“El mercantilista monetiza la idea de bienestar social, mientras la justicia distributiva propone una visión comprehensiva de lo que se debería entender por ello”
La aplicación de la lógica mercantil impone desafíos de justicia y moralidad al involucrarse en la provisión de bienes y servicios que suplen necesidades que van mucho más allá de la mera satisfacción de las preferencias individuales. Analizarla desde estas perspectivas amplía el panorama y brinda herramientas para determinar la conveniencia o no de tal lógica en los componentes propios de los regímenes de bienestar.
El Estado de Bienestar (o sistema de seguridad social como se conoce en Colombia) es la herramienta con la cual las sociedades le han hecho frente a los riesgos sociales, caracterizados como aquellos que son comunes a todos, gozan de aceptación social y superan las capacidades individuales para intervenirlos. Los riesgos sociales más comunes son maternidad, niñez, educación, desempleo, enfermedad, vejez y muerte.
Hay tantas maneras de intervenirlos como modelos de Estado de bienestar existen. En este artículo se hace un repaso de aquel modelo que propone la aplicación de relaciones mercantiles desde las objeciones morales y de justicia que se le pueden hacer.
Razonamiento mercantil
El argumento a favor del mercado como regulador de las relaciones sociales se basa en la eficiencia del mismo, entendiendo aquello como la capacidad de distribuir bienes y servicios a partir del grado de valoración del bien, de tal forma que los recursos, al ser escasos, terminan en manos de quienes más los desean y de quienes estén dispuestos a pagar más por ellos. Este razonamiento utiliza el precio como unidad de medida por la cual se expresa la valoración: a mayor precio, mayor valoración y viceversa.
Esta forma de distribución protege dos valores importantes en la lógica mercantil: por un lado, la libertad individual, entendida como la posibilidad de elegir los bienes y servicios de preferencia; y por el otro, la maximización del bienestar social, al permitir ganancias agregadas tanto a vendedores como compradores en cada transacción.
Otro punto importante del precio como factor de unidad de cambio es que adquiere una función predictiva, por cuanto expresa, al subir o bajar el valor del bien o servicio, hacia dónde se están desplazando las preferencias individuales.
Ahora bien, ejemplifiquemos esta lógica en servicios como el de la atención médica. Bajo este razonamiento, la teoría nos dice que quienes más valor le dan al servicio estarían dispuestos a pagar más por él, por ejemplo, para ser atendidos de manera más rápida y en mejores condiciones; mientras que quienes menos lo valoran se hallarían dispuestos a esperar el turno asignado y en condiciones disminuidas. Desde esta lógica, el bienestar social se maximiza debido a que tanto el médico como el paciente terminan obteniendo ganancias agregadas: por un lado, el médico obtiene un ingreso adicional, mientras que el paciente es atendido más rápido y con comodidades superiores. Es una lógica que asume al bienestar social como la suma de las preferencias individuales.
En Colombia este ejemplo es personificado con el servicio de medicina prepagada. Este es ofertado por empresas que garantizan una mayor rapidez y comodidad en algunos servicios médicos para quienes estén dispuestos a pagar un valor adicional. Evita las largas listas de espera de las EPS y recibe la atención en centros privados de la entidad con instalaciones mucho más cómodas que un hospital público.
Objeciones a la lógica mercantil
La primera objeción hace referencia al uso del precio como única unidad de medida para valorar el grado de deseo del bien o servicio, por tanto de su distribución. La disposición a pagar un valor adicional no es un indicador de valoración, sino de desigualdad de ingresos y riqueza. No todo deseo se expresa (o se debería expresar) por medio del precio que se estaría dispuesto a pagar. Puede haber otras formas de expresión y de distribución.
Esta primera objeción, en términos de justicia distributiva, plantea como principio de análisis el componente de desigualdad social. La salud es un servicio esencial para la supervivencia humana, pero si su acceso depende de los ingresos y riqueza, el precio, en este caso, ya no actúa como valorador de las preferencias individuales, sino como factor de exclusión al determinar quién recibe o no el servicio de salud.
