Después de leer detenidamente la columna “Los dos grandes golpes que en menos de 24 horas recibió Daniel Quintero”, publicada en Las 2 Orillas, estuve analizando por qué el miedo a la plataforma Medellín Me Cuida, lanzada por la actual administración para hacerle frente a la pandemia de la COVID-19. Está claro que entregarles nuestros datos a un gobierno local o nacional es algo que genera muchas suspicacias, más en un país como Colombia donde la información privada, es todo lo contrario a ese término.
Por tal motivo, una ciudadana interpuso una acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales al habeas data, la intimidad y el trabajo. Esto nos puso a pensar sobre el rol de la información, la plataforma Medellín Me Cuida solicita información confidencial, pero lo que se hace con esta es un misterio. Uno desearía que la administración municipal diera acceso a toda la información a organizaciones sociales y otras entidades a las que pueda servirles para desarrollar diferentes estrategias sociales que vayan más allá del seguimiento a posibles contagios por la COVID-19; ese es tal vez el mayor error de esta administración, el no darnos claridad sobre qué está haciendo con nuestra información.
Pero, por otro lado, habría que cuestionar por qué nos molesta que un gobierno local sepa sobre nosotros de manera “legal”, cuando es bien sabido que vivimos en un estado de vigilancia y escucha ilegal, o peor aún, cuando en buena medida hemos cedido nuestros datos personales a grandes conglomerados tecnológicos, como Facebook, Twitter, Google, Amazon, Microsoft, Apple, Huawei, Xiaomi, Samsung y la lista sigue.
Todas estas empresas recopilan datos personales tan sensibles como nuestra información financiera, nuestros desplazamientos, nuestras conversaciones, fotografías, videos, etc. Parece entonces que el ciudadano promedio está satisfecho con ser seguido por las multinacionales, aun cuando hace algunos años se descubrió que estas compartían información privada con sus gobiernos, como es el caso de la Agencia Nacional de Seguridad (National Security Agency) de Estados Unidos que espió a ciudadanos de todo el mundo con su programa PRISM. Esto generó un fuerte debate sobre la responsabilidad de las multinacionales con la información privada que está en sus manos.
Tiempo después se conoció que Facebook permitía a los desarrolladores tener acceso a información sensible de sus usuarios. En un primer momento la red social negó dichas acusaciones hasta que el escándalo exploto con Cambridge Analytica y su intervención en elecciones políticas de diferentes países, especialmente en las de Estados Unidos de 2017. Sin embargo, el país norteamericano no es el único que tiene una estrategia de seguimiento desde la industria tecnológica, en China el seguimiento social es alto y desde la aparición de la COVID-19 pasó a niveles extremos, pues el país asiático es pionero en usar la tecnología de reconocimiento facial, la georreferenciación y el seguimiento de sus ciudadanos. Este seguimiento ha permitido “controlar” los brotes de la COVID-19 y ganarse los aplausos por sus esfuerzos.
Cabe recordar que hace algunos meses Estados Unidos alertó sobre el riesgo que podrían correr los ciudadanos que utilizan la aplicación Tik Tok por una supuesta recopilación de imágenes para mejorar los sistemas de reconocimiento facial, pero Instagram, una marca de la compañía Facebook, también fue acusada de lo mismo por la realización de un test sobre qué personaje de Disney eres.
Ambas denuncias, que deberían despertar el interés público, pasaron inadvertidas, y con ello el público dio a entender que no le interesa saber qué hacen las grandes compañías con su información desde que tengan acceso a los servicios que estas plataformas les brindan. La molestia contra el gobierno de Quintero pareciera tener un trasfondo político, ya que algunos personajes de la extrema izquierda y derecha parecen querer sacar provecho de todos los errores que se cometan en la actual administración.
No obstante, el alcalde Daniel Quintero tiene un gran pecado encima y es su delirio de ser un Silicon Valley boy, su incesante necesidad de querer convertir a Medellín en un centro de la cuarta revolución industrial, cuando la mitad de la población de la ciudad vive en la informalidad y no cuenta con la educación que un proyecto de esa envergadura necesita —sin contar con la visión latifundista del sector empresarial antioqueño—, hace verlo como un niño pequeño que todavía cree en el Niño Jesús.
Ahora, y sin sacar en limpio al alcalde, hay que recordar que nuestros datos privados son públicos desde mucho antes de que existiera la plataforma Medellín Me Cuida, todas las administraciones pasadas han recopilado datos de los ciudadanos, sin que sepamos qué se hace con ellos.
El ciudadano promedio, incluyendo la mujer que interpuso la acción de tutela contra la plataforma, busca lanzar desesperadamente un grito de privacidad en una sociedad híper vigilada; tal vez sus datos sean dados de baja de Medellín Me Cuida, pero ella seguirá siendo rastreada y seguida por la empresa de su teléfono inteligente, por sus redes sociales, por su navegación en internet y sus conversaciones. Ella, y todos nosotros, tendríamos entonces que lanzar una voz de protesta contra toda la industria tecnológica que nos monitorea cada segundo y darnos de baja de todos sus servicios, pero arremeter solamente contra una plataforma que busca servir y hacerle seguimiento a una pandemia es bastante ingenuo.
Puede que no nos guste, pero vivimos en una sociedad orwelliana y todos los gobiernos del mundo, de alguna u otra manera, tendrán acceso a nuestra información privada, sea porque nosotros la suministremos, porque la obtienen a través de convenios con grandes multinacionales o, en el caso extremo, por el espionaje y seguimiento ilegal, algo que en Colombia es costumbre.
El golpe no es para la administración de Quintero, como lo menciona la columna de las 2 Orillas, el golpe es para la sociedad que no ha entendido que la libertad individual ha muerto y la COVID-19 es el sepelio de ese falso paradigma llamado libertad.
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