Colombia tiene muchos problemas que la aquejan sin tregua y de forma tan profunda que cada tanto vemos temblar los cimientos de una sociedad acostumbrada a subvertir los valores que deben reglar el orden correcto de las cosas (los seres humanos somos autodestructivos por naturaleza). No solo la corrupción ha carcomido el alma de nuestro pueblo; también lo han hecho -y quizá con mayor impacto- el narcotráfico y el consumo de drogas, que indefectiblemente se deriva de aquel.
Más que cualquier otra ciencia, el derecho debe estar en consonancia con las realidades sociales, y en Colombia tristemente caímos en la “dictadura” de unos pocos que, con la excusa de la interpretación de la ley, imponen comportamientos que les son propios a su agenda política e intereses particulares, sin consultar las verdaderas necesidades sociales. Aciaga hora en la que se legalizó en Colombia el uso recreativo de la tal “dosis mínima”: en ese preciso momento, la Patria “flexibilizó” su capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, dando paso a la tolerancia frente al consumo, a partir de lo que unos “dinosaurios” de la izquierda -marihuaneros por demás- consideraban que era la construcción de los pilares de la sociedad, la base de lo que ellos llaman “la social bacanería”, y, así, en pocos años pasamos de ser un país exportador a uno consumidor de drogas.
El artículo 49 de la Constitución Política, determina de manera clara, concisa y precisa que: “El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”. Deviene, entonces, prístina, la siguiente conclusión, luego de leer la norma citada: solo los médicos pueden recetarla; nadie más. Ya ven el daño que hace la “interpretación” amañada de la ley. Esa es la herencia del “impoluto” exmagistrado Carlos Gaviria, que, a través de una sentencia deleznable, le dio vida a la legalización de la dosis mínima.
Colombia es un país que ha padecido un holocausto por cuenta de las malditas drogas. Llevamos décadas matándonos por el miserable negocio del narcotráfico, que se transformó, en los últimos años, en un problema de consumo interno, por obra y gracia de un puñado de pseudointelectuales que manejan la opinión, por un lado, y las cortes, por el otro. Así fue como acudimos al sainete macabro en el que nuestros jóvenes, por el mal ejemplo de unos cuantos viejos adictos, crecieron sin desprecio y aversión por las drogas.
Muy pronto, los narcos se percataron de que su nuevo mercado estaba en los colegios, escuelas, universidades, parques y escenarios deportivos, y fue así como se dieron a la tarea de controlar las zonas para asegurar el mercado y esclavizar a los jóvenes, a quienes “la social bacanería” les vendió la idea de que usar drogas era estar a la moda, disfrazando el entuerto con el ropaje del libre desarrollo de la personalidad. Nada más equivocado: las drogas alienan, destruyen, causan sufrimiento, son la antítesis del libre
desarrollo de la personalidad, precisamente porque lo condicionan y de manera muy negativa. La droga es la vía más expedita para llegar al infierno.
Pésimo mensaje se le envía a nuestra juventud, cuando aquellos que deberían dar ejemplo se entregan a los brazos venenosos y oscuros de la droga. Los políticos, jueces, padres de familia, artistas, periodistas, abogados y empresarios que caen seducidos por ese flagelo, nada pueden reclamar a quienes tienen el deber de criar o educar, y, así, sin más ni más, se crece el espiral. Nefasta señal reciben también la Nación y el mundo, cuando un gobierno como el de Santos (enhorabuena fenecido) renuncia a su obligación constitucional y legal de combatir los cultivos ilícitos, que crecieron, como nunca antes, bajo la sombra del tartufo.
El gobierno del presidente Duque ha empezado por donde es: hay que perseguir al jíbaro, al expendedor, a quienes controlan el menudeo que envenena nuestro futuro, que son los jóvenes. Detrás de estos mercaderes de la muerte se esconden los grandes carteles que controlan la producción y elaboración de las drogas que tanto dañan, empezando por las Farc y todos sus aliados del mundo criminal.
Cada vez que un colombiano consume cualquier tipo de droga patrocina directamente al narcotráfico y a todas las inmundicias que ese mundo engendra.
La ñapa I: A mis 40 años bien vividos, puedo decir con la frente en alto que jamás he consumido ningún tipo de droga. Me siento orgulloso de ello y por eso tengo mi conciencia limpia para exigirles a mis hijos que hagan lo mismo. La mejor enseñanza es el ejemplo.
La ñapa II: Martincito Santos, Sandra Borda y demás hierbas del pantano que defienden la legalización de las drogas, deberían declararse impedidos para el debate, pues son consumidores y, por lo tanto, se configura “un conflicto de intereses”.
La ñapa III: Si los gobernadores de Colombia eligen a Mauricio Lizcano como director de la Federación de Departamentos, significa entonces que quieren saquear esa entidad.
La ñapa IV: El programa santista “Ser pilo paga” resultó ser otra de las tantas estafas del tartufo. ¡Qué horror!
@DELAESPRIELLAE
