Esto pasó hace mucho, mucho tiempo en Puerto Valdivia, Antioquia.
Un trabajo de inteligencia militar determinó la ubicación de al menos 80 terroristas de las Farc en Antioquia, por lo que el Ejército dio la orden de perseguir a estos bandidos. Se desplegaron las aeronaves y la operación les ocasionó importantes bajas; no obstante, una gran parte de los delincuentes logró escapar.
Los militares tuvieron la orden de perseguir a los sobrevivientes, siguiendo la trilla, es decir, el rastro que estas personas iban dejando en medio del territorio, pero no contaron con que una facción de ellos iba a hacer una oreja, lo que significa que rodearon por un costado a sus propios compañeros hasta llegar a un caserío.
Una vez allí, los guerrilleros sacaron a los ancianos y los mataron a golpes y hachazos; les pusieron los uniformes que ellos portaban y los dejaron allí para continuar con la oreja y reencontrarse con el resto de la cuadrilla.
Mientras tanto, el Ejército seguía persiguiendo al grupo más grande, pero lamentablemente les perdió el rastro.
El militar que dirigía esta operación fue posteriormente investigado por la muerte de los ancianos. Cuando se realizó el levantamiento de los cadáveres, se determinó que aquellas personas no podían ser combatientes de los grupos terroristas, por lo que la principal hipótesis de las autoridades fue que el Ejército era responsable.
Empezó entonces una larga cadena de investigaciones y Consejos de Guerra, en los que el militar era señalado, absuelto y nuevamente acusado por los mismos hechos.
En medio de esos procesos, la defensa logró obtener el testimonio de una guerrillera perteneciente a la cuadrilla que inicialmente era perseguida, quien confesó que ellos habían asesinado a los pobladores del caserío para comprometer al Ejército Nacional.
Tras cinco Consejos de Guerra, numerosos testimonios, pruebas y evidencias que concluían en la inocencia de este militar, la Procuraduría optó finalmente por la deshonrosa destitución de alguien que había cumplido a cabalidad su misión.
Este es apenas uno de los muchos episodios ocurridos dentro de la institución militar colombiana; hechos que desmoralizan a la tropa y que, sin duda, plantean cuestiones existenciales y pragmáticas entre sus integrantes: ¿para qué portar el uniforme si prima la presunción de culpabilidad?
Este, por supuesto, no es un llamado a la impunidad, venga de donde venga (incluidos los falsos positivos), sino a una justicia que, si bien es lenta y ciega para los colombianos, para los militares parece coja y tuerta.
Cuando un soldado termina temiendo más al expediente que al enemigo, algo profundo se ha roto en el Estado de derecho.
Nota final: En retaliación por la operación militar inicial, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (las Farc y el ELN) planearon y ejecutaron la toma de la base militar de Tarazá en 1990, dejando diez militares muertos. Sus nombres merecen ser recordados: el teniente coronel Jaime Fajardo Cifuentes, el teniente Germán López Cortés, los soldados Jaime Escobar Mejía, Alexander Ortega Betancourt, Juan Carlos Serna Posada, Nelson Quintero González, Jorge Eliecer Restrepo Estrada, Carlos Arroyave Cuenca y Luis Alfonso Muñoz Sánchez, así como el agente John Jairo Arias Mateus.
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