“Es imperativo que el gobierno concrete lo más pronto posible la compra de nuevos cazas, y que continúe con el desarrollo de las capacidades militares. Con una política exterior expansionista bajo líneas ideológicas, Venezuela permanece una amenaza para el país.”
Bajo la presidencia de Gustavo Petro, las relaciones colombo-venezolanas se descongelaron con una calidez de simpatía ideológica que genera confianza entre sus mandatarios. Este desarrollo no es enteramente negativo, pues Colombia y Venezuela tuvieron importantes relaciones comerciales y la cercanía entre sus pueblos creaba un sentido de hermandad más fuerte que con otros del continente. Sin embargo, no sería sabio para el gobierno olvidar los imperativos geopolíticos que obligan al Estado colombiano a obtener una posición de poder mayor a Venezuela, sin importar como esto afectaría la amistad entre los mandatarios.
Por mucho que se haya querido culpar a Colombia y sus presidentes de derecha por la ruptura de relaciones, fueron los mandatarios venezolanos quienes tomaron las decisiones en política exterior que llevaron a tal separación. Es relevante recalcar la amenaza que presenta el vecino país, pues da una perspectiva de cautela a la diplomacia nacional y a las políticas del Estado que parecen enfocadas a beneficiar unilateralmente a Venezuela por razones ideológicas.
Armando Benedetti, el embajador de Colombia en Venezuela, es uno de los más culpables de esto. En el breve periodo que ha servido parece más “un agente de los intereses venezolanos que de los colombianos” como dice Víctor Mijares. Copia narrativas del régimen de Maduro, defiende al régimen con relativismos de violaciones a DDHH, y ha defendido los intereses económicos de Venezuela. Esto sin mencionar la desastrosa situación con Monómeros que, en vez de manejarla teniendo en cuenta las tensiones geopolíticas entre los países, se la dio a Maduro con sus prospectivas expansionistas bolivarianas. ¿Qué podría salir mal de darle a nuestros oponentes control de nuestros fertilizantes?
Tanta es la ceguera ideológica, qué representantes del gobierno colombiano están más que dispuestos a generar dependencia innecesaria e ineficiente hacia Venezuela. Puede que esto tenga el objetivo de conseguir esa integración regional de la que tanto habla el Grupo de Puebla. Sin embargo, en aras de darles el beneficio de la duda, es mejor asumir que sus acciones son motivadas por la ignorancia, no la maldad. Por ello, se recalca aquí algunas consideraciones a tomar en cuenta para el país.
En primer lugar, cabe recordar que en el artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece que “El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad.” Para aquellos no versados en la historia geográfica de Colombia, “esta definición implica arrebatarle a Colombia los departamentos de Vichada, Guainía y Guaviare, así como pedazos de Meta, Arauca, la Guajira, y Vaupés. Además, implica perder el Golfo de Coquivacoa” como dije en otro artículo.
¿Perder más territorio? Esto no sería sorpresivo para Colombia, que se ha encargado de modificar sus fronteras por más de dos siglos, ¡inclusive en conflictos que ha ganado! Por esta misma razón es que la preocupación es necesaria. Es hora de superar ese “enanismo autoimpuesto” del país marcado por “adoptar como principio de su política exterior el respeto idealista al derecho internacional y la adopción del arbitraje para hacer valer el interés nacional.” como dice Ricardo Esquivel.
En otro conflicto con el vecino país, este idealismo del derecho internacional es evidenciado fehacientemente. El Golfo de Coquivocoa es reclamado por Venezuela que, a través de los siglos, ha manejado distintas tesis jurídicas para justificar arrebatarle territorio al país. Han propuesto la Tesis de la Costa Seca, que limita el territorio colombiano a tierra firme desde Castilletes al punto más oriental, y la Tesis de la Bahía Histórica, que reclamaba su control del Archipiélago Los Monjes con mar territorial y Plataforma. En la misma constitución venezolana también se establece que “El espacio insular de la República comprende el archipiélago de Los Monjes” entre otros.
Mientras tanto, Colombia clama su derecho jurídico (no de facto) del archipiélago. Es decir, Colombia tiene Uti Possidetis de Iuris, pero Venezuela tiene Uti Possidetis de Facto. La consecuencia de esto es que el país no ha tenido los medios para defender sus reclamos territoriales por confiar en ficciones jurídicas inventadas por abogados idealistas. Sea cual sea la razón, estos sucesos no pueden seguir sucediendo. El Gobierno Petro, por mucha afinidad ideológica que encuentre, debe evitar caer en la trampa de confiar en un oponente geopolítico que puede restarle aún más territorio a Colombia, y debe desencadenar un proceso que fortalezca al país para ejercer su soberanía sobre el territorio que legalmente sostiene.
