Nos encontramos en un punto trascendental de la historia de nuestro país, en el que estamos cerca de lograr finalmente un acuerdo de paz con las FARC, tras un largo periodo de guerra, luego del rotundo fracaso del proceso del Caguán, el abuso de la Seguridad Democrática, y otros eventos, en los cuales han perecido miembros tanto de dicha insurgencia, como civiles y miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia (Policía, Fuerza Aérea, Ejercito y Armada)
Son estos últimos quienes tienen un futuro incierto. Mucho se ha hablado de las zonas de concentración guerrillera, donde aún se debate en el Congreso cómo deben ser conformadas, y que se debe hacer un desmonte gradual de las Fuerzas Armadas, pero es necesario preguntarse, ¿Aun existiendo la guerrilla ELN, las AUC, El Clan Usuga, Los Urabeños, Los Rastrojos y otras fuerzas al margen de la ley que no solo tienen afectada a la población civil, sino que violentan la soberanía territorial del Estado colombiano, es prudente un desmonte de las Fuerzas Armadas?
En mi opinión, considero que estas deben tener un rol fundamental en la preservación del orden público nacional una vez el sonado acuerdo de La Habana sea firmado. Es decir, deben cumplir con mayor rigor el mandato constitucional que tienen de defender la soberanía, la independencia y la integridad de nuestro territorio nacional y el orden constitucional. Es por ello que el desmonte o por lo menos la reducción de sus filas no lo veo viable, dado que hay puntos importantes que ellos deben seguir controlando, y que, llegado el caso de un posconflicto, deben dirigir sus esfuerzos a incrementar las labores que vienen ejecutando en ellos.
En primer lugar, la protección de las fronteras. Es bien sabido que grupos al margen de la ley, no solo las FARC, se movilizan de un lado al otro de la frontera, transportando mercancías, drogas e incluso personas, de forma ilegal, atentando contra la soberanía Nacional y de otros Estados, y es por ello que las FFAA deben incrementar sus esfuerzos por defender dicha soberanía y evitar que este tipo de episodios se sigan repitiendo, entre los que se pueden mencionar el cierre de la frontera con Venezuela o el recordado bombardeo a un campamento de las FARC en territorio Ecuatoriano.
En segundo lugar, deben velar por que los ríos sean utilizados para el transporte de mercancías y transporte de pasajeros, y no como rutas para el tráfico de drogas y de personas. Es bien sabido que los grupos al margen de la ley utilizan nuestros afluentes para el transporte de drogas y el transporte de inmigrantes hacia altamar y así llevarlas a su destino. Nuestra Armada debe solidificar su labor en ese sentido y de igual forma seguir brindando protección a las comunidades que se encuentran a las orillas de nuestros ríos.
Tercero, y es un tema que se ha venido debatiendo por las consecuencias que hemos presenciado tras la “desmovilización” de grupos Paramilitares, es la posible aparición de las denominadas “FARCRIM”, pues muchos desmovilizados pueden seguir delinquiendo, y es ahí donde el Estado, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, debe velar por mantener el orden público y evitar que la población civil siga padeciendo por errores del pasado.
Por último, es un llamado para que el Estado, lleve a cabo controles que permitan, no solo acabar con prácticas como las batidas ilegales y algunas otras violatorias de los derechos humanos, sino también para que pueda tener presencia en zonas donde hasta ahora la única ley conocida es la de grupos insurgentes. Es hora de que Colombia sea realmente un Estado soberano, con presencia de sus instituciones en todo el territorio nacional, lo que podría traer beneficios sociales y económicos a futuro, demostrando que las épocas de terror son cosas del pasado, y que debemos empezar a pensar en un Estado grande y bien organizado.
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