El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, durante un reciente consejo de ministros, fijó una postura tajante sobre la soberanía, el control fronterizo y la seguridad nacional: “Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”.
La proclama tenía destinatario directo: los migrantes venezolanos que ingresaron al país sin cumplir los requisitos legales y se asentaron en el territorio nacional. Esta situación ha generado una distorsión económica que perjudica a la población local en la búsqueda de empleos dignos, dado que al trabajador informal o ilegal se le vincula al margen del Código Sustantivo del Trabajo, sin prestaciones ni garantías, lo que afecta principalmente a los colombianos de más bajos recursos que compiten de manera desigual por esas mismas plazas. Incluso, la migración incontrolada de profesionales venezolanos creó una subasta inversa para el trabajador colombiano calificado, el más barato tiene el empleo, lo que ahuyenta a los jóvenes de las universidades.
Acto seguido, el mandatario enfatizó: “Tendrán que ser deportados. Es una orden presidencial que se debe empezar a cumplir esta misma semana. No voy a aceptar inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías en Colombia. Se van o los deportamos. Es una decisión política y administrativa, y yo la asumo”. Y remató recordando su discurso de campaña: “No solamente los extranjeros que están cometiendo ilegalidades o crímenes, sino también aquellos que han violado la norma”.
Sin embargo, la deportación masiva enfrenta serios obstáculos jurídicos y diplomáticos. Colombia está supeditada a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 —otro instrumento internacional donde la soberanía nacional pasa a segundo plano—, además de normativas locales que exigen un debido proceso. A esto se suma un contrasentido de la diplomacia global: ninguna persona puede ser expulsada sin la aceptación del país de origen. Si el régimen venezolano se niega a recibir a sus connacionales, el Estado colombiano queda atado de manos.
Por otra parte, la premisa del presidente de deportar a quienes cometen delitos en suelo patrio contiene una falla de fondo. A los delincuentes no se les premia devolviéndolos a su país; se les captura, se les judicializa y se les encarcela para que paguen por sus crímenes en el lugar donde los cometieron.
Como era de esperarse, sectores de izquierda y autodenominados defensores de los derechos humanos pusieron el grito en el cielo. Una reacción calcada a la de los demócratas radicales en Estados Unidos frente a las políticas de control migratorio de Donald Trump. Los progresistas colombianos llegaron a manifestar que Colombia perdió la soberanía por copiar las políticas del mandatario estadounidense y hasta el líder supremo de esa vertiente Gustavo Petro calificó la medida como una agresión contra la libertad.
La crisis migratoria estadounidense se profundizó cuando la administración de Joe Biden relajó los controles fronterizos, desbordando las capacidades presupuestales de los estados del sur. Al respecto, el premio nobel de economía Milton Friedman señalaba una verdad matemática ineludible: “Es simplemente imposible tener, al mismo tiempo, libre inmigración y un Estado de bienestar”.
No se ha visto en la historia durante le época de los Estados de Bienestar un caso en donde las personas decidan migrar hacia países comunistas tampoco hacía países en donde no hay subsidios o beneficios. Incluso, para el caso de los Estados Unidos, mujeres en embarazo ingresan para que su hijo sea ciudadano norteamericano con todos los derechos. La migración ilegal en la mayoría de los casos se produce para recibir nunca para aportar.
Mientras la izquierda internacional defiende la política de «puertas abiertas», la élite progresista estadounidense vive en burbujas de exclusividad como Martha’s Vineyard Island, en Massachusetts. Allí, donde una vivienda promedio supera los 800.000 dólares y personalidades como Barack Obama poseen mansiones de 12 millones de dólares, los demócratas han obtenido históricamente más del 80 % de los votos. La Isla es un fortín azul desde el cual muchos políticos con propiedades en el lugar critican abiertamente a Donald Trump por querer expulsar del país a los inmigrantes ilegales.
El 14 de septiembre de 2022, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, envió en dos vuelos chárter a 50 migrantes venezolanos sin antecedentes penales a dicha isla para poner a prueba el discurso desde su santuario. La respuesta del enclave progresista fue inmediata: declararon la emergencia humanitaria, el gobernador de Massachusetts activó a la Guardia Nacional llevando al ejército para evacuar a los migrantes y en 48 horas todos ellos estaban la base militar Joint Base Cape Cod en la parte continental del Estado a cientos de kilómetros de la isla.
La excusa fue la falta de infraestructura y la barrera del idioma. Una de las zonas con mayor concentración de riqueza en Estados Unidos no podía albergar ni alimentar a 50 personas.
Esa es la doble moral que caracteriza a la izquierda internacional: una generosidad ostentosa financiada con recursos ajenos y aplicada lejos de sus propios vecindarios.
La narrativa se cae aún más al contrastar las cifras reales de deportación en EE. UU.: Donald Trump deportó a 2,7 millones de personas en sus dos mandatos; Joe Biden expulsó a 2,1 millones en solo cuatro años; y Barack Obama ostenta el récord con 5,2 millones de deportados en sus dos periodos presidenciales. ¿Dónde estaban esos defensores de los derechos humanos cuando Barack Obama deportaba a 1800 personas al día?
La inmigración ilegal sin control tensiona el aparato productivo, satura los servicios públicos y genera fricciones en los sectores de menores ingresos que compiten por puestos de trabajo limitados. Cuando a esto se suma una incompatibilidad cultural o de valores con la sociedad receptora, la fractura social se acelera, tal como se observa en países como el Reino Unido, Francia o España. En contraste, naciones como Polonia, Dinamarca y Hungría entendieron el peligro y han implementado marcos estrictos para resguardar su estabilidad y pareciera que hay varios países que quieren copiar ese modelo restrictivo. La soberanía nacional se puede perder con una inmigración descontrolada y se debe actuar antes de que todo sea tarde.
Un migrante legal es un activo que llega a construir y aportar al desarrollo de una nación. Por el contrario, la inmigración ilegal descontrolada se convierte en un pasivo fiscal que presiona el sistema de salud, la educación y los recursos aportados por los contribuyentes.
La gestión migratoria no es un asunto de simple caridad sentimentaloide, sino de sostenibilidad económica, orden y soberanía. Es momento de que en Colombia se aplique la ley, se juzgue con rigor a quienes delinquen y se restaure la sensatez en las fronteras.
Refresquemos la política desde Antioquia para Colombia.
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