La Lucha por la titulación colectiva y sus experiencias comunitarias en territorio

En mi visita a El Bagre, Antioquia, pude dimensionar la importancia de la titulación colectiva para las comunidades, tema que trabajé en mi pregrado en Antropología, pero que solo pude dimensionar cuando estuve en territorio.


Durante mi reciente viaje a El Bagre, Antioquia, tuve el privilegio de conocer y escuchar de primera mano a una comunidad en la vereda de La Bonga que ha enfrentado valientemente décadas de violencia en la región. Un líder de comunitario hablaba de «un cuarto actor», destacando el papel de personas que viven en esta zona y han diseñado estrategias como una entidad independiente y resistente en el territorio, a menudo olvidada en la narrativa de grupos armados que han dominado la zona.

Este «cuarto actor» ha implementado estrategias para expulsar a los grupos armados, basadas en prácticas de cuidado y respeto por el territorio. Además, han emprendido diversas iniciativas, desde la apicultura con Miel Serranía hasta el establecimiento de un colectivo de comunicación comunitaria conocido como Gente y Bosques.

Durante una reunión con más de veinte miembros de la comunidad, resaltaron la importancia del proceso de titulación de tierras en su territorio. Y es que través del establecimiento del Consejo Comunitario, están trabajando para lograr mayor autonomía y estabilidad en su territorio, buscando ser reconocidos en los territorios que habitan y llevan trabajando desde hace décadas. Cómo lo mencionó uno de estos líderes en esta entrevista que hice para mis redes sociales https://www.instagram.com/reel/C3FmW4PO0Sh/

Significado y alcance de la Titulación Colectiva de tierras en Colombia

La Titulación Colectiva es un procedimiento vital que reconoce la propiedad colectiva de tierras baldías que se lleva a cabo por la Agencia Nacional de Tierras, especialmente dirigida a Comunidades Étnicas: afrodescendientes, indígenas, campesinos y personas que habitan esta zona. Este proceso, facilitado por la Agencia Nacional, tiene sus raíces en la Ley 70, también conocida como Ley de las Comunidades Negras, que fue impulsada por Piedad Córdoba, abogada y política colombiana, que falleció a inicios de este año.

Esta ley condujo al Decreto 1745 de 1995, que estableció el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades negras. Estos avances son ampliamente celebrados por las comunidades negras en Colombia.

Y es que según datos del Ministerio del Interior, hasta el 2020, más de 5.6 millones de hectáreas de territorios ancestrales y tradicionales habían sido tituladas a comunidades afrodescendientes en Colombia, con el 95.3% de los títulos otorgados en la región del Pacífico.

Ante este mismo ministerio se han registrado un total de 298 Consejos Comunitarios, distribuidos en 17 departamentos: Chocó (82), Valle del Cauca (55), Nariño (49), Cauca (28), Antioquia (17), Putumayo (15) y Bolívar (11), zonas donde el conflicto armado ha dejado millones de víctimas y la mayoría de su población vive con necesidades básicas insatisfechas.

Impacto en las comunidades y experiencias destacadas

La titulación colectiva de tierras no solo es el resultado de una voluntad política por parte del Estado, sino también del esfuerzo y la determinación de las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas que gestionan activamente desde sus territorios. Este logro comunitario es fundamental para proteger y ejercer soberanía sobre sus territorios frente a proyectos extractivistas y externos a los intereses de las comunidades.

A inicios de este 2024, 102 familias campesinas en Amalfi, Antioquia, recibieron el título de propiedad de sus tierras, abarcando 1,858 hectáreas de terreno que antes se encontraban sin ser reconocidos, a pesar de habitar y trabajar estos territorios por décadas. Este logro representa un hito significativo para estas familias que han trabajado la tierra durante generaciones.

Además, en el año 2023, durante este Gobierno, se formalizaron 1,430,000 hectáreas de tierra a familias campesinas, indígenas y afrodescendientes, según cifras de la Agencia Nacional de Tierras.

Otro ejemplo notable es el del Consejo Comunitario Afrorenacer del Micay, ubicado entre los municipios de El Tambo y Timbiquí en el Cauca, que recibió el título colectivo de 28,417 hectáreas, beneficiando a aproximadamente 262 familias y 609 personas en total. Este acto de reconocimiento representa un paso crucial hacia la reparación de las víctimas del desplazamiento forzado y asegura la protección de las tierras ancestrales de la comunidad.

Un logro para la protección y gestión sostenible de sus territorios

La titulación colectiva de tierras en Colombia no solo representa un avance legal, sino también un reconocimiento de la importancia de las comunidades en la protección y gestión sostenible de sus territorios. Estos logros son testimonio del compromiso del Estado y las comunidades para garantizar la autonomía y el bienestar de aquellos que han sido históricamente marginados y vulnerables.

Entre las principales disposiciones destacadas se encuentran los procedimientos específicos para la ampliación y saneamiento de territorios colectivos de las comunidades negras, que subrayan la importancia cultural y espiritual de estos espacios.

Además, la iniciativa establece principios fundamentales como la celeridad en los procesos, la relación especial de las comunidades con sus tierras y su identidad territorial ancestral. También se destaca la autonomía de los procedimientos administrativos, que operan de manera independiente de otros procesos, fortaleciendo así la capacidad de las comunidades para gestionar y proteger sus territorios de manera efectiva.

Este texto es la ampliación a la entrevista que le hice a Delix Mendoza quien está trabajando por la titulación de tierras colectivas en la vereda de El Bagre-Antioquia, y que pueden encontrar acá: https://www.instagram.com/reel/C3FmW4PO0Sh/


Todas las columnas de la autora en este enlace: Camila Gil

Camila Gil

Antropóloga y comunicadora. Enlace de movilización del Derecho a No Obedecer e integrante de la Red de Jóvenes Constructores de Paz de Fundación Mi Sangre. Actualmente soy asesora del Equipo Consultivo Comunitario de la Universidad de los Andes en proyecto sobre Derechos Humanos Digitales.

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