Cuando el Consejo de Estado resolvió favorablemente una acción de nulidad contra la consulta popular del exalcalde de Bogotá para pronunciarse sobre la realización o no de las corridas de toros, aunque polémico, fue un fallado ajustado a la vocación contramayoritaria de los derechos fundamentales que operan en nuestro modelo constitucional. La tauromaquia se mueve en una línea muy delgada de quienes la conciben como expresión artística y quienes advierten un maltrato animal injustificado. Dado que lo políticamente correcto es defender a los animales, el Consejo de Estado se enfiló en una línea de protección por el pluralismo y las minorías. Y defender a las minorías (en sentido constitucional y no cuantitativo) es muy coherente con el espíritu de nuestra Constitución.
Pero agua ha corrido bajo el puente. La normativa sobre la protección de animales y la declaratoria del río Atrato como sujeto de derechos (Sentencia T-622 de 2016) muestran que el sistema constitucional va en una dirección de protección amplia y garante, no solo de personas sino de seres vivos, de allí que lo razonable fuese creer que la balanza se modificaría sustancialmente en cuanto el peso del derecho de protección de las minorías cedería ante el derecho de un ser vivo (el toro) a no ser sometido a un trato de injustificado e innecesario sufrimiento. Sumado a esto, tenemos que la tradición en sí misma ya no es una fuente de derecho, y menos si compromete la integridad de un ser vivo, humano o no humano. Por esto, no puede resultar sino frustrante y poco coherente con el espíritu del constitucionalismo, que la misma Corte Constitucional ha trazado, que desconozca la protección de un ser vivo por asegurar la prolongación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida. El mandato argumentativo del que debió haberse valido la Corte Constitucional no podía ser otro sino el de la inmediata interrupción.