Es por ello que se ve con particular tristeza el fracaso de la compra de aviones para reemplazar a los Kfir de la FAC. No es necesario entrar a apuntar el dedo o presentar una crítica en contra del gobierno por su manejo del proceso, pues son cosas típicas que pasan regularmente en los negocios. Dos lados entran a negociar, cada uno quiere algo que el otro no está dispuesto a ceder, pero, dado el tiempo, estas diferencias se pueden resolver; en este caso, el gobierno no tenía el tiempo.
Eso se entiende, pero no puede ser una excusa para debilitar al país frente a sus rivales. Sería desaconsejable olvidar el incidente de la corbeta Caldas, donde se demostró la debilidad colombiana ante Venezuela. Que triste que, en aguas soberanas de Colombia, el país no tuviera la capacidad de frenar la incursión de las fuerzas venezolanas, y estuviera forzado a retirarse por la asimetría de poder entre los dos. Punto clave aquí fueron los aviones, una consideración hecha por miembros del gobierno era que Venezuela tenía aviones F-16 recién comprados, mientras que Colombia solo contaba con unos Mirage M-5 de los años 70.
Por suerte, la fuerza del país se ha incrementado, gracias principalmente a las Fuerzas Militares, que han impulsado el desarrollo de la industria de defensa colombiana, el fomento del Capital Humano en temas de conflicto, y han concretado las instituciones militares que defienden la República.
Revisando el Global Firepower Index, la evidencia del incremental poderío colombiano es clara. Entre 145 Estados del mundo, Colombia es el #43 más potente. En fuerzas terrestres, el país cuenta con 0 tanques, 8.156 vehículos blindados, 6 piezas de artillería autopropulsadas, y 110 de artillería remolcada. En fuerzas aéreas cuenta con 465 aeronaves, de las cuales 17 son cazas, 38 son de ataque, 83 transportadores, 85 para entrenamiento, 26 de misiones especiales, y 211 helicópteros. Sus fuerzas navales cuentan con 265 activos, de los cuales 9 son fragatas, 2 son corbetas, 4 son submarinos, y el resto son lanchas de patrullaje. A esto cabe sumarle los nuevos sistemas de guerra electrónica, los 145 vehículos blindados Textron M1117, de los cuales 86 ya llegaron, las 18 unidades de artillería Atmos 6×6, los 50 vehículos blindados (GDLS 8×8 LAV III) comprados, la compra del sistema antiaéreo Barak MX, y las cinco fragatas que construirá Damen junto a Cotecmar.
En contraste, Venezuela se ha estancado en los últimos años. Volviendo al mismo índice, este país se encuentra en el puesto #52. A pesar de tener mayor fortaleza terrestre, con 352 tanques, 27.928 vehículos blindados, 73 piezas de artillería autopropulsadas, 104 de artillería remolcada, y 36 piezas de artillería de cohetes, sus fuerzas aéreas y navales son menores en número.
Esto no es para afirmar que Colombia va ganando y que puede imponerse, no es para nada el caso, pero si es para incentivar el continuo desarrollo de las capacidades colombianas. A pesar de que el país gane en términos cuantitativos, no es totalmente claro que sea así en aquellos cualitativos. Por ejemplo, puede que Colombia tenga más aeronaves en total, pero estas son principalmente helicópteros con pocos cazas, mientras que los venezolanos tienen menos helicópteros, pero muchos más cazas.
Irónicamente (a tal vez a propósito de ello), considerando el incidente de la Corbeta Caldas, la Armada colombiana se planta como abrumadoramente superior a la venezolana. Tiene más patrullas, más corbetas, más fragatas y más submarinos. Las políticas de la actual administración con respecto al armamento de guerra han sido correctas. Es necesario comprar equipos, entrenar personal y mejorar las tácticas, operaciones y estrategias del país para salvaguardar su territorio, y enfrentar a sus rivales.
Es imperativo que el gobierno concrete lo más pronto posible la compra de nuevos cazas, y que continúe con el desarrollo de las capacidades militares. Con una política exterior expansionista bajo líneas ideológicas, Venezuela permanece una amenaza para el país. No es hora de parar en el aumento de las capacidades nacionales para poder dictar las reglas de juego, e imponer la soberanía colombiana.
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