Por arte de birlibirloque, el señor Carlos Felipe Córdoba Larrarte está a punto de convertir una de las más lamentables actuaciones de la Contraloría General de la República en toda su historia en un “estruendoso éxito” de su gestión de guardián fiscal. Aunque con eso no se impida que se cuelgue su medallita de cuero, no sobra hacer alguna claridad sobre los seguros de Hidroituango.
Tres hechos fundamentales:
- HIDROITUANGO ERA PROYECTO BIEN ASEGURADO. Los seguros fueron negociados y contratados en 2010 y tenían vigencia para el período comprendido entre el 15 de abril de 2011 y el 24 de junio de 2019. Inicialmente, se tenía una póliza Todo Riesgo Construcción y Montaje, con amparos adicionales de sabotaje y terrorismo, lucro cesante, transporte internacional y nacional para los equipos y cobertura de equipo y maquinaria. La cobertura por daños materiales ascendía a US$ 2074 millones; por lucro cesante a US$ 149 millones y US$ 200 millones por sabotaje y terrorismo. La póliza de responsabilidad civil extracontractual tenía una cobertura de US$ 50 millones. Posteriormente, el valor asegurado de la póliza todo riesgo para daños materiales se elevó a US$ 2.557 millones y el del lucro cesante pasó a US$ 629 millones, extendiendo su vigencia hasta marzo de 2021. También se extendió la vigencia de la póliza de responsabilidad civil y se le adicionaron otros eventos que podrían afectarla.
- LA GALERÍA AUXILIAR DE DESVIACIÓN FUE INCLUIDA OPORTUNAMENTE DENTRO DE LA COBERTURA DE LA PÓLIZA. La compañía de seguros aceptó pagar por la contingencia causada por el colapso de la GAD porque había admitido la inclusión de esta y del conjunto de obras que conformaban el Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) dentro de la cobertura de la póliza de todo riesgo. La propuesta del SAD fue conocida a la aseguradora en noviembre de 2013.
- MAPFRE HABÍA RECONOCIDO QUE EL SINIESTRO ESTABA DENTRO DE LA COBERTURA Y HABIA EMPEZADO A PAGAR. El 2 de mayo de 2018 se dio aviso de siniestro a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. El 16 de septiembre de 2019, Mapfre informó a EPM su decisión de otorgar cobertura bajo la póliza “Todo riesgo construcción y montaje” por la contingencia de abril de 2018. Mapfre determinó que la causa de la contingencia estaba enmarcada dentro de la cobertura de dicha póliza que aplica a la reparación de la infraestructura, obras civiles, equipo y lucro cesante. En diciembre de 2019, la aseguradora realizó el primer desembolso de US$ 150 millones, en septiembre de 2020 el segundo por US$ 100 millones y el tercero en agosto de 2021. La decisión de otorgar cobertura significaba que para MAPFRE no hubo en la contingencia ni dolo ni culpa grave puesto que por ley esas situaciones no son asegurables.
A la luz de estos hechos, el fallo de la Contraloría en primera instancia era inexplicable. No hubo corrupción y el seguro estaba pagando, entonces ¿cuál detrimento fiscal?
Aterrada por las consecuencias de su absurdo fallo, la Contraloría, en lugar de hacer lo que correspondía que era admitir que no había habido culpa grave, emite un fallo de segunda instancia más absurdo que el primero pues decide vincular a las aseguradoras para hacerlas pagar vía acto administrativo.
El contrato de seguros entre EPM y MAPFRE es un contrato privado, regido por el código de comercio. Una vez reconocida la cobertura, el asegurado va cobrando demostrando ocurrencia y cuantía y la aseguradora va pagando. Esto es lo que se venía haciendo y a esto están obligadas incluso las entidades estatales que no pueden declarar siniestros de cualquier seguro por la vía de un acto administrativo, que por definición es una decisión unilateral.
Seguramente para no inhabilitarse y para ayudar al País a salir del enredo en el que estamos metidos por culpa de Contralor, la aseguradora va aceptar el ajuste del siniestro por la vía de un fallo de responsabilidad fiscal. A fin de cuentas, ya había reconocido el siniestro y venía pagando. Pero esto deja un precedente muy malo para la reputación de Colombia en el mercado internacional de seguros.
La intervención de la Contraloría en el proceso de Hidroituango causó tres daños, a saber:
- Generó gran incertidumbre sobre la continuidad del proyecto afectando gravemente la reputación de EPM y del País todo.
- Al impedir la renovación oportuna del contrato de construcción, ocasionó el retiro del BID de la financiación del proyecto afectando gravemente las finanzas de EPM.
- Ocasiona grave daño a la reputación de Colombia en el mercado asegurador porque ¿quién querrá dar seguros a entidades o empresas colombianas cuando el ajuste se termina haciendo por la vía de un fallo fiscal?
Muy dañino el contralorcillo, pero ya nada impedirá que se cuelgue su medallita de cuero. ¡Disfrútala, Felipillo!
LGVA
Diciembre de 2021.
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