La dejación de armas por parte de las Farc, y el abandono de las zonas donde antes los frentes ejercían control territorial, paradójicamente ha dejado en indefensión a la población civil frente a la expansión del neo-paramilitarismo o las mal llamadas Bacrim y ODIN por parte de la institucionalidad.
Estas franquicias de la muerte, atomizados en pequeños clanes que cooptan el poder y generan alianzas con el sector público y privado actúan con total impunidad, ante la mirada impotente de un estado que se encuentra en manos de mercantilistas políticos, que prefieren tolerar su presencia a combatirla, por miedo a perder su maquinaria electoral.
Igual que en las elecciones de 2002, en varias regiones del país se están movilizando escuadrones armados a zonas veredales y corregimientos con el ánimo de amedrentar a la población y exigirles que voten a la presidencia por el candidato del Centro Democrático, según lo asegura el diario El Politicón de Risaralda[1] La situación es más traumática en Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Chocó, Córdoba y Norte de Santander, donde se han producido más de la mitad de los 282 líderes asesinados desde la implementación de los acuerdos de paz.
En Antioquia, aunque el fenómeno no es nuevo es bastante preocupante, pues en el caso puntual de Urabá y el nordeste antioqueño la situación adquiere un tinte particular, estas regiones son una especie de para-estado; donde nada se mueve sin que estos grupos den la orden o el visto bueno, mientras la fuerza pública se hace de la vista gorda.
Un informe del diario El Espectador, fechado en diciembre de 2017 asegura que: el 96% (121) de los municipios de Antioquia tienen presencia paramilitar, siendo las AGC (Autodefensas Gaitanistas) las de mayor presencia, seguidas de la Oficina de Envigado, quienes controlan el Valle de Aburrá.
En lo que va corrido del mes de mayo han sido asesinados dos integrantes del movimiento Ríos Vivos, quienes se oponen al proyecto hidroituango liderado por EPM: Hugo Albeiro George Pérez y Luis Alberto Torres, quienes pertenecían además a la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia (AMPA). Entre tanto, la gobernación de Antioquia guarda silencio y el gobierno niega la sistematicidad de dichos homicidios.
Por su parte el caso de Urabá es bien particular, el control de la economía siempre estuvo en manos de los paras, ahora llamados Clan del Golfo. Cuando existían las Farc como guerrilla existía una especie de pacto, donde las Farc custodiaban el cultivo y la materia prima, mientras que el Clan se encargaba del transporte y comercialización. “Aquí todo el mundo lo sabía, incluso la fuerza pública, nadie dice nada por físico miedo” asegura un poblador de Apartadó.
En la línea de mando se encuentra alias “Nicolás” en reemplazo de alias “Otoniel” y “Gavilán” sucesivamente. Ahora la disputa por la tierra que dejaron las Farc está entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional. En la mitad de este enfrentamiento se encuentra la población civil, dividida entre el amor y el odio hacia ambas organizaciones.
Este fenómeno de identificación con uno u otro actor se debe básicamente al abandono histórico del Estado, quien solo hace presencia cuando se trata de reprimir las comunidades o cobrar impuestos. Como es el caso de la instalación de los recientes peajes, los altos servicios públicos, y la falta o precariedad de las vías terciarias fundamentales para extraer cultivos como el banano, motor de la economía regional.
Esto hace que ciertos grupos adquieran legitimidad y desplacen o sustituyan a la institucionalidad, dado que el dinero fruto del lavado de activos provenientes del narcotráfico se invierte en proyectos turísticos e industriales que generan empleos e ingresos a los pobladores, lo cual proyecta una falsa percepción de desarrollo y bienestar económico que no es otra cosa que una burbuja; mientras el dinero de las finanzas públicas escasamente se ve reflejado en obras o en beneficios a la comunidad.
De otro lado está el tema de la restitución que en Urabá ha sido un verdadero fracaso, muchos no se atreven a reclamar sus propiedades arrebatadas en su momento por las AUC y las ACCU por físico miedo, y aquellos que lo hacen son amenazados, desplazados y asesinados. Según fuentes de la revista Semana de enero de 2018, en seis años de implementación de la Ley de Víctimas han sido asesinados 18 reclamantes en esa región.
Este desolador panorama solo demuestra la ineptitud y negligencia de los gobiernos locales y nacional para hacer frente al fenómeno del narcotráfico y del paramilitarismo, en una región estratégica para la economía y el desarrollo; uno de los principales puertos de salida del narcotráfico hacia México y Centroamérica.
El contubernio latente entre la política y la criminalidad dificulta el accionar de la fuerza pública, corroída o maniatada desde las altas esferas para ejercer su labor. El paramilitarismo es un ave fénix que nunca ha muerto, ha mutado y se ha sofisticado, ha substituido al aparato estatal y se ha afincado en la población como una opción de prosperidad, es un fenómeno de “empresarismo exitoso” entre el sector público y privado que cada día crece y se multiplica con pasmosa eficacia.
[1] Disponible en: http://elpoliticon.com/denuncian-que-paramilitares-hacen-campana-a-favor-de-duque-uribe-e-intimidan-a-la-poblacion/
