Oficialización de los colegios de cobertura – Un paso que no puede tener marcha atrás –

Yo creí que había escuchado la mejor noticia del año para la educación de Medellín. La ciudad había recibido la aprobación de las plazas docentes necesarias para que, por fin, se pudieran oficializar las once plantas físicas en donde hasta la fecha, contratistas privados con recursos públicos han prestado el servicio educativo.

El programa de cobertura educativa nació a mediados de los 90, como respuesta a la necesidad de garantizar el derecho a la educación en algunas zonas de la ciudad en las que el Estado, por condiciones particulares, no podía hacerlo directamente.

Catorce plantas físicas construidas por el Estado fueron dadas en administración a organizaciones privadas que se encargaron de orientar el PEI y la ejecución económica de los recursos entregados para el funcionamiento de las instituciones educativas.

Eran los momentos de la peor crisis de violencia en Medellín, y sería injusto no reconocer la labor que instituciones como Fe y Alegría y otras desarrollaron para garantizar la educación a los niños y jóvenes de varias zonas de la ciudad.

Con la llegada de Luis Pérez a la Alcaldía se crearon de manera irregular empresas educativas que se apoderaron de más de un 50% de este programa y generaron dudas sobre su pertinencia. Se podía observar que primaban los intereses empresariales sobre los de un programa que hacía parte del sistema público de la educación.

“Es un mal necesario” se convirtió en una frase que se escuchaba continuamente entre los funcionarios de la Secretaría de Educación; mientras algunos círculos comenzamos a proponer la oficialización de esas plantas físicas ya que, para nuestro concepto, era evidente la discriminación que sufrían los niños del programa que no gozaban de las mismas condiciones de sus pares de las instituciones oficiales.

Las justificaciones eran múltiples, la mas común: que el Ministerio de Educación no aprobaba las plazas necesarias para ese proceso de oficialización. Cuando ya todo parecía imposible la anterior administración se dio a la tarea de realizar las gestiones necesarias para lograr que las catorce plantas físicas pasaran a ser parte del sistema oficial de la ciudad.

El decreto 1851 de 2015 que reglamenta la contratación del servicio público educativo,  terminó de asegurar este proceso que permitirá que a cerca de 15.000 niños se les garantice el servicio educativo en condiciones de igualdad, y que una visión pública de la educación esté al frente de su proceso formativo.

Entendí que todo estaba listo, que a pesar de la resistencia de algunas de la entidades contratistas apoyadas por algunos concejales por evitar que se diera este paso, el proceso continuaba: la Secretaría recibía las plantas físicas, se programaban las audiencias para los nombramientos de directivos y docentes de las nuevas instituciones, pero de repente todo se paró; se habla de que un órgano de control detuvo el proceso alegando falta de planeación del mismo.

Me cuesta mucho trabajo creer que no haya intereses privados metiéndole el último palo a la rueda para evitar que esto se haga realidad.

Ya es claro que como consecuencia de este pare en el proceso, los 15.000 niños que pertenecían al programa resultarán perjudicados, ya que no iniciarán a tiempo su año escolar; nadie sabe cuándo lo harán, ni bajo que modalidad. Solo espero que la Secretaría le de celeridad a las decisiones y los niños puedan iniciar sus actividades escolares sin resultar damnificados por la falta de eficacia de las entidades encargadas de tomar las decisiones.

Nos urge mayor claridad acerca de lo que está pasando.