“La Misión de Descentralización se presenta como una oportunidad para profundizar el debate entre Estado, territorio y autonomía regional y, en esta medida, es un avance significativo en materia de gobernabilidad democrática”.
La Constitución Política de Colombia promueve la democracia territorial (Carmenza Saldías – 2017) y en su artículo 1º establece una organización del Estado en forma de “República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales”. Como lo precisa David Soto, “se intentó resolver el debate histórico entre la unidad de la nación y el territorio” (Universidad Externado, 2003). Existe una legítima preocupación: la descentralización no ha obtenido los resultados esperados frente al cumplimiento de las expectativas y necesidades ciudadanas en cuanto a la eficiente provisión de bienes, obras y servicios.
Podríamos afirmar, al menos de manera preliminar, que no se han logrado satisfacer las expectativas entre descentralización y competitividad local (Iván Finot – Cepal, 2001). No obstante, algunos estudios concluyen que la descentralización ha alcanzado márgenes positivos en el incremento de la cobertura de servicios sociales, es decir, en equidad social en los municipios. Además, especialistas argumentan que los casos de corrupción han incrementado, puesto que los gobiernos locales tienden a ser ineficaces. En efecto, “los sistemas descentralizados estarían más expuestos a riesgos de corrupción y captación de rentas” (Lozano y Julio – CEPAL, 2016), con la prevalencia de relaciones clientelistas.
Ante este escenario, el Gobierno nacional, mediante el Decreto No 1665 de diciembre de 2021, creó la Misión de Descentralización, el cual, en concordancia con la Ley 1955 de 2019, plantea que el Departamento Nacional de Planeación, en cumplimiento del Pacto por la Descentralización, “evaluará los resultados del esquema actual de descentralización y definirá los principales ajustes al modelo descentralizador del país” en temas fundamentales de visión regional. El objetivo es revisar el estado actual de la situación, así como, elaborar estudios e insumos técnicos que permitan presentar proyectos legislativos que distribuyan las competencias entre la Nación y los gobiernos municipales.
De forma concreta, la Misión pretende desarrollar cinco (5) objetivos específicos. Primero: “competencias entre niveles de gobierno”, para definir la “provisión eficiente de bienes y servicios públicos”. Segundo: “fuentes y usos de los recursos para el desarrollo”, partiendo de “propuestas de distribución de competencias” en el marco de la sostenibilidad fiscal. Tercero: “arquitectura institucional y modernización de la administración pública” que garantice el fortalecimiento y la gestión de los entes territoriales. Cuarto: “Estado abierto y participación ciudadana territorial”. Quinto, “descentralización de Territorios Indígenas”.
La Misión de Descentralización se presenta como una oportunidad para profundizar el debate entre Estado, territorio y autonomía regional y, en esta medida, es un avance significativo en materia de gobernabilidad democrática en sus diferentes dimensiones, toda vez que resulta evidente que la descentralización, como proyecto de sociedad, es una gran apuesta pendiente desde la Constitución de 1991. Hacia el futuro, la Misión debe evaluar la oportunidad que ofrece la evidencia empírica en la región de América Latina, en cuanto al rol de la descentralización y su relación con el crecimiento y desarrollo económico local.
Se debe hacer un balance de la manera en la cual la descentralización puede contribuir a fortalecer la democracia, a partir de “mejorar la capacidad de respuesta y la responsabilidad política (accountability) del Estado” (Caputo, OEA, 2008). Pues tal como lo señala Alejandra Botero Barco, directora del DNP en el diario El Heraldo: “esta es una oportunidad para trabajar juntos, escucharnos y cambiar el paradigma de una visión limitada de la descentralización, buscando fortalecer las regiones de una forma integral”.
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