilícitas).

Nota: la gran mayoría de estos últimos puntos son “planes”. Para implementar un “plan” será necesaria la creación de instituciones mediante ley que conviertan esos “planes” en “actividades” o “funciones” reales. Es decir: si consideramos que es un “plan” la verdad a las víctimas, es necesario crear una “Comisión o Unidad de Esclarecimiento de la Verdad” que tenga como “función” hacer ese “plan”. Se trata de políticas públicas.

Como pueden ver, es claro que éste debió haber sido desde el principio el punto central del debate de la opinión pública. Poca gente sabe todo lo que incluye este primer punto y es realmente éste el que dará una solución final al problema de lo que consideramos todos como paz. La RRI requiere de mucho presupuesto, iniciativa política y cooperación del sector privado; porque realmente de todo lo que se habla aquí ya se ha estipulado en leyes nacionales. El problema siempre fue que la presencia del conflicto armado dificultaba demasiado la labor del Estado para acceder a estos lugares y garantizar todos estos servicios (además del evidente gasto en poderío militar), por lo que el posconflicto puede convertirse en un real escenario en el que, de una vez por todas; el Estado le pague la deuda que le debe al campesino colombiano desde hace décadas.

Esto fue escrito por

Santiago Osorio Moreno

@SantiOsorioM | Soñador de la transformación social y política de Colombia. Abogado de la Universidad EAFIT. Director de la Corporación Convicción. Analista y activista político. Trabajó como asesor jurídico en el Concejo de Medellín, voluntario en Handicap International y apoyo jurídico a la elaboración de políticas públicas para posconflicto en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Exsubdirector de Al Poniente. Amante de la música y la lectura.

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