Recientemente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó la última medición de desempleo en Colombia, 11.8% de desocupación equivalente a 2.9 millones de compatriotas. Aunque de acuerdo a la entidad se viene presentando un leve mejoramiento en este indicador, es claro que, la promesa del presidente Iván Duque Márquez de reducir la tasa de desempleo a un dígito parece quedarse inconclusa.
Este es uno de los problemas más dramáticos del país. Que decenas de miles de familias carezcan de un ingreso económico para proveerse sus necesidades básicas, nos hace una sociedad profundamente inequitativa e injusta. El desempleo de estos casi 3 millones de compatriotas tiene una relación directa con las cifras escalofriantes reveladas por el informe de la Red de Bancos de Alimentos y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que concluyen que, en el 54% de los hogares hay inseguridad alimentaria; y lo que es aún más grave: 500 mil niños padecen desnutrición crónica.
Estos son datos fehacientes para afirmar que la política social del Estado colombiano ha sido y es insuficiente para afrontar estas situaciones. Así como la institucionalidad debe generar condiciones para el aumento de la producción y de la inversión nacional y extranjera que permita generar más y mejores puestos de trabajo; es fundamental la existencia de una política social que materialice los derechos fundamentales de la población colombiana más vulnerable, y entre esas garantías, el acceso a la alimentación debe ser prioritario.
Para lograr ese cometido se requiere un Estado austero que privilegie la inversión social sobre el mantenimiento de burocracias y clientelas. La ciudadanía deja de creer en la institucionalidad cuando se hacen pocos esfuerzos desde las diferentes entidades estatales para extirpar el cáncer de la corrupción. La reciente eliminación de la Ley de Garantías es una muestra de ello; esa acción le abrió la puerta a la contratación descontrolada que en esta época se presenta con la única intención de obtener réditos electorales.
En esa misma línea, la señora Procuradora Margarita Cabello Blanco, tal como lo expresé en días anteriores en mis redes sociales, debe explicar la creación de 1.200 cargos en esa entidad, justo en un momento en que la nación intenta recuperarse de la catastrófica caída de la economía por efecto de la pandemia, y en el que las familias intentan sobrevivir en medio de la histórica devaluación del peso colombiano respecto al dólar que ha encarecido toda la canasta familiar; no puede salir la procuradora a gastarse $12.000 millones anuales en burocracia, precisamente en una entidad de la que los colombianos reclaman menos politización y más acción contra la creciente e impune corrupción.
En 2021 se presentaron más de 100 muertes de niños por desnutrición en Colombia de acuerdo al Instituto Nacional de Salud (INS). Esto nos lleva necesariamente a plantear la urgencia de erigir un pacto por la transparencia de los recursos, para que éstos sean llevados a la ejecución de una robusta política social que permita impactar en las condiciones de empobrecimiento, inequidad y desigualdad que reinan en Colombia.
Sin duda alguna, los recursos públicos que se le quitan a la corrupción, a la burocracia, al clientelismo y a los gastos inoficiosos del Estado terminan en la salud, la educación, la infraestructura, la seguridad, el deporte; y en general, en el desarrollo de los territorios y de las ciudadanías más olvidadas.
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