«La Vacuna es un bien público mundial». Boaventura de Souza
La discusión pública suscitada el 8 de abril en torno al proceso de vacunación en la ciudad de Medellín es una clara muestra del antagonismo político que constituye la vida social del Valle de Aburrá contemporáneo. Ese día, el alcalde Daniel Quintero comunicó temprano por twitter una medida esperanzadora: los mayores de 70 podrían acudir a vacunarse sin cita a las IPS, dado que el gobierno central había proveído el inmunizante necesario.
En Europa debido a la fortaleza de su sistema universal y público de salud, el agendamiento vía cita individual funciona como esquema de administración democrática y eficiente de las vacunas. En nuestras coordenadas, con un sistema de salud con recursos público/privados administrado por privados, el agendamiento de la vacunación vía cita ha implicado una profundización del privilegio. Much@s pertenecen a EPS tan débiles que no pueden velar por la vacunación de la misma manera que lo hacen grandes los emporios, cuyos asegurados a veces «fortalecen» su servicio con un pago extra (la prepagada o el PAC). Estas notables empresas de la salud han cumplido durante más de un año de pandemia una función doble. Han sido para sus afiliados un mecanismo eficiente de realización de pruebas y son también sostén de la demanda de especialidades médicas que prestan a todo el sistema de salud de forma privada, junto con las decenas de institutos y laboratorios que también ofrecen servicios de alta calidad.
Este mercado en Medellín ha sido tan próspero que hasta antes de la llegada del COVID-19, constituyeron un verdadero clúster de prestación de servicios médicos para antioqueñas, colombianos y extranjeros; al punto que el sur de la ciudad es un nicho de turismo médico a precios competitivos globalmente, siendo los procedimientos estéticos unos de los más demandados.
Este complejo clínico volcado al mercado no ha aparecido mucho en la pandemia, con algunas honrosas excepciones. Al principio, cuando cerraron las intervenciones «no esenciales» algunos de sus integrantes alzaron su voz para exigir que los dejaran trabajar, como lo hicieron muchos otros gremios del comercio. Tal vez fue por ese carácter privado que cuando comenzó la preocupación por las UCI, el complejo comercial sanitario no sonó mucho y las autoridades locales comenzaron a abrir nuevas clínicas como la de «La Ochenta», como si no existiera un sistema de salud fuerte y hubiese que inventarlo para enfrentar la guerra que se avecinaba, en la cual el complejo clínico-comercial no iba a participar.
El sistema público ha sido en cambio, el «teatro de operaciones» de «la guerra» contra el Covid. Cada vez que una periodista de una cadena nacional presenta ese indicador tan común desde hace unos meses (el porcentaje de ocupación de las UCI), realiza su nota frente a la IPS Universitaria (U. de A.) y/o el Hospital General donde al parecer está el frente de batalla. Para nosotros los legos en temas de salud nos ha dado la impresión que solo allá hay UCI. Obviamente en algunas instituciones privadas hay UCI dedicadas a tratar a pacientes de COVID-19 (como el Hospital Pablo Tobón), pero en ellas no han salido a liderar públicamente la cruzada contra el Covid, como la hecho por ejemplo, la directora de IPS Universitaria (Marta Cecilia Ramírez) en cuyas intervenciones es evidente que lidera un hospital de campaña en una guerra.
Puede ser por perspectiva de excepcionalidad que en estas IPS públicas llevan un par de semanas llamando a vacunación sin cita a sus afiliados mayores. A veces se han generado aglomeraciones, pero muchos han logrado vacunarse de esta forma, logrando romper la inercia de las citas que deja a los usuarios en una incertidumbre que parece no tener fin, como está sucediendo en muchas IPS privadas que hasta hoy, 9 de abril no han llamado a sus mayores de 70 años a vacunarse.
Una luz de esperanza pareció operar entre los miles de ciudadanos que por grupo de edad son candidatos a la vacuna y en sus IPS privadas no les dan citas, justo en el momento en que el «tercer pico» hace estragos en el mundo entero y en todas las poblaciones de Colombia. Por eso el anuncio del alcalde de los 78 puntos de vacunación, hizo que muchos se desplazaran a ellos sin perder tiempo. Sin embargo, a medida que avanzaba el día comenzó la puja mediática. Las instituciones privadas que no habían aparecido como escenario de la guerra contra el Covid emitieron sendos comunicados resistiendo la directriz gubernamental. Se negaban a ser «teatro de operaciones» y en sus pronunciamientos se decía lo mismo con diversos tonos: no iban a recibir pacientes sin cita dado que tenían otro plan para ese día y les recomendaban a esas masas de setentones y a sus acompañantes, devolverse y no aglomerarse. Esas clínicas no se volverían hospitales de campaña en la guerra contra el COVID, no el 8 de abril. Sin embargo, a medida que pasaba el día el alcalde y sus voceros confirmaron que en muchos puntos de los puntos anunciados se estaba vacunando tal como se había indicado en la mañana. En algunas partes se veían aglomeraciones, pero quién puede culpar en un escenario donde la posibilidad de la muerte se ha hecho tan cercana, entrever una esperanza de inmunizarse a la colombiana, con filas.
Los críticos más hirsutos del alcalde repitieron el mismo patrón con el que lo atacan que ferozmente sobre otros temas: las cosas en Medellín son como son, la relación entre lo público y lo privado es correcta como está y la forma en que gobierna el alcalde es inadmisible porque ganó las elecciones, pero no manda. En ellos se percibe algo similar a lo que se deriva de los comunicados de las clínicas que no estaban dispuestas a que plebeyos sin cita inundaran sus instalaciones.
Esto sucedió el mismo día en que la directora de la IPS Universitaria había llegado a un punto de desesperación tal debido a la ausencia de camas para todos los enfermos, que afirmó entrabamos a la fase en que «Dios escogía». Esto solo sale de alguien que dirige un hospital de campaña que no rechaza a nadie, como sucede en las guerras.
El 9 de abril en las redes sociales se expusieron las fotos de algunos de los vacunados del día anterior en las IPS privadas: personal de salud de la segunda o tercera línea que a la manera de la joven politóloga bogotana Lady Carolina Cárdenas Gutiérrez, exhibieron orgullosos su carné de vacunación. Es comprensible esa priorización dado que esas jóvenes enfermeras, recepcionistas o camilleros son quienes atienden las clínicas estéticas o el resto de especialidades médicas No Covid que privada y eficientemente ofrecen esas IPS al sistema de salud con recursos públicos y de los contribuyentes.
El 9 de abril la administración municipal anunció que vacunarán sin cita a los mayores de 70 años en 22 puntos habilitados, muchos de ellos públicos.
Pd. Todas las vacunas que hay en Colombia han sido compradas con recursos públicos.
Comentar