El anuncio de un acuerdo de cese del fuego con el Eln y otros cuatro grupos criminales es prueba inequívoca de la chambonería general con que gobierna la izquierda. Pero amerita unas reflexiones adicionales.
Demuestra que Petro no tiene problema alguno en mentir. El acuerdo anunciado no existía no solo con el Eln sino, como mostró después El Colombiano, tampoco con las organizaciones criminales que Petro denominó «AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada». De hecho, hoy no sabemos si al momento del anuncio sí lo había con «la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central», es decir, con las reincidencias y disidencias de las Farc.
Es una cara de la improvisación gubernamental. No solo no se había pactado el cese del fuego con al menos tres de los cinco grupos violentos que anunciaba el trino sino que no se había diseñado el mecanismo de verificación indispensable para implementarlo.
Demuestra la debilidad de la Fuerza Pública. No fue consultada previamente y se enteró de la decisión de Petro por el trino. El MinDefensa no cumple la función de articulación y comunicación entre Casa de Nariño y los militares y policías. Es claro que a Petro y a su Ministro no les importa ni la experiencia ni la opinión de los uniformados en estas materias ni sus reflexiones estratégicas. Y los mandos militares y policiales son tan débiles que no pasa absolutamente nada con que se les ignore.
El único ganador del garrafal error fue el Eln. Fortaleció su posición en los diálogos y puso al Gobierno a pedir cacao, la peor manera de iniciar un proceso con ese grupo. Hay elementos de un proceso de negociación que pueden decidirse unilateralmente, incluyendo ciertas medidas de confianza, pero sin duda un cese del fuego «bilateral» no es uno de ellos.
El cese del fuego que Petro plantea en realidad es multilateral. Eso lo hace muchísimo más complejo. En muchas regiones del país delinquen de manera simultánea dos o más de las organizaciones criminales nombradas por Petro e incluso otras más no mencionadas. Como lo demuestran los enfrentamientos de esta semana entre las Farc y el Eln en Arauca, no basta con que no haya combates entre la Fuerza Pública y los criminales. Entre los criminales siguen disputándose territorios y el control de poblaciones y de rentas ilegales y esa lucha cobra muchos muertos.
El cese del fuego tal y como se ha planteado es una paralización de la Fuerza Pública que ya antes del anuncio de Petro había disminuido sus operativos en un 70%, según la Fundación Ideas para la Paz. Ahora será peor.
El punto de que el cese del fuego consista en que «no haya confrontaciones» con la Fuerza Pública pero que al mismo tiempo sí se permita la «detención (sic) de civiles» y que la «extorsión, vacunas y todo lo demás se seguirá presentando», como confesara Diógenes Quintero, el congresista de la circunscripción de paz del Catatumbo, es sumamente grave.
Los únicos beneficiados son los violentos, que ya no tienen el riesgo de que militares y policías los persigan y que pueden dedicarse a combatir con los otros grupos criminales por rentas y territorios. Y los civiles quedan desprotegidos y a merced de los bandidos. Lo vimos esta semana, sin que nadie se escandalizara, en Policarpa, Nariño, donde 12 policías se encerraron en su cuartel mientras que los violentos se paseaban por el pueblo. Es indispensable establecer si es verdad que los policías recibieron la orden de no intervenir y, si fue así, saber quién dio tal orden.
En resumen, el cese del fuego supone que ya no habrá acciones ofensivas de militares y policías contra los grupos criminales, que estos seguirán enfrentándose entre ellos, que continuarán delinquiendo y mantendrán sus actividades de explotación ilegal de oro y de narcotráfico, y que proseguirán las acciones violentas contra la población civil. Seguirán, pues, y ya lo estamos sufriendo, las extorsiones, secuestros, asesinatos de líderes sociales, masacres, reclutamiento de menores y el desplazamiento de poblaciones. Lo ratificó un alto jerarca de la Iglesia: hay cese del fuego pero no de «hostilidades» y las actividades ilegales continúan. No sobra recordar que las hostilidades contra los civiles están terminantemente prohibidas por el DIH. En esos términos, el cese no solo es inmoral sino inconstitucional. Eso será objeto de otra reflexión.
Como ya saben los lectores, a estas alturas y después de tantos desengaños, estoy convencido de que la paz no se hace por la vía de la claudicación, de la impunidad, de premiar a los criminales con beneficios jurídicos, políticos y económicos que no tienen los ciudadanos que jamás han delinquido.
Dicho esto, si el Gobierno y la mayoría deciden continuar por el camino de los diálogos con los bandidos, al menos hay que aplicar las lecciones del pasado: las negociaciones serias necesitan estrategia, prudencia, preparación, paciencia, seriedad y carácter; exigen que el Estado no solo no pierda su capacidad de presión sino asestarles golpes contundentes a los criminales. Renunciar al garrote, como hace Petro, es estúpido y contraproducente; la exigencia primordial debe ser la de proteger a los civiles; permitirles a los violentos continuar con sus actividades delictivas solo les asegura mejores ingresos y los fortalece y aleja la paz que se anhela; si no derrotamos al narcotráfico estos diálogos, en el mejor escenario, solo supondrán un reciclaje de las organizaciones criminales y de sus líderes.
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