La Realidad Carcelaria

     

 

En una columna anterior me refería a la nueva reforma carcelaria, que entro en vigencia este año y que busca reducir la sobrepoblación carcelaria, que existe actualmente en nuestro país.

Celebramos la medida como un instrumento que puede ayudar a reducir el hacinamiento tan ignominioso que presentas las cárceles de Colombia.

Pero no podemos dejar de reconocer que la magnitud de dicho problema es tal, que la reciente tragedia ocurrida en la cárcel de Barranquilla, puede ser un juego de niños, comparado con el riesgo existente por las condiciones tan infrahumanas en las que están sometidos los presos de Colombia.

El sistema penitenciario de Colombia tiene una capacidad para albergar 76.000 presos, en condiciones que distan de manera extrema de las mínimas establecidas, y tenemos una población carcelaria en la actualidad que supera los 120.000 presos, es decir tenemos una

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sobrepoblación de más del 58% de la capacidad instalada, y hay cárceles como la picota, la modelo, y el buen pastor que en la actualidad manejan un hacinamiento cercano al 70% de su capacidad instalada.

El año pasado el defensor del pueblo Jorge Armando Otálora rogo que se decretara una emergencia social para aliviar dicho hacinamiento. La corte suprema llamo la atención al congreso y al gobierno y les solicito especial cuidado al realizar reformas, y dimensionar su impacto sobre las cárceles.

El hacinamiento de las cárceles en 2.006 era solo del 14.5%, entonces que fue lo que hizo que en solo 7 años se duplicara la población carcelaria y se multiplicara por seis el hacinamiento?

Existe consenso por parte de los especialistas, que el gobierno y el legislador ante la presión de la opinión pública, legisla tipificando nuevos delitos o aumenta las penas sin dimensionar el impacto que estas pueden tener en la infraestructura carcelaria.

Basta recordar, que la ley 599 del 2.000 del código penal en apenas 13 años ha sido reformada 38 veces.

Dos de las anteriores reformas, han tenido un impacto demoledor sobre la política carcelaria.

Una fue la Ley 890 de 2.004 que en uno de sus artículos, aumento las penas de 440 delitos del código penal. Lo anterior disparo de inmediato congestiono las cárceles.

La otra Ley fue el estatuto de seguridad ciudadana ( ley 1453 de Junio de 2.011) la cual aumento las penas de algunos delitos y creo otros nuevos( lanzar tiros al aire y el uso de menores para cometer delitos).

En los primeros 10 meses de vigencia de la ley, el número de internos aumento un 15% ( 13.933 personas, es decir casi 50 reos cada día) lo que un alud de tutelas en la cual los jueces prohibieron el ingreso de nuevos presos a 28 de las cárceles.

Es un hecho que en un país como el nuestro con altos índices de inseguridad, sea rentable políticamente la expedición de leyes,( populismo punitivo) pero los expertos sostienen es que imponer penas más severas no reducen necesariamente la criminalidad, y el efecto puede ser contrario.

De acuerdo con la comisión asesora nombrada por el ministro de justicia, “lo importante no es aumentar la pena, sino garantizar que haya castigo efectivo”.

Es tan preocupante el asunto que según cálculos del propio ministerio de justicia, en diez años el presupuesto de prisiones podría superar al de defensa, sin considerar como encarar el problema ya creado, que implica otros aspectos bastante graves tales como la corrupción de la guardia, la insuficiente y deficiente infraestructura y los complejos trámites administrativos.

Datos de la revista semana señala que diariamente se presentan 6 riñas y 7 heridos por arma blanca. En los últimos 3 años han muerto 550 personas en las cárceles de las cuales 66 fueron suicidios,28 asesinadas con arma blanca, 6 con objeto contundente, 3 a tiros, 3 intoxicadas 20 en accidentes y 424 fallecieron de forma natural.

Las estructuras de la corrupción son tan aberrantes, que las mafias conformadas por presos y por guardias, han hecho de la desgracias de los reos un lucrativo negocio que va desde el cobro de $ 2.000 por permitir la visita de un familiar, hasta $ 150.000 por permitir tener celular, y el cobro de $ 2’000.000.00 para permitirle dormir en una celda.

En su conjunto las condiciones de vida de los reclusos en Colombia son ignominiosas y vergonzosas, de allí que en la actualidad cursen demandas contra el estado ( inpec) por concepto de violación a los derechos humanos suman casi medio billón de pesos.

La falta de control para la construcción de 11 nuevas cárceles ordenada por el estado en 2.005 se tradujo en otro foco de corrupción que no permite el uso de las mismas, pues presentaban fallas tales como la distancia entre los barrotes permitía la fuga de los presos.

En teoría el sistema penal acusatorio implantado en 2.005 debería haber ayudado a dar garantías a los procesados, y por ello hasta que no hubiera condena no irían a la cárcel, pero la verdad es otra. Hoy uno de cada tres presos en la cárcel no tiene condena.

Otro aspecto definitivo es el Inpec, el cual el ministerio prometió liquidar para sustituirlo con la Unidad de Servicios Penitenciarios y carcelarios, la cual en dos años ha tenido 6 directores, y en la práctica opera con muchas dificultades.

El Inpec en 2.010 tenían 34 sindicatos, en la actualidad son 57, y las acusaciones de abuso, corrupción son infinitas por excesos cometidos por la guardia penitenciaria.

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