Supongamos que tenemos que elegir a una persona para ingresar primero en una sala de urgencias. Uno de los enfermos requiere de atención inmediata, pues puede llegar a morir debido a la gravedad de sus heridas; mientras que el otro paciente tiene una molestia muy fastidiosa, pero su vida no corre peligro. ¿Se debe definir quién entra primero subastando el ingreso al mejor postor?, ¿podríamos afirmar que quien está más pronto a morir no valora tanto el ser atendido de primero porque no está dispuesto (o no tiene la capacidad) a pagar un precio mayor? Desde el razonamiento mercantil utilitarista, como ya fue expuesto, subastar el primer ingreso daría mayor eficiencia a la distribución y maximizaría el bienestar social (gana el médico y gana el paciente que pagó el mayor precio); mientras que, desde la perspectiva de justicia social, el atender a la persona más necesitada sería mucho más eficiente, ya que salvaría las dos vidas. En uno se distribuye de acuerdo con el precio, en el otro a partir de la necesidad. El mercantilista monetiza la idea de bienestar social, mientras la justicia distributiva propone una visión comprehensiva de lo que se debería entender por ello.
Ahora bien, supongamos que los dos pacientes presentan igual gravedad y tanto uno como el otro morirán de no ser atendidos de primero. ¿Podríamos concluir en este caso que la mejor forma de distribuir el primer ingreso sería de acuerdo con el precio? Parece que incluso en tal circunstancia todavía algo no parece cuadrar. Se percibe aún algo de injusticia en tal decisión. El médico podría utilizar otros mecanismos de distribución, tales como la edad del paciente, el orden de llegada, personas a cargo, otras enfermedades presentes, etc. Incluso éstos otros mecanismos de valoración parecen ser más justos que el uso del precio como mecanismo de distribución.
La objeción referente a la moralidad hace un análisis a partir de los fines, es decir, de la relación coherente y recíproca que debería existir entre el bien en cuestión y el fin último que éste busca. En el caso del servicio en salud su fin último es curar al enfermo. Si lo comparamos con el punto de vista mercantil, subastar la primera atención parece buscar un objetivo más financiero que de salud. Por tanto, asignarle precio a un servicio como la salud, desde la perspectiva moral, corrompe el bien o servicio, le cambia su razón de ser, desdibuja el sentido de su existencia.
Son dos perspectivas de análisis de un mismo hecho. Desde el punto de vista de la justicia distributiva, no se rechaza la acción de subastar el acceso a la salud porque sea moralmente reprochable, sino porque es injusto por cuanto refleja una desigualdad de ingresos y riqueza que no parecen resolver las cuestiones de distribución de bienes y servicios bajo parámetros de lo que se comprende como justo. Mientras que la objeción moral va dirigida a la degradación y corruptibilidad del bien o servicio al alejarlo de su fin último, de lo que se supone debería buscar.
Michael Sandel, escribió en el año 2013 que “cuantas más cosas puede comprar el dinero, más importancia adquiere la abundancia (o su ausencia)”. Con esto el profesor de Harvard plantea que si la desigualdad de ingresos y riqueza solamente reflejaran diferencias en la satisfacción de las preferencias individuales -como el que una persona se movilice en un BMW y otra en un Renault- tal asimetría no tendría ninguna relevancia pues los dos vehículos cumplen su objetivo básico. Pero cuando ello determina el acceso a bienes y servicios esenciales para la reproducción social y la existencia misma como individuo -médicos, vivienda, educación, pensión, etc- la desigualdad de ingresos y riqueza adquiere otro carácter.
El Estado de bienestar ha funcionado como red de seguridad para, a partir del esfuerzo conjunto, de la acción colectiva, de la solidaridad organizada, hacerles frente a los riesgos sociales que amenazan el desarrollo y la vida misma del individuo. Cuando a tal herramienta se le aplican normas mercantiles, se pasa de la seguridad a la especulación, de la solidaridad a la individualidad, de la eficiencia social en términos de justicia a la eficiencia del mercado en el que la distribución de ingresos y riqueza determina el acceso o no al bien y servicio en cuestión. Las objeciones de justicia y moralidad plantean serios cuestionamientos a tal lógica mercantilista y propone la idea de que posiblemente hay cosas que no deberían tener precio.
