Hay varias razones que explican el porqué del éxito de la serie Matarife. La principal es que le disputa el relato al uribismo. Este relato sostiene que Álvaro Uribe fue el mejor presidente de nuestra historia porque nos salvó de la “amenaza terrorista”. La serie, en cambio, afirma que Uribe es el peor criminal de Colombia. Ambos relatos claramente sobredimensionan a Uribe, pues este no hubiera podido acumular tanto poder sin la colaboración de todo un entramado de actores, entre ellos las élites políticas tradicionales. Pero celebro que Matarife le dispute el relato al uribismo porque, al hacerlo, promueve el debate sobre los nexos entre narcotráfico, élites políticas y paramilitarismo, una alianza que se ha resistido a la modernización política de Colombia.
La serie también es exitosa porque surge en un momento en el que el uribismo está en el poder, pero ya no es hegemónico. Y no lo es porque esas élites políticas que apoyaron a Uribe en su combate contra las Farc en este gobierno decidieron defender el Acuerdo de Paz. Además, en marzo se conoció la noticia de un posible fraude electoral a favor de Iván Duque: la ‘Ñeñepolítica’. Adicionalmente, la fundación ‘InSight Crime’ reveló los nexos entre el narcotraficante paramilitar ‘Memo Fantasma’ y la empresa Hitos Urbanos Limitada, cuyos accionistas eran la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, su esposo Álvaro Rincón y su hija.
Tampoco olvidemos que Uribe está siendo investigado por la Corte Suprema por presuntos vínculos con el paramilitarismo. Frente a esta avalancha de acusaciones, ¿cómo ha reaccionado el uribismo? Acusando al senador Gustavo Petro, el opositor de Duque en las elecciones de 2018, de tener vínculos con el narcotráfico.
Esta asociación no es fortuita ni es reciente. El primero en hablar de la relación entre guerrilla y narcotráfico fue Lewis Arthur Tambs, embajador de Estados Unidos en Colombia de 1983 a 1985, quien acuñó el término “narcoguerrilla”. Lo hizo en marzo de 1984, después de que la Policía Nacional y la DEA descubrieran Tranquilandia, en ese entonces el mayor centro de procesamiento de cocaína de América Latina. El laboratorio, ubicado en el Yarí, estaba controlado por el cartel de Medellín, pero custodiado supuestamente por guerrilleros de las Farc.
La intención de Tambs era obstaculizar los diálogos entre el gobierno de Betancur y las Farc. Sobre este hecho, Alberto Rojas Puyo, en ese entonces integrante de la Comisión de Paz, escribió: “Acostumbrados durante largos años a secundar las operaciones políticas de los gobiernos norteamericanos, algunos altos oficiales adoptaron de inmediato la consigna del embajador imperial que coincidía con la no oculta oposición de los altos mandos a las modalidades asumidas por la política de paz. Fue una ostensible intervención extranjera en un aspecto crucial de la política colombiana, escandalosamente coreada por oficiales del ejército. Hecho que pone de bulto la interferencia de los intereses planetarios de los Estados Unidos sobre las Fuerzas Armadas Colombianas”.
Un año después, en mayo de 1985, la periodista María Elvira Samper entrevistó a Gabriel García Márquez, quien apoyaba el proceso de paz de Betancur, pero no estaba de acuerdo con la extradición de nacionales a Estados Unidos. Según García Márquez, “El gobierno de los Estados Unidos realiza campañas antinarcóticos en América Latina, porque eso se ha convertido en un estupendo canal nuevo de intervención política. Acuñaron la palabra ‘narcoguerrilla’ y han tratado de demostrar a toda costa que en Colombia existe una colaboración estrecha entre guerrilla y narcotráfico”.
En 1987 se descubrió que Tambs, en ese momento embajador en Costa Rica, estaba involucrado en lo que la prensa colombiana llamó el ‘escándalo del Coca-gate’: los aviones que ilegalmente dejaban armas y provisiones a los ‘contras’, los paramilitares nicaragüenses, eran usados para transportar droga al regresar a Estados Unidos. En julio de 1989, un informe de la comisión contra el narcotráfico del Parlamento costarricense acusó formalmente a Tambs de tráfico de drogas. El supervisor de Tambs en esa época era Elliott Abrams, el actual enviado especial del presidente Trump para Venezuela.
Desde hace 36 años ha existido una intensa ofensiva mediática que busca vincular a la guerrilla con el narcotráfico y ocultar o relegar a un segundo plano la relación entre élites políticas y narcoparamilitarismo. Mientras tanto, Colombia sigue siendo el mejor aliado de Estados Unidos en la región; es tan grande la amistad que nos siguen enviando fuerzas especiales para apoyar la “lucha contra el narcotráfico”. Esto es lo que no nos deja salir de la espiral de violencia; esta es la historia oficial que hay que desarmar.
Comentar