Estas últimas semanas hemos visto imágenes muy tristes para los colombianos, la reciente ola invernal ha causado desastres en muchos municipios del país, el pasado fin de semana nuestro departamento sufrió los estragos de las lluvias y los municipios de Dabeiba y Urrao presentaron grandes afectaciones por inundaciones y deslizamientos, para el caso de Dabeiba con víctimas mortales, pero el resto del país no es ajeno a esta ola invernal, Chocó y los departamentos de la costa Caribe también vivieron unos días muy difíciles por cuenta de las lluvias.
Y como si fuera poco sumado a la reciente ola invernal, San Andrés, Providencia y Santa Catalina sintieron la fuerza del huracán Iota que pasó de ser tormenta tropical a huracán categoría 5, generando cuantiosos daños a la isla, para el caso de Providencia las pérdidas son incalculables, dando un golpe a la deteriorada economía de la isla a causa de la pandemia.
Las imágenes de los compatriotas que pierden sus bienes, el dolor de las familias por despedir sus familiares, y la afectación de la economía de las regiones nos deben motivar a varias reflexiones que hoy quiero plantearles en esta columna. Lo primero es que debemos extender nuestra solidaridad a las víctimas de estos desastres, como colombianos tenemos que unir esfuerzos para dar todo nuestro apoyo a quienes lo perdieron todo, los gobiernos, el sector privado, las organizaciones sociales y la ciudadanía debemos trabajar de manera conjunta para llevar un poco de esperanza a los más necesitados, darles una voz de aliento con nuestras ayudas y mostrar que somos un país resiliente que puede superar las dificultades.
Mi segunda reflexión es sobre el deber de los gobiernos en todos los niveles en trabajar en la prevención del riesgo, los fenómenos naturales como el de la niña que agravan los periodos climatológicos de invierno en el país no son intempestivos, sino que las agencias de nivel nacional que estudian el comportamiento de los cambios climáticos y meteorológicos como el IDEAM cuentan con información técnica para la toma de decisiones en los diferentes niveles de gobierno.
Según estudios de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres durante los últimos 40 años en el país los desastres naturales ocasionaron pérdidas por valor de los US$7.000 millones y entre los años 1970 a 2011 en el país se presentaron más de 28.000 eventos de desastres naturales, es decir, que lo que vemos cada año no es una situación ajena a los gobiernos, por las condiciones geológicas y geográficas de nuestro territorio estamos expuestos a las amenazas de tipo natural como sismos, erupciones, inundaciones, deslizamientos pero muchas de ellas también han crecido por el deterioro ambiental que se ha generado a lo largo del tiempo.
Y es que estas amenazas de tipo natural están íntimamente ligadas a las condiciones de pobreza de muchas regiones del país, donde los ciudadanos no cuentan con condiciones de habitabilidad en sus territorios, la infraestructura pública es insuficiente, y para el caso de las zonas rurales esta brecha es aún mayor.
Según el Banco Mundial para el caso de América Latina desde 1980 los desastres naturales han causado la muerte a más de 2 millones de personas, y en el 91% de los casos de víctimas fatales y de daños son personas de escasos recursos, pero un dato aún más preocupante es que para el año 2030 el organismo estima que los daños por este tipo de hechos llevarán a 100 millones de personas a la pobreza extrema. No solo estamos frente a las amenazas de tipo natural que son estacionarias, sino que estos fenómenos han venido en aumento y en intensidad por los efectos del cambio climático y el daño ambiental por la deforestación en zonas como el Amazonas.
Es por ello que los gobiernos han avanzado en las políticas de gestión del riesgo, para que se puedan minimizar y reducir los impactos negativos de las amenazas de tipo natural, para el caso de nuestro país se tiene como marco normativo la Ley 1523 de 2012 que adopta la “Política nacional de gestión del riesgo de desastres” y la política nacional de adaptación al cambio climático, y para los niveles departamental y municipal deben existir los planes de gestión del riesgo. Pero no solo los entes territoriales cuentan con este instrumento de planificación, sino los planes de ordenamiento territorial se convierten en una hoja de ruta para el diseño de los territorios donde se realizan estudios geológicos y de impacto para prevenir futuros desastres.
Pero debemos preguntarnos si año tras año vemos las imágenes de las graves afectaciones en nuestro territorio, y existen los instrumentos normativos para enfrentarlos porque vivimos estas graves consecuencias. Una de las respuestas es que los gobiernos de orden departamental y municipal les ha faltado liderazgo para implementar las políticas de gestión del riesgo, esto requiere un mayor esfuerzo presupuestal, así mismo los planes de ordenamiento territorial deben pensarse en las realidades de los territorios y disminuir el impacto ambiental que ha tenido el crecimiento de la población.
Las imágenes de dolor que hoy vemos, tal vez se repitan nuevamente en otros años, porque los fenómenos y las amenazas naturales siempre van a existir, pero se pueden reducir los impactos que estos eventos tienen, es también un llamado a elegir de manera correcta porque la corrupción de muchos territorios ha ocasionado que no se realicen las obras de impacto para mitigar el riesgo, nuestra generación tiene el reto de enfrentar el cambio climático y eso también requiere el compromiso de todos porque es generar una conciencia sobre el cuidado de nuestros ecosistemas y del equilibrio de la naturaleza para disminuir los impactos que tiene nuestra industrialización.
Estos retos que nos representa tener que reconstruir muchas zonas del país, debe llevarnos a la reflexión sobre la efectividad de las políticas, la cultura de prevención del riesgo a todos los niveles de gobierno, la superación de la pobreza, el cuidado del medio ambiente, y la implementación de las políticas que permitan enfrentar de mejor manera los desastres naturales, tenemos la oportunidad de pasar del dolor a la esperanza si unimos esfuerzos, si somos solidarios con quienes hoy mas lo necesitan y si exigimos de nuestros gobiernos una adecuada planeación e inversión de los recursos, de esta manera podremos enfrentar la fuerza de la naturaleza y evitar las pérdidas de tantas vidas.
Por último, expreso mi solidaridad a mis compatriotas que hoy sufren por causa de estos hechos, a los antioqueños que lo perdieron todo en los recientes eventos catastróficos, podremos superarlo si estamos unidos y si existe compromiso y liderazgo de nuestros gobernantes.
